El Congreso de Guatemala acumula 39 iniciativas fallidas para regular el agua desde 1990, y la más reciente, la 6816, abrió una nueva disputa política y territorial porque busca crear una Superintendencia Nacional del Agua y un sistema de licencias comerciales en un país donde la ley específica ordenada por la Constitución de 1985 todavía no existe.
La propuesta ingresó al pleno el 3 de agosto de 2026 y, en menos de un mes, ya enfrentaba dos frentes de resistencia: el rechazo de organizaciones indígenas y territoriales y una alternativa impulsada por la bancada de la UNE. El nuevo expediente se sumó así a una secuencia de proyectos archivados, frenados o dictaminados en contra durante más de tres décadas.
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La Constitución, en su artículo 127, estableció que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, y ordenó regular su aprovechamiento conforme al interés social. Cuatro décadas después, esa norma de desarrollo sigue pendiente.
La historia legislativa muestra 36 años sin una ley general de aguas
El expediente más antiguo localizado sobre la materia es la iniciativa 0677, presentada el 29 de agosto de 1990 por el entonces presidente de la República con una propuesta de Ley General de Aguas que fue enviada a la Comisión de Gobernación. Después llegaron la 0993, del representante Elder Vargas Estrada, el 18 de noviembre de 1992, y la 1001, promovida por Arturo Amiel Escobar y otros diputados el 12 de enero de 1993.
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Ambas fueron remitidas a la Comisión de Medio Ambiente y no registraron avances posteriores. En 1996, el Organismo Ejecutivo volvió a intentarlo con la iniciativa 1621, conocida por el pleno el 24 de septiembre y trasladada a las comisiones de Ambiente, Legislación y Puntos Constitucionales, y Agricultura.
Ese expediente pasó ocho años sin dictamen hasta que el 1 de octubre de 2004 fue enviado al Archivo Legislativo. La parálisis también marcó la iniciativa 2865, presentada por el diputado Jorge Mario Ríos Muñoz el 15 de mayo de 2003, que quedó sin dictamen durante 21 años y fue archivada formalmente el 27 de mayo de 2024, cuando la Comisión Permanente aplicó el artículo 45 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo a decenas de expedientes vencidos.
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La iniciativa 3118, ingresada el 26 de enero de 2005 por un grupo multipartidario con diputados del PAN, la UNE, FRG y GANA, entre ellos José Alfredo Cojtí Chiroy y Moisés David Chuvá de León, sí recibió una respuesta formal: dictamen desfavorable. Las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, Ambiente y Recursos Hídricos pidieron sucesivas prórrogas y, el 23 de diciembre de ese año, las dos primeras cerraron el trámite con opinión negativa.
En 2008, la iniciativa 3797, centrada en descargas y reúso de aguas residuales y promovida por el diputado Rudy Alangumer Morán Hurtado, corrió la misma suerte. El dictamen desfavorable fue comunicado el 16 de noviembre de 2010.
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La iniciativa 6816 propone licencias, cánones y consulta previa obligatoria
La iniciativa 6816 surgió de un proceso promovido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales desde abril de 2025, cuando puso en marcha el Proceso Nacional del Agua con consultas territoriales. Según explicó la entonces ministra Patricia Orantes, el país no tiene una entidad con mandato legal para administrar el recurso, lo que dificulta construir infraestructura de captación y almacenamiento en un territorio donde la temporada de lluvias se concentra en seis meses.
El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo evitó presentar el proyecto de forma directa. En su lugar, siete diputados de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales firmaron la iniciativa el 3 de agosto de 2026: José Carlos Sanabria Arias, Juan Carlos Rivera Estévez, Randy Araely Coc Figueroa, Mirna Victoria Godoy Palala, César Augusto Fión Morales, Samuel Andrés Pérez Álvarez y Mercedes Rosario Monzón Escobedo.
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La propuesta reconoce el acceso al agua como derecho humano y asigna al Estado, las municipalidades y otras entidades la responsabilidad de garantizar condiciones óptimas de consumo. El texto sostiene que 52% de la población consume agua contaminada con heces fecales.
El proyecto crea la Superintendencia Nacional del Agua, que administraría licencias de aprovechamiento especial para empresas y operaría el Sistema Nacional de Información del Agua. También prevé un canon progresivo para usos comerciales: empezaría en 10% el primer año y subiría hasta 100% en el séptimo, con actualizaciones posteriores ligadas a la inflación.
Los recursos recaudados alimentarían un Fondo del Agua para recuperar cuencas hidrográficas. La iniciativa también reconoce la jurisdicción indígena para resolver conflictos comunitarios y hace obligatoria la consulta previa en proyectos de gran impacto, como hidroeléctricas o minería; si no hay acuerdo, el proyecto no podría autorizarse.
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La oposición territorial y la propuesta de la UNE abrieron otro frente
El 26 de agosto de 2026, la Comisión Plurinacional por el Agua, que reúne a más de 30 asambleas territoriales, pidió una audiencia al Congreso para expresar su rechazo formal. La organización sostuvo que la iniciativa permitiría otorgar derechos de aprovechamiento comercial por hasta 25 años, además de transferirlos a terceros.
En su pronunciamiento, citado por el medio, la entidad sostuvo: “La iniciativa de ley facilita el saqueo corporativo y legaliza el despojo”.
Un día antes, el 25 de agosto de 2026, el jefe de bancada de la UNE José Inés Castillo presentó la iniciativa 6834, una ley general de 52 artículos para la gestión integral y sostenible del recurso hídrico. Su propuesta reemplaza la idea de una superintendencia por un Consejo Nacional del Agua, Conagua, integrado por representantes del Ejecutivo, el Instituto Nacional de Bosques, la Asociación Nacional de Municipalidades y el sector empresarial agrupado en el Cacif.
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La tramitación de la iniciativa 6816 quedó en manos de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, según confirmó el departamento de comunicación del MARN. La cartera indicó que seguirá apoyando el proceso desde el Ejecutivo, aunque la decisión final corresponde a los diputados.
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