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República Dominicana: El 63,9% de los trámites judiciales en Santiago ya se gestionan de forma digital

El Poder Judicial de República Dominicana informó que el uso de justicia.gob.do crece en el marco de su proceso de transformación digital

El Poder Judicial reporta que el 63,9% de los casos en Santiago entra por justicia.gob.do.
El Poder Judicial reporta que el 63,9% de los casos en Santiago entra por justicia.gob.do.
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El Poder Judicial de República Dominicana informó este martes que 63,9% de los asuntos del Departamento Judicial de Santiago ingresan a través del portal justicia.gob.do. Según el organismo, el dato refleja una mayor adopción de servicios en línea en el marco de su proceso de transformación digital.

De acuerdo con el Poder Judicial, el uso de la plataforma se extiende a todas las materias. En Civil, 90% de los casos se recibe por esa vía; en Tierras, 83%; en Trabajo, 74%; en Penal, 62%; en Paz, 43%; y en la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, 10%.

En Santiago, el Departamento Judicial incluye los distritos judiciales de Santiago y Valverde. Como parte de la integración de instituciones al Portal de Acceso Digital, el Poder Judicial señaló que se incorporaron la Fiscalía y la Defensa Pública de Santiago, la Procuraduría Regional, la Alcaldía, y también la Fiscalía y la Defensa Pública de Valverde.

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Servicios disponibles en línea

El organismo indicó que la plataforma centraliza servicios judiciales en línea para ciudadanos, abogados e instituciones.

Los casos civiles lideran la recepción digital en Santiago, con el 90% por la plataforma judicial.
Los casos civiles lideran la recepción digital en Santiago, con el 90% por la plataforma judicial.

Entre las opciones disponibles figuran gestionar trámites, presentar documentos y dar seguimiento a expedientes, dentro del Plan Justicia del Futuro 2034.

República Dominicana con amplia justicia abierta

República Dominicana presentó este lunes los primeros resultados de la Métrica de Justicia Abierta, una evaluación del World Justice Project con respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la apertura y el desempeño de instituciones judiciales del país. El informe ubicó a la transparencia como la dimensión más consolidada, de acuerdo al Poder Judicial.

La presentación se realizó en la sede de la Suprema Corte de Justicia, en Santo Domingo, con representantes de organismos del sector. Allí, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, afirmó: “El acceso oportuno a la justicia es indispensable para consolidar la confianza ciudadana y reducir desigualdades”, expone el comunicado del Poder Judicial.

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El informe del WJP señala que, detrás de la transparencia, se ubican la colaboración interinstitucional y la participación social. La organización indicó además que la rendición de cuentas es el ámbito con más oportunidades de mejora. El instrumento evalúa la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía, con foco en transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, según definieron el WJP y el PNUD.

El análisis también resalta mejoras en la divulgación de información sobre servicios judiciales, la simplificación de trámites y la disponibilidad de vías administrativas, jurisdiccionales y alternativas para resolver necesidades legales.

Salón de tribunal vacío con bancos de madera, estrado principal, una bandera dominicana, balanza de la justicia y expedientes apilados bajo una ventana.
El Poder Judicial de República Dominicana pone números a su giro hacia lo virtual. Las materias muestran brechas llamativas y una jurisdicción queda muy atrás. El mapa incluye Santiago y Valverde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el documento, hubo progresos en la digitalización y publicación de datos en formatos accesibles y reutilizables. Además, se fortaleció la incorporación de mecanismos de retroalimentación y evaluación para captar la voz ciudadana y promover la mejora continua.

Como próximos pasos, la hoja de ruta de la Métrica de Justicia Abierta incluye reuniones bilaterales con las instituciones evaluadas y la elaboración de un informe final con recomendaciones temáticas, funcionales e individuales para cada entidad participante. El plan también contempla herramientas para facilitar la consulta pública de los resultados y de las fuentes de validación correspondientes.

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