República Dominicana: Superintendencia de Bancos lleva al Congreso una reforma para agilizar el acceso a bienes de familiares fallecidos

La Superintendencia de Bancos ha llevado a la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley que podría transformar la manera en que los ciudadanos acceden a los bienes y fondos de familiares fallecidos.

El documento, ahora en manos del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, apunta a simplificar y acelerar los trámites que muchas personas deben enfrentar tras la pérdida de un ser querido o la disolución de una comunidad de bienes.

Esta iniciativa surge de un proceso de análisis técnico e institucional por parte de la Superintendencia, para eliminar barreras y modernizar los procedimientos que hasta ahora han resultado complejos y poco accesibles para los ciudadanos.

En el centro de la propuesta se encuentra la creación de un procedimiento más sencillo para entregar bienes muebles de menor cuantía. En la actualidad, muchas familias se enfrentan a procesos extensos y burocráticos cuando intentan acceder a cuentas bancarias, vehículos u otros bienes que pertenecieron a un pariente fallecido. El anteproyecto busca eliminar una serie de pasos y requisitos innecesarios, con la intención de que los trámites sean menos arduos y más accesibles para toda la población.

La iniciativa introduce una distinción clara entre el derecho a saber qué bienes existen y el derecho a retirar fondos. Según la propuesta, los herederos podrían primero conocer la situación patrimonial y, en una etapa posterior y con reglas claras, gestionar el acceso a los recursos.

Además, el anteproyecto plantea la reducción de los plazos para obtener la información patrimonial, una medida que podría aliviar la carga emocional y práctica de quienes deben enfrentar estos procesos en momentos de vulnerabilidad. También se propone limitar la aplicación de medidas como congelamientos o bloqueos patrimoniales sin justificación, prácticas que a menudo complican el acceso oportuno a los bienes.

La iniciativa también incorpora la recomendación de aprovechar mejor la tecnología para que los trámites sean más rápidos y menos engorrosos.

El texto sugiere que entidades financieras y organismos públicos puedan conectarse entre sí con mayor eficiencia, de modo que los procesos no se vean interrumpidos por falta de coordinación o por el tradicional papeleo. El uso de sistemas interoperables permitiría reducir las cargas administrativas y facilitar el acceso a la información y los fondos.

Otro aspecto relevante del anteproyecto es la inclusión de un mecanismo rápido para acceder a fondos destinados a cubrir gastos fúnebres y otras necesidades urgentes. Hoy en día, muchas familias encuentran obstáculos para cubrir estos gastos en los primeros días luego de una pérdida, debido a los tiempos y requisitos de los trámites patrimoniales. La propuesta intenta dar una respuesta más ágil y uniforme para estos casos, buscando regular y estandarizar procedimientos que hasta ahora carecían de una normativa específica.

La Superintendencia de Bancos considera que estos cambios ayudarían a proteger mejor los derechos de los ciudadanos y aumentarían la transparencia en el manejo de patrimonios, sin poner en riesgo la confidencialidad ni la estabilidad del sistema financiero. Además, la iniciativa pretende llenar un vacío legal que durante años ha dejado a muchas personas sin un camino claro para resolver asuntos patrimoniales tras la muerte de un ser querido. Desde la entidad, se subraya que la reforma fortalecería la protección del usuario financiero, mejoraría la transparencia y ofrecería mayor seguridad jurídica a las entidades, todo bajo reglas claras y sin comprometer la estabilidad del sistema.

El anteproyecto busca facilitar los trámites legales y ofrecer alivio a quienes atraviesan momentos difíciles por la pérdida de familiares o la disolución de bienes compartidos. La intención es que la gestión patrimonial sea más comprensible, accesible y menos desgastante para todas las partes involucradas. La discusión queda ahora en manos del Congreso, que deberá analizar si este nuevo enfoque puede convertirse en ley y traer cambios positivos para quienes enfrentan este tipo de situaciones.