Vacunación en la Argentina: advierten que personas con discapacidad no son prioritarias para el cronograma inmediato

El colectivo de personas con discapacidad es amplio y heterogéneo, ya sea visual, auditiva, motora, intelectual y esto, relacionado con la edad, complejiza los mayores o menores riesgos de ser afectados por el COVID-19. En muchos casos, la discapacidad viene asociada a una enfermedad de base y en otros no, por lo que son diferencias que deben ser contempladas.

En las personas con discapacidad para mantener el autocuidado (como las pautas de higiene, el distanciamiento físico, el uso de barbijo), por ejemplo, en aquellas con discapacidad intelectual o con condición de autismo, resulta dificultoso garantizar estas pautas y rutinas preventivas, por lo que es importante considerar no solamente su vacunación, sino también la inoculación del personal de apoyo que las asisten.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informa que la tasa de letalidad entre el colectivo de personas con discapacidad es del 7%, aproximadamente tres veces superior que el registrado por la población en general.

¿Las personas con discapacidad están incluidas dentro de los “grupos de riesgo” del COVID-19? ¿O están dentro de los grupos que necesitan reforzar los cuidados (como las embarazadas)?

En la resolución 627/2020 MSAL, en el punto VII del artículo 3, se encuentran las personas con Certificado único de Discapacidad (CUD). Sin embargo, no se advierte que tal consideración sea tenida en cuenta al momento de adoptar decisiones. “Por lo menos, no se menciona así en la estratificación de prioridades vacunales que establecen las autoridades sanitarias nacionales, ni tampoco hay mención dentro de los grupos que necesitan reforzar los cuidados. En vistas a esto, entendemos que sí, deberían ser incorporadas y que sería importante que se considerara a las personas con discapacidad (PcD) dentro de la población objetivo en la campaña de vacunación en las etapas más tempranas, así como también a las personas que proporcionan sus cuidados”, explicó Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis).

¿Qué sucede con la vacunación?

Según el especialista, “es necesario que se extienda la campaña de vacunación, que ya comenzó en las residencias geriátricas, también a las residencias que albergan a personas con discapacidad y posteriormente a los centros ambulatorios de atención a personas con discapacidad” y citó como ejemplo lo que sucede en este ámbito a nivel internacional, particularmente en Cataluña, España: el Departament de Salut de la Generalitat, la semana pasada comenzó a vacunar a los colectivos de personas mayores de 80 años y, al mismo tiempo, a personas con discapacidad que viven en residencias o en sus domicilios, allí la campaña de vacunación en etapas se estructuró de manera tal que en la primera se empezó a vacunar a las personas que viven en residencias, los profesionales que las cuidan y los sanitarios que están en primera línea, mientras que en la segunda, que arrancó la semana pasada, se inició el proceso en el resto de profesionales sanitarios y también trabajadores de servicios esenciales.

“La vigencia de la Resolución 627/2020 MSAL; incluye a las personas con discapacidad entre los grupos de riesgo y por eso solicitamos que se atienda de manera urgente su inclusión en las etapas más tempranas del cronograma de vacunación”, manifiestó Ramos.

¿Cuál es la situación general a nivel políticas sanitarias?

Para el presidente de Caidis, el colectivo de personas con discapacidad “viene siendo postergado en el orden de prioridades de políticas sanitarias y hace meses venimos reclamando por la situación de emergencia en la que se encuentran tanto las personas con discapacidad, como el equipo de profesionales que las asisten, instituciones que les brindan atención y los servicios de transportes. La situación no hace más que empeorar ante la falta de adecuación de aranceles que arrastra un déficit desde la gestión anterior, en la que se recibieron ajustes muy por debajo de la inflación. En el año 2020 no hubo actualización arancelaria y el 8 de enero de 2021 salió la Resolución Conjunta 2/2021 a través de la cual se dio un aumento de sólo un 10 por ciento que, por lo demás todavía hay obras sociales nacionales que todavía no lo han aplicado.

El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis) data de 1985 y tiene como objetivo defender los intereses vinculados a los derechos humanos, educación, rehabilitación, prevención, asistencia, inclusión, promoción, salud y/o emergencia sanitaria de las personas con discapacidad; asesorar e informar en las políticas de discapacidad y salud; representar a las personas con discapacidad, sus familias e instituciones que las comprenden ante los tres poderes del Estado, Obras Sociales públicas y mixtas, entes autárquicos; peticionar y gestionar ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales la sanción de normas legales y reglamentarias destinadas a mejorar o actualizar programas de atención integral específicos a cada discapacidad e influir en la determinación de las políticas de discapacidad y ONGs, y representar a las entidades afiliadas ante las autoridades oficiales y privadas.

Por otro lado, diputados de Juntos por le cambio presentaron un proyecto que busca incorporar a las personas con discapacidad a la primera etapa del plan Vacunate.

“Durante el desarrollo de la pandemia siempre estuvimos pidiendo medidas y acciones específicas para las personas con discapacidad. En esta oportunidad, reconociendo una demanda de distintas organizaciones, solicitamos que no nos olvidemos de ellas en la etapa de la vacunación. Por eso el proyecto para que se las incluya junto a las personas de riesgo, como los mayores de 60 años y las personas de entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes”, explicó la diputada Laura Aprile.

Un estudio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó un análisis comparativo entre las personas con discapacidad (con Certificado Único de Discapacidad) y el total de la población contagiada con COVID-19 en septiembre de 2020. Allí se detectó que el porcentaje de letalidad entre la población con discapacidad fue 7%, mientras que el de la población total es 2,2%: una diferencia de 4,8 puntos porcentuales.

También observó que el porcentaje de personas con discapacidad recuperadas es menor que el porcentaje de la población general. Además, en su documento, la ANDIS permite singularizar aún más los niveles de riesgo, ya que observa que entre las personas con discapacidad que dependen de asistencia de otras personas para la vida diaria se observó una proporción mayor de fallecimientos: el 13% frente al 8,3% de personas con discapacidad sin dependencia.

SEGUÍ LEYENDO: