El agro podría crecer 90% en diez años si se eliminan las retenciones

El sector agroindustrial argentino vuelve a mostrar cifras récord y confirma su rol central en la economía, pero también expone las restricciones que limitan su expansión. De acuerdo con un informe elaborado por Guillermo D’Andrea, Daniel Mamone y Ernesto Ruete Güemes (IAE Business School) junto a Bernardo Piazzardi, del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, la cosecha fina 2025/26 alcanzaría 27,7 millones de toneladas y generaría más de 4.500 millones de dólares, mientras que la campaña gruesa podría llegar a 154 millones de toneladas, con ingresos estimados entre 32.000 y 37.000 millones de dólares. En tres décadas, la producción se triplicó pese a que el área sembrada solo se duplicó, un crecimiento impulsado por la innovación tecnológica.

El salto productivo se explica por la incorporación de biotecnología, mejoramiento genético, agricultura de precisión, digitalización, uso de Big Data, blockchain de trazabilidad, sensores, drones, sistemas de riego más eficientes, maquinaria avanzada y prácticas regenerativas. También se destacan mejoras logísticas como el uso de silobolsas y el avance de energías renovables, especialmente biocombustibles y energía solar. Este ecosistema tecnológico permitió que el país mantenga competitividad internacional aun en condiciones menos favorables que sus competidores.

Con 157 millones de hectáreas fértiles y presencia exportadora en 160 países, Argentina se ubica entre los principales proveedores mundiales de alimentos. El complejo agroindustrial aporta el 23% del Producto Bruto Interno y genera cerca del 60% de las exportaciones totales, con los complejos oleaginosos y cerealeros explicando el 45% de las divisas. Además, el sector genera el 18,7% del empleo total, con más de 4,2 millones de personas involucradas en toda la cadena, desde la investigación hasta la logística y la comercialización.

Sin embargo, el informe advierte que el agro argentino compite en condiciones de inferioridad frente a otros países. La presión fiscal sobre la renta agrícola ronda el 55,5% y llegó al 63,6% en 2025 al considerar cultivos como soja, maíz, trigo y girasol, mientras que en la Unión Europea, China o Estados Unidos los productores reciben apoyo estatal. Entre 1997 y 2023, Argentina extrajo del sector recursos equivalentes al 1,6% del PBI anual, lo que refleja una lógica que los autores califican como “extractivista”.

A esta carga impositiva se suma un déficit crítico de infraestructura. El 90% del transporte de granos se realiza por camión y solo el 10% por tren. De los 640.000 kilómetros de caminos del país, el 62% son municipales y mayormente sin pavimentar, mientras que solo 3.200 kilómetros de rutas nacionales son autopistas o autovías. El informe señala que el agro aportó más de 28.600 millones de dólares en tributos en 2023 y que mantener la red vial en condiciones adecuadas requeriría una inversión muy inferior a ese monto.

Otra limitación clave es la falta de inversión y modernización tecnológica. El 73% de los tractores y el 46% de las cosechadoras tienen más de 15 años, lo que implica atraso tecnológico y pérdida de productividad. En los últimos 20 años, la productividad total de factores cayó 6% en Argentina, mientras que en Brasil creció 45%. Además, los productores utilizan solo entre el 30% y el 50% del potencial de las tecnologías disponibles, lo que muestra una brecha importante entre innovación y adopción efectiva.

Según el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, las decisiones de inversión dependen principalmente de la rentabilidad y del acceso al financiamiento. La encuesta AgBarometer indica que el 80% de los productores estaría dispuesto a modernizar su maquinaria si mejoran las condiciones económicas. Por eso, el informe sostiene que reducir la presión fiscal y facilitar el crédito es clave para acelerar la incorporación tecnológica y aumentar la productividad.

El potencial de crecimiento es significativo. Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que, si se eliminan las retenciones, se mejora la infraestructura y se generaliza el uso de tecnologías de alto rendimiento, la producción podría crecer 90% en diez años y alcanzar 251 millones de toneladas. En ese escenario, el sector podría representar hasta el 45% del PBI y generar recursos suficientes para reconstruir la red vial en pocos años.

El informe destaca que el futuro del agro depende de un cambio de enfoque en la política económica. Proponen construir consensos de largo plazo, reducir la presión impositiva, mejorar el financiamiento, invertir en infraestructura y promover la adopción tecnológica. Según el documento, reemplazar la lógica extractiva por una estrategia orientada a la inversión y la productividad permitiría liberar el potencial de una de las industrias más competitivas del país y convertirla en el principal motor de desarrollo y generación de riqueza.