Una mujer fue condenada a 15 años de prisión en República Dominicana después de que una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva York detectara que enviaba imágenes sexuales de menores a cambio de dinero, un caso que terminó con una sentencia por explotación de sus dos hijas y de otras niñas de su entorno familiar y social.
El fallo también incluyó una multa equivalente a 100 salarios mínimos, mientras que Daniel Batista, el hombre cuyo teléfono permitió descubrir la trama, ya había sido condenado a 18 años de prisión en el estado de Nueva York por posesión de material de abuso sexual infantil.
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Según Diario Libre, la investigación no comenzó en territorio dominicano ni a partir de una denuncia local. El punto de partida fue el análisis forense del celular de Batista, investigado en Nueva York por delitos sexuales.
Ese examen permitió a las autoridades de Estados Unidos identificar un patrón de recepción recurrente de imágenes de contenido sexual de menores enviadas desde territorio dominicano. De acuerdo con el Ministerio Público, Batista solicitaba ese material y remitía dinero a cambio.
Las autoridades estadounidenses enviaron a República Dominicana la documentación digital vinculada con la pesquisa contra Batista sin que existiera una solicitud previa del país caribeño. La información fue recibida por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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El Ministerio Público explicó que ese intercambio se produjo mediante los mecanismos de cooperación previstos en la Convención de Palermo. Ese marco permite que un Estado transmita información penal a otro cuando entiende que puede contribuir al inicio o a la conclusión de una investigación.
El celular de Daniel Batista permitió establecer el vínculo entre Nueva York y República Dominicana
A partir de esos datos, la PETT abrió las pesquisas en República Dominicana. La investigación dominicana permitió establecer después quién producía las imágenes y de qué forma eran obtenidas.
Según la acusación, la mujer condenada desnudaba y fotografiaba a sus dos hijas, ambas menores de edad, y también a otras niñas de su entorno familiar y social para enviar ese material a Batista a cambio de dinero. La identidad de las víctimas fue protegida durante la investigación y el proceso judicial por tratarse de menores.
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El caso fue conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El tribunal, integrado por los jueces Keila Pérez, Arisdeilis Méndez y Francis Hernández, acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público y dictó la condena de 15 años.
La procesada fue declarada culpable de violar disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y de la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
La fiscalía sostuvo que la cooperación internacional fue determinante para lograr la condena
La investigación en República Dominicana estuvo encabezada por la procuradora fiscal Aleika Almonte, con apoyo de la agencia investigativa Dictot y de la Unidad de Investigaciones de la PETT. Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por Almonte y la procuradora fiscal Noelia Tavera.
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La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez sostuvo, citada por el medio, que “este caso demuestra que ningún agresor, ni quienes facilitan la explotación de niños, niñas y adolescentes, están fuera del alcance de la justicia”.
Bejarán Álvarez añadió que “la cooperación internacional es fundamental para perseguir estos crímenes”. También afirmó que desde la PETT seguirán fortaleciendo esos vínculos para proteger a la niñez.
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