
Por primera vez desde que estalló el escándalo, la Iglesia admitió que las denuncias de abuso sexual y la imputabilidad contra el cura Carlos Miguel Buela son veraces. Se trata del fundador y líder del Instituto religioso del Verbo Encarnado (IVE), quien está acusado de violar a varios seminaristas de la congregación. En el caso, además, está involucrado también el presbítero Fernando Yañez. Ambos ya están alejados de esa orden.
Ante la presión social por la difusión del caso, el Vaticano se manifestó a través de un comunicado leído por el arzobispo de San Rafael, Eduardo María Taussig.
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En este sentido, señaló que "no se han constatado casos de abusos de menores atribuibles al padre Carlos Miguel Buela, fundador del IVE", aunque "han surgido otras denuncias contra él, sobre acciones en materia sexual que afectaron a religiosos y a seminaristas del Instituto".
"La Congregación competente de la Santa Sede habiendo garantizado el ejercicio del legítimo derecho de defensa del afectado determinó, conforme a procedimientos canónicos vigentes, la veracidad de las denuncias y la imputabilidad al padre Buela de comportamientos impropios con mayores de edad", agregó.
Ante este intento por despegar al religioso del abuso de menores, la respuesta de Luis, el seminarista que denunció abusos de Buela durante 18 años, no se hizo esperar. "Es una verdad a medias: no se conocen hasta el momento denuncias de víctimas menores del fundador del Verbo Encarnado, pero sí más de una docena de casos con adultos absolutamente vulnerables (por haber sido sus súbditos o dirigidos espirituales) por los cuales fue castigado por la Santa Sede, aunque hoy algunos superiores del IVE lo nieguen al público", expresó.
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Sobre el joven seminarista, el Obispado notificó: que "apenas tuvo noticia, por parte del damnificado, se procedió a la debida investigación previa con responsabilidad y rapidez, y se la elevó a la autoridad competente de la Santa Sede".
En el escrito, que también fue difundido por agencia católica AICA, se aseguró que el religioso "tiene prohibido cualquier ejercicio ministerial y cualquier acto sacerdotal en público o en privado". Y el Obispado agregó: "Sus reiteradas declaraciones públicas acerca de que continúa celebrando la eucaristía y otros sacramentos manifiesta la pertinaz actitud de desobediencia a todas las autoridades de la Iglesia".
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