Ordenan 18 meses de prisión preventiva a otro miembro de la red dominicana que se dedicaba a extorsionar a residentes en EE.UU.

Un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva a Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado por el Ministerio Público como parte de la red desmantelada en la Operación XL526 que extorsionaba, chantajeaba y estafaba a residentes en Estados Unidos, y luego lavaba el dinero obtenido a través del sistema financiero, bienes de alto valor y otros mecanismos de ocultamiento.

El expediente fue declarado complejo y está sustentado con más de 700 elementos probatorios, de acuerdo con la información difundida por la Procuraduría General de la República.

La investigación también identificó al menos 18 víctimas y describe una estructura de carácter internacional con base operativa en el municipio de Jacagua, en la provincia de Santiago.

La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dictó la medida de coerción contra Peña Cabrera. La acusación provisional le atribuye lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología, una actividad que, según el órgano acusador, le permitió generar recursos que después colocaba en el sistema financiero.

Según el Ministerio Público, el procesado registró movimientos incompatibles con su perfil económico, entre ellos la recepción de dólares por remesas y divisas cuyo origen no guarda relación con una actividad económica lícita ni con un historial financiero o laboral relevante. La pesquisa añade que adquirió viviendas, vehículos, prendas y otros bienes suntuosos que no ha podido justificar.

La investigación sostiene que Peña Cabrera adquirió y utilizó dinero procedente de crímenes y delitos de alta tecnología. Después, siempre según la acusación, inició un proceso de colocación mediante transferencias bancarias y transporte de efectivo para estratificar esos recursos y convertirlos en bienes y derechos, con el objetivo de ocultar su origen, ubicación y propiedad reales.

Por este caso también son procesados Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo, conocido como Nilson, Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa, alias el Pollo, Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino, conocido como Pedro Navaja, Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira. Todos cumplen distintas medidas de coerción.

La calificación jurídica provisional incluye los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano; los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados; y los artículos 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La Operación XL526 desplegó 35 fiscales y 28 allanamientos

La Operación XL526 fue ejecutada el pasado 2 de junio por 35 fiscales que realizaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. En ese operativo también fueron arrestadas varias personas con fines de investigación.

La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago llevaron a los imputados ante la justicia y pidieron que el proceso fuera declarado complejo por la cantidad de acusados y víctimas, y porque la red también estaría dedicada al lavado de activos, lo que, según explicaron, requiere más tiempo para profundizar la investigación conforme al Código Procesal Penal Dominicano.

Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y del Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.

La estructura, según la investigación oficial, operaba de forma sistemática y organizada desde República Dominicana para cometer estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos. Sus integrantes se apoyaban en el dominio del idioma inglés y en herramientas tecnológicas para ejecutar las maniobras.

El método consistía en captar víctimas por medio de anuncios publicitarios y luego someterlas a extorsión y chantaje. La acusación indica que los implicados se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, entre ellas el denominado Cartel de Sinaloa, para intimidar a las personas y exigirles dinero mediante el envío de imágenes de crímenes como forma de amenaza.

Los fondos obtenidos eran canalizados a través de criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos mediante empresas “remesadoras” y plataformas de pago.

Distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.