Diputados costarricenses aprueban reforma a la Ley de Radio tras acuerdo político: concesiones, canon y sanciones tendrán nuevas reglas

La Asamblea Legislativa aprobó el expediente 24.461, una reforma integral a la Ley de Radio de 1954 que actualiza el marco jurídico para las concesiones de radio y televisión en Costa Rica, modifica el sistema de cobro por el uso del espectro radioeléctrico y crea un nuevo régimen de sanciones para quienes operan estos servicios.

La aprobación fue posible luego de un acuerdo político entre las fracciones de Liberación Nacional y el oficialismo, que permitió retirar 110 mociones de fondo y destrabar el avance del proyecto en el Plenario. La iniciativa también contó con el respaldo del Frente Amplio.

Como parte del consenso alcanzado, los legisladores acordaron impulsar posteriormente dos reformas adicionales. La primera buscará ajustar el canon a la realidad económica de las emisoras de radio, mientras que la segunda pretende garantizar que un eventual retiro de una concesión esté sustentado exclusivamente en criterios técnicos.

Durante el debate, diputados que respaldaron el proyecto insistieron en la importancia de que la reforma sea sometida a una consulta de constitucionalidad, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los concesionarios y evitar eventuales cuestionamientos que puedan comprometer la aplicación de la nueva normativa.

Los defensores de la iniciativa sostuvieron que el país necesitaba modernizar una legislación con más de siete décadas de vigencia, al considerar que las condiciones económicas y tecnológicas del sector han cambiado de forma significativa desde que fue promulgada.

Uno de los principales cambios consiste en la actualización del canon que deberán pagar los concesionarios por el uso del espectro radioeléctrico, un recurso considerado de dominio público. Hasta ahora, los operadores cancelaban un monto fijo establecido hace más de 70 años, una situación que, según los impulsores del proyecto, ya no respondía al valor económico que representa la explotación comercial de las frecuencias.

Con la reforma, el canon pasará a calcularse sobre los ingresos brutos obtenidos por el aprovechamiento de las frecuencias concesionadas. En el caso de las empresas de televisión, la tarifa máxima será de un 7.73 %, mientras que para las emisoras de radiodifusión sonora alcanzará hasta un 3.13 %, dependiendo del nivel de ingresos de cada concesionario.

Precisamente este nuevo esquema de cobro generó cuestionamientos durante la discusión legislativa. La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la reforma sobre las pequeñas radioemisoras regionales, familiares y comunitarias.

Según advirtió, estos medios operan con márgenes financieros mucho más reducidos que las grandes cadenas nacionales y cumplen un papel fundamental en la comunicación de las comunidades, especialmente durante emergencias, campañas de salud, cierres de carreteras, actividades comunales e información de interés local.

La legisladora alertó además sobre el riesgo de que las nuevas disposiciones puedan favorecer una mayor concentración del mercado, debilitando el pluralismo y la diversidad informativa en el país si algunas emisoras no logran asumir las nuevas cargas económicas.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto corresponde al destino de los recursos obtenidos mediante el cobro del canon. La reforma establece que el 50 % de lo recaudado será destinado al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para la administración, planificación y gestión del espectro radioeléctrico.

El otro 50 % financiará el Fondo Nacional de Desarrollo Audiovisual, un mecanismo creado para impulsar la producción audiovisual costarricense y apoyar el desarrollo de proyectos relacionados con la industria cultural y creativa del país.

Con la aprobación del expediente 24.461, el Congreso da un paso hacia la modernización del marco regulatorio de la radiodifusión en Costa Rica. Sin embargo, los propios diputados reconocieron que aún quedan ajustes pendientes para equilibrar el impacto económico sobre los concesionarios y garantizar que la nueva legislación ofrezca reglas claras, seguridad jurídica y condiciones que favorezcan tanto la competencia como la pluralidad de los medios de comunicación.