
El Gobierno de Guatemala fijó en 9.870 el número de jóvenes que deberán prestar el Servicio Cívico en 2027, mediante el Acuerdo Gubernativo 188-2026 firmado por el presidente Bernardo Arévalo de León. La medida reduce en más de mil plazas la convocatoria prevista para el ciclo anterior y mantiene las modalidades social y militar para ciudadanos de entre 18 y 24 años.
La disposición fue firmada el 10 de noviembre de 2026, publicada el martes 17 de noviembre en el Diario de Centro América y entró en vigencia desde su emisión. El acuerdo fue rubricado por Arévalo y por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, junto con otros integrantes del gabinete.
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El cupo para el próximo año será menor que el establecido para 2026, cuando el Acuerdo Gubernativo 69-2026 contempló 11.001 plazas. Las inscripciones de ese ciclo estuvieron abiertas entre el 11 de mayo y el 11 de octubre.
La diferencia entre ambas convocatorias no fue explicada en los considerandos de la nueva norma. El texto se limita a establecer la cantidad de participantes que deberán incorporarse al programa durante el año entrante, como exige la legislación guatemalteca.

La propuesta aprobada por la Junta Nacional en septiembre
La cifra de 9.870 participantes fue discutida y aprobada por la Junta Nacional del Servicio Cívico durante su Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de septiembre de 2026. La decisión consta en el Acta Administrativa 04-2026 del organismo.
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La propuesta fue elevada posteriormente al Presidente de la República en Consejo de Ministros, instancia que formalizó el número mediante el acuerdo gubernativo. La Junta Nacional tiene la atribución de proponer cada noviembre el número de ciudadanos requeridos para el año siguiente.
La medida se apoya en la Constitución Política de la República, que define la prestación del Servicio Cívico como un derecho y deber de los guatemaltecos en sus dos modalidades: Militar y Social. También cita el Decreto 20-2003 del Congreso de la República, Ley del Servicio Cívico.
El acuerdo incorpora como fundamento los artículos 183, literales e) y n), y 195 de la Constitución; los artículos 16, 17 y 27, literal j), del Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo; y el artículo 13 de la Ley del Servicio Cívico.
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Además del titular de Gobernación, la norma lleva las firmas de los responsables de las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Finanzas Públicas, Comunicaciones, Educación, Salud, Economía, Trabajo, Agricultura, Energía y Minas, Cultura y Deportes y Desarrollo Social, entre otros funcionarios.
Sin fechas de inscripción ni distribución de vacantes
El acuerdo no define cuándo abrirá la convocatoria para el ciclo 2027 ni precisa los requisitos operativos de inscripción. Tampoco establece cuántas de las 9.870 plazas corresponderán a la modalidad social y cuántas a la militar.
La modalidad social contempla proyectos vinculados con educación, ambiente, salud o protección civil. La alternativa militar está orientada a la capacitación para la defensa armada bajo el respeto de los Derechos Humanos.
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Para el ciclo 2026, los participantes recibían un estipendio de 15 quetzales por hora de servicio. El esquema preveía 728 horas anuales, equivalentes a un ingreso total de 10.920 quetzales, en un plazo de hasta 18 meses.
La nueva disposición no determina si ese pago, la carga horaria ni el período máximo de prestación se mantendrán para el próximo año. Su alcance se restringe a la cantidad de ciudadanos requeridos.
El Artículo 2 exime la publicación del pago de la tarifa establecida en el Acuerdo Gubernativo 112-2015, al considerar la medida de interés para el Estado de Guatemala. El Artículo 3 ordena la publicación de la norma en el Diario de Centro América, condición que quedó cumplida con la edición del 17 de noviembre.
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Los aspirantes deben ser guatemaltecos, tener entre 18 y 24 años cumplidos, poseer Documento Personal de Identificación vigente, no haber prestado el servicio anteriormente y estar en pleno goce de sus derechos civiles. La inscripción no crea una relación laboral con el Estado, de acuerdo con el Decreto 20-2003.
La fecha de apertura del registro todavía no fue oficializada. Encargados de programas cívicos anticiparon que el proceso podría habilitarse durante los primeros 15 días de enero de 2027, aunque esa previsión no figura en el acuerdo publicado.
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