La sociedad dominicana se mantiene consternada tras revelarse los alarmantes detalles que rodean el caso de la fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”, ubicada en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
Las autoridades gubernamentales y judiciales han intensificado las pesquisas para esclarecer el alcance de los presuntos abusos, explotación laboral y posible trata de personas en perjuicio de múltiples niños, niñas y adolescentes.
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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, identificó a Ángel Gabriel Capellán como la persona que estaría al frente de la denominada Fundación Restaurando Vida, entidad que, según las informaciones ofrecidas a los medios dominicanos, estaría registrada desde 2016 y tendría entre sus objetivos el rescate de familias en condiciones de vulnerabilidad y de personas huérfanas.
De acuerdo con las informaciones preliminares presentadas por la funcionaria, la investigación se inició luego de que un menor de edad escapara del lugar donde presuntamente permanecía retenido y denunciara que había otros niños en condiciones similares.
En su testimonio, denunció ser víctima de constantes castigos físicos y vejaciones, que incluyeron golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos y la obligación de permanecer de rodillas durante períodos prolongados mientras sostenía objetos pesados sobre la cabeza.
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Asimismo, la víctima señaló que se le impedía asistir a la escuela y era forzada a realizar arduas labores de carpintería y manejo de madera destinadas a la construcción de una vivienda dentro del predio.
Un recorrido por el interior de la supuesta fundación de donde las autoridades rescataron a 14 menores de edad. Las imágenes muestran las precarias e insalubres condiciones en las que vivían los niños.
El recinto funcionaba dentro de una iglesia establecida en una finca del sector Las Paredes, en Haina. Tras recibir la alerta del menor, la Policía Nacional coordinó acciones inmediatas junto al Ministerio Público y las instituciones de protección a la niñez, ejecutando al menos dos allanamientos que permitieron el rescate de 14 menores de edad, cuyas edades oscilan entre los tres meses y los 13 años. Todos los niños rescatados fueron trasladados a una casa de acogida bajo la protección del Estado.
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Advertencias de la sociedad civil y solicitud de medidas de coerción
Por su parte, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, a través de su coordinador para la región sur, Carlos Manuel Sánchez Díaz, advirtió que la cifra de menores afectados podría ser superior a la reportada inicialmente, señalando que en el lugar permanecían más de 20 niños y adolescentes.
Sánchez Díaz enfatizó a los medios que desde hace meses la organización había alertado a las autoridades sobre la falta de supervisión y acompañamiento institucional hacia la fundación y su encargado, advirtiendo sobre las precariedades y la presencia de personas con problemas de adicción en áreas contiguas.
Carlos Manuel Sánchez Díaz, del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, afirma que la organización había advertido a las autoridades hace un año sobre la situación de precariedad y los riesgos en una fundación que albergaba a menores, pero no se tomaron acciones.
El dirigente de derechos humanos reiteró la imperiosa necesidad de que el Ministerio Público determine con exactitud si en el sitio se incurrió en delitos graves como trata de personas y abusos sistemáticos, además de hacer un llamado a la responsabilidad de los progenitores que abandonan o ceden el cuidado de sus hijos sin las debidas garantías.
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En el plano judicial, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para dos hombres acusados de maltrato físico y psicológico en contra de los infantes. Los imputados son Ángel Gabriel Capellán, identificado como “el Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez.
Ambos deberán comparecer ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, donde un juez determinará las medidas cautelares correspondientes mientras concluyen las investigaciones. Las autoridades judiciales reiteraron su compromiso de profundizar las pesquisas para fijar responsabilidades individuales e imponer todo el peso de la ley.
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