La Unión Europea suma rechazos a sus exigencias comerciales

Y el grandote del barrio también salió a dar pelea. La Administración Biden pidió a la Unión Europea posponer la adopción de una legislación que pretende frenar la importación de productos que no prueben fehacientemente un origen distinto de aquellas áreas donde se ha eliminado el bosque o regiones sospechadas de tal situación. El gobierno de Estados Unidos argumenta que la norma va a perjudicar a los productores del país, desde ganaderos hasta quienes están vinculados con la forestación.

La ley europea exige evidencia de que los productos provienen de tierras libres de deforestación después de 2020, incluida una declaración con datos de geolocalización. Según indicó Financial Times, Gina Raimondo y Thomas Vilsack, secretarios de Comercio y Agricultura de Estados Unidos, respectivamente, y la representante comercial del país, Katherine Tai, advirtieron que la ley de deforestación plantea “desafíos críticos” para los productores estadounidenses. “Instamos a la Comisión Europea a posponer la implementación de este reglamento y la posterior aplicación de sanciones hasta que se hayan abordado estos desafíos sustanciales”, reclamaron los tres funcionarios.

Incluso hasta medió una carta salida de las entrañas del Capitolio. “Las regulaciones de la UE imponen requisitos inviables que restringirían innecesariamente el comercio de productos de países de bajo riesgo que han gestionado responsablemente las cadenas de suministro, como Estados Unidos”, se quejan los legisladores con términos que perfectamente le caben a la Argentina. Se llega al ridículo de exigirle algo como lo indicado a la carne vacuna salida de nuestras pampas, donde jamás ha habido bosques de origen natural.

Los sectores más afectados por la regulación en Estados Unidos, el segundo mayor socio importador de la Unión Europea, son las industrias de la madera, el papel y la celulosa. También los textiles. Estados Unidos suministra el 85% de la celulosa utilizada a nivel mundial. El enojo es tal que los comerciantes de madera estadounidenses han dicho que están considerando recortar los contratos de exportación al Viejo Continente, porque no pueden demostrar que el material no proviene de tierras deforestadas.

Al respecto, la Asociación Estadounidense de Madera y Papel indicó que “es imposible cumplir el requisito porque el papel y la pulpa se fabrican a partir de desechos de aserraderos y desechos forestales mezclados de diferentes fuentes. No hay forma de rastrear cada astilla de madera hasta la parcela forestal original”.

Elaboradores de derivados vegetales, en particular los principales países productores de aceite de palma, Indonesia y Malasia, también han pedido a Bruselas que retrase la implementación de la ley. Incluso hay oposición a esta normativa dentro del propio bloque europeo. Financial Times da cuenta de que la comisaria de Desarrollo, Jutta Urpilainen, y el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, pidieron un retraso en la aplicación de la medida, al igual que la mayoría de los ministros de agricultura de la UE, encabezados por Austria, que además quería eximir a los pequeños agricultores de las normas.

Precisamente el Centro de Comercio Internacional, un organismo respaldado por la ONU, dijo que la ley podría excluir a los pequeños productores de los países en desarrollo que no tienen la tecnología para demostrar que sus productos no fueron cultivados en tierras deforestadas.

El reglamento exige que las autoridades aduaneras controlen el 9% de los productos procedentes de países con “alto riesgo” de deforestación y el 3% de países con “riesgo estándar”. Debido a la presión recibida, la Comisión Europea ha acordado que todos los países serán categorizados como “riesgo estándar” en primera instancia.

La novedad del enojo de Estados Unidos llega junto con la decisión argentina, en la que está acompañada por otros países de Sudamérica, en el sentido de solicitar la postergación de la normativa que obliga a exportar hacia ese destino soja y carne “libres de deforestación” a partir de 2025.

Con buen criterio se indica que los productores argentinos deben adaptarse a las normativas y requisitos que emergen en distintos mercados del mundo, sobre todo si pretenden un mejor precio. Eso no quita que el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, advierta que en el caso de la normativa 2023/1115 de la Unión Europea que versa sobre la “deforestación agregada” en productos que se exporten hacia allí, no hay tiempo suficiente para cumplir con el plazo fijado.

Claramente esta historia va a producir nuevos capítulos, pero no hay dudas de que la resistencia crece y probablemente obligará a los funcionarios europeos a reflexionar sobre tan espinosa cuestión.