
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala advirtió que el Decreto 20-2026, la Ley General del Sistema Portuario Nacional, debilita sus competencias y puede afectar la protección de parques, reservas y ecosistemas marino-costeros. La norma creó la Autoridad Portuaria Nacional y abre la posibilidad de declarar aptos para infraestructura marítima terrenos sometidos a conservación legal.
La preocupación institucional se concentra en el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario, conocido como PLANPORT, que deberá identificar zonas del litoral con condiciones para nuevas terminales, muelles y obras de conectividad. El instrumento tendrá actualizaciones cada 10 años y podría incorporar áreas protegidas costeras entre los territorios disponibles para proyectos portuarios.
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El Congreso aprobó la ley con 123 votos durante la madrugada del 5 de agosto. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, la sancionó el 2 de septiembre y entró en vigencia el 2 de octubre.

Cambios al sistema de áreas protegidas
El CONAP comunicó el 17 de noviembre que el Congreso no consultó a la entidad antes de aprobar una ley que modifica directamente el régimen técnico y administrativo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. La institución es la rectora de la conservación del patrimonio natural guatemalteco.
El Título IV del decreto modifica 11 leyes ordinarias, entre ellas la Ley de Áreas Protegidas. Los artículos 131, 132 y 133 obligan al CONAP a compatibilizar sus planes maestros con proyectos de infraestructura portuaria, superestructura logística y obras de gran escala, como ferrocarriles, aeropuertos y gasoductos.
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Para el organismo, esas disposiciones exceden el campo portuario porque alcanzan playas, parques nacionales, sitios arqueológicos, ríos, lagos, humedales y ecosistemas marino-costeros protegidos. También cuestionó los mecanismos que permiten declarar determinados proyectos de utilidad o interés público mediante acuerdos gubernativos.
La entidad sostuvo que esa facultad reduce el control técnico que ejercía sobre el uso del suelo dentro de las reservas. En su comunicado, afirmó: “El CONAP ratifica su compromiso para promover acciones que garanticen la conservación, protección y uso sostenible del Patrimonio Natural de la Nación, la integridad del SIGAP y el ejercicio pleno de sus competencias”.
El Consejo aclaró que no rechaza el desarrollo de infraestructura portuaria, sino la ejecución de esas obras sin respetar el marco legal de conservación. La nueva Autoridad Portuaria Nacional será un ente autónomo y descentralizado, con atribuciones para regular, planificar, fiscalizar e inspeccionar el cumplimiento de normas y convenios internacionales del sector.
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El reclamo por la Reserva de Uso Múltiple Hawaii
La Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre, ARCAS, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el decreto en su condición de coadministradora de la Reserva de Uso Múltiple Hawaii, situada en el litoral del océano Pacífico. La organización sostiene que el PLANPORT podría considerar idónea para actividad portuaria esa zona protegida debido a su ubicación estratégica.
La acción plantea una vulneración del principio de seguridad jurídica, reconocido en el artículo 2 de la Constitución. ARCAS considera que una intervención de ese tipo eliminaría los objetivos de conservación para los que fue creada la reserva.
El amparo también cuestiona el artículo 160 de la ley, que establece la prevalencia de la legislación portuaria sobre cualquier disposición incompatible. Según la organización, esa cláusula genera incertidumbre sobre la vigencia del Decreto 16-2026, que brinda protección legal a la Reserva Hawaii.
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ARCAS argumentó que el régimen también afecta el derecho de defensa establecido en el artículo 12 constitucional. Su planteo indica que el PLANPORT podría definir áreas para obras portuarias y obligar al CONAP, a la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a atender sus requerimientos sin una instancia efectiva de defensa previa sobre el territorio involucrado.
La entidad situó otro eje de su reclamo en el artículo 64 de la Constitución, que reconoce la inalienabilidad del patrimonio natural y de las áreas protegidas. A su juicio, el decreto permitiría readecuar espacios costeros y marinos para muelles, zonas especiales y derechos de paso, con una alteración del destino legal de conservación.
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La organización citó criterios de la propia Corte de Constitucionalidad, según los cuales los bienes declarados patrimonio natural quedan excluidos de toda enajenación por su condición de inalienables. “La Reserva de Uso Múltiple Hawaii se encuentra ante la amenaza real, inmediata y jurídicamente demostrable de que el espacio declarado como área protegida pueda ser objeto de enajenación forzosa”, sostuvo ante el tribunal.
ARCAS señaló que su reclamo no impugna la importancia económica de la actividad portuaria. “La conservación del patrimonio natural no puede quedar subordinada a una interpretación que genere incertidumbre jurídica sobre la permanencia y protección de las áreas que la propia legislación ha declarado como protegidas”, expresó.
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La ley busca cubrir la falta de una autoridad nacional moderna y autónoma que regule el sistema portuario y cumpla estándares internacionales de seguridad, incluido el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Identifica a Puerto Quetzal, en el Pacífico, y a Santo Tomás de Castilla y Barrios, en el Atlántico, como los principales puertos del país.
El Gobierno avanza con la integración del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, con el nombramiento pendiente de su presidente y de los representantes ministeriales antes de que termine el año. La Corte de Constitucionalidad aún no se pronunció sobre el amparo presentado por ARCAS.
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