Justicia dominicana investiga a diez personas por el presunto plan de atentar contra el presidente Luis Abinader

La Justicia de República Dominicana investiga a al menos 10 personas por un presunto plan de atentado contra Luis Abinader, que, según la documentación presentada por el Ministerio Público, habría tenido como posible fecha los actos por el Día de la Constitución, el 6 de noviembre, según publicaciones de medios dominicanos.

El principal imputado es Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, detenido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La audiencia para decidir la medida de coerción en su contra fue aplazada hasta el 10 de noviembre a las 16.00, después de que su defensa pidiera tiempo para estudiar los elementos presentados por la fiscalía.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para De la Cruz Sosa, bajo el argumento de que la medida permitiría asegurar su comparecencia durante la investigación, indica la prensa local. La defensa técnica pidió una prórroga para conocer las pruebas y preparar sus argumentos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís.

Tareas de reclutamiento, reuniones y logística según el expediente

De acuerdo con el expediente de 57 páginas citado por Diario Libre, las autoridades atribuyen a los investigados funciones diferenciadas dentro de una supuesta estructura. Entre ellas figuran la convocatoria a reuniones, la distribución de tareas, el reclutamiento de personas y la promoción de movilizaciones de protesta.

La investigación sostiene que el grupo habría intercambiado mensajes relacionados con la preparación de artefactos explosivos, la recopilación de información sobre los desplazamientos del mandatario y una posible ruta de salida posterior a las detonaciones, de acuerdo al medio.

Además de De la Cruz Sosa, el expediente citado por Diario Libre menciona a Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación.

Brens Moya se entregó de forma voluntaria la noche del 5 de noviembre, según la información publicada por el medio. La documentación de la pesquisa lo vincula con comentarios sobre un eventual ataque sorpresa, aunque el proceso judicial deberá determinar el alcance de su participación y la validez de los elementos reunidos por la fiscalía.

El expediente también identifica a Encarnación, conocido como “la Fórmula”, como una persona que presuntamente convocaba reuniones y asignaba tareas. En tanto, a Baldera Peña se le atribuye la administración de un grupo de WhatsApp desde el cual se habrían difundido convocatorias a protestas.

Equipos electrónicos y sustancias químicas incautados en el allanamiento

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) realizó labores de inteligencia que derivaron en una orden de allanamiento contra De la Cruz Sosa, según el medio El Nacional. Durante el operativo, las autoridades incautaron equipos electrónicos y sustancias químicas que quedaron bajo evaluación como parte de la investigación.

El procedimiento tuvo lugar en un apartamento situado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle de San Francisco de Macorís. La jueza Josefina Noemí Díaz Marte autorizó la diligencia a pedido de fiscales de esa jurisdicción.

Las alertas de los organismos de inteligencia situaban el supuesto atentado durante los eventos oficiales conmemorativos del Día de la Constitución. El expediente apunta a que la acción se dirigiría contra el presidente dominicano durante una actividad prevista en el Congreso Nacional.

Penas de hasta 40 años según el nuevo Código Penal dominicano

La eventual calificación jurídica de los hechos será determinante para establecer las sanciones. Hoy señaló que la Ley 74-25, que instauró el nuevo Código Penal dominicano, incluye figuras vinculadas con amenazas de muerte, tentativa, homicidio agravado y complot para cometer atentados.

El artículo 154 establece penas de uno a dos años de prisión menor y multas de tres a seis salarios mínimos del sector público para las amenazas de muerte, siempre que se configuren los requisitos previstos por la norma.

En caso de que la Justicia considere acreditado un complot, el artículo 382 contempla penas de 10 a 20 años de prisión mayor, además de multas de entre 20 y 30 salarios mínimos del sector público. La norma define esa conducta como la decisión de varias personas de cometer un atentado, siempre que haya uno o más actos que materialicen la resolución.

La legislación también prevé un escenario de mayor gravedad si se prueba una tentativa de homicidio contra el jefe de Estado. El artículo 92, numeral 8, establece penas de 30 a 40 años de prisión mayor por homicidio agravado cuando la víctima es el presidente o vicepresidente de la República en ejercicio de sus funciones. A su vez, el artículo 14 indica que una tentativa de infracción muy grave puede recibir la misma sanción que el delito consumado si existió un inicio de ejecución y el resultado no se produjo por causas ajenas a la voluntad de los imputados.

La próxima audiencia sobre la medida de coerción contra De la Cruz Sosa permitirá conocer la respuesta de la defensa a los elementos presentados por el Ministerio Público y los fundamentos que evaluará el tribunal para resolver el pedido de prisión preventiva.