
Apenas dos de cada diez trabajadores de la República Dominicana lograrán reunir los aportes necesarios para acceder a una pensión de vejez cuando el sistema previsional alcance su madurez.
De acuerdo con el informe regional divulgado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ocho de cada diez empleados dominicanos quedarán fuera del beneficio mensual durante su vejez, una situación provocada por la alta informalidad del mercado de trabajo y por un esquema de ahorro que no contempló mecanismos de auxilio para quienes interrumpen sus aportes.
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El documento del organismo técnico regional advierte que el esquema dominicano, vigente desde 2003 mediante la Ley 87-01, delegó el financiamiento de las pensiones exclusivamente en el esfuerzo de cada persona en cuentas administradas por empresas privadas.
Esta estructura traslada de forma directa a las familias el impacto de las crisis de empleo, los salarios bajos y los períodos sin trabajo, lo que dificulta que la gran mayoría de la población ocupada cumpla con los requisitos legales para obtener un pago de retiro vitalicio.
Las proyecciones recogidas por la CEPAL señalan que hacia el año 2033 cerca del 20% de los ocupados logrará cumplir con las cotizaciones exigidas para obtener la pensión de vejez. El 80% restante, al no alcanzar los años requeridos por la norma laboral, quedará excluido del pago periódico y únicamente podrá retirar en un solo pago el fondo acumulado o recibir mensualidades provisionales hasta agotar sus ahorros, lo que dejará desprotegidas a las personas durante sus últimos años de vida.
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En la actualidad, el país caribeño figura dentro del grupo de naciones latinoamericanas donde menos personas mayores acceden a una mensualidad formal por retiro. La baja proporción de cotizantes entre la población activa, que ronda un tercio del total de trabajadores, explica que el sistema brinde respaldo únicamente a una fracción menor de quienes superan los 65 años.
La reducida brecha salarial esconde una baja participación de las mujeres
En materia de equidad, las estadísticas reflejan que los hombres cobran un promedio mensual de USD 1,101 en paridad de poder adquisitivo, mientras que las mujeres perciben USD 1,000. La diferencia de ingresos entre ambos sexos es de apenas el 5.2%, una cifra que figura entre las menores del continente americano, donde el promedio de disparidad salarial ronda el 11.5%.
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Las escasas trabajadoras dominicanas que logran jubilarse pertenecen a segmentos que lograron mantener un trabajo formal continuo y con sueldos similares a los de los varones. La gran masa de mujeres, que suele asumir las labores de cuidado en el hogar sin remuneración y cuenta con empleos más inestables, no logra completar las semanas obligatorias y queda excluida de las estadísticas oficiales.

De igual manera, el informe detalla que el gasto social del gobierno central dominicano se ubicó en el 8.8% del producto interno bruto tanto en 2024 como en 2025. Al incorporar las demás dependencias públicas, la inversión social total alcanza el 9.9% del producto nacional, una cifra que sitúa al país por debajo del promedio de Centroamérica y el Caribe.
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En el área concreta de asistencia y previsión, los recursos destinados a proteger a las familias ante la vejez y la desocupación en el bloque centroamericano y dominicano alcanzan únicamente el 1.6% del producto, una cifra distante del 6.3% que asignan las naciones de América del Sur.
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