El Poder Ejecutivo dominicano propone modificar 18 artículos del nuevo Código Penal tras ola de protestas

En un giro político trascendental, el Poder Ejecutivo depositó este viernes 10 de julio, ante la Secretaría General Legislativa del Senado un proyecto de ley para modificar 18 artículos de la recién promulgada Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana.

La iniciativa, presentada formalmente por el Presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, surge como respuesta directa a una intensa ola de protestas ciudadanas que sacudió al país durante toda la semana con cacerolazos masivos y concentraciones en la emblemática Plaza de la Bandera.

El descontento colectivo estalló ante el temor generalizado de que la nueva legislación penal criminalizara la crítica constructiva, limitara el ejercicio del periodismo de investigación y abriera las puertas a la persecución de voces disidentes.

Con este nuevo proyecto, el Congreso Nacional y el Gobierno buscan subsanar los vacíos legales y los excesos de redacción antes de que la normativa penal entre en vigor de manera definitiva.

Ante este escenario de tensión, el presidente del Senado, aclaró que el Congreso se mantendrá como “la casa de la democracia”. El legislador garantizó de forma pública que estas enmiendas serán conocidas, debatidas y aprobadas por una Comisión Bicameral antes de la fecha límite en la que la Ley núm. 74-25 deba ejecutarse en los tribunales del país.

Para el ciudadano común y los trabajadores de los medios de comunicación, este proyecto de modificación representa una victoria de la movilización social y un blindaje a la democracia. En términos prácticos, significa que:

• Se protege el derecho a la denuncia: Los ciudadanos no temerán ir a prisión por cuestionar la gestión de un funcionario público o denunciar actos de corrupción en plataformas digitales.
• Se preserva la libertad de prensa: Los periodistas de investigación contarán con un “escudo legal” explícito (el criterio de interés público) para difundir audios, imágenes o documentos de relevancia colectiva sin ser procesados por violación a la intimidad o difamación.
• Mayor seguridad jurídica: Al corregir las ambigüedades técnicas, se evita que los jueces apliquen la ley de forma arbitraria o desproporcionada, garantizando que las penas se correspondan verdaderamente con la gravedad del delito.

Radiografía de las modificaciones: Los 18 artículos bajo la lupa

El paquete de reformas propuesto por el Ejecutivo se divide en cuatro grandes bloques temáticos que impactan de forma directa la vida jurídica y civil de la nación:

1. Libertad de expresión y de prensa (5 artículos)

Este bloque concentra el núcleo de las demandas ciudadanas. Las modificaciones buscan extirpar cualquier asomo de censura previa o intimidación legal:

• Artículo 123 (Ciberbullying): Se delimita el tipo penal para evitar que las críticas legítimas o los debates encendidos en redes sociales se confundan con acoso digital.
• Artículo 192 (Difusión de audio o imágenes sin consentimiento): Se añade de forma expresa la excepción de interés público legítimo, protegiendo las filtraciones periodísticas que destapen anomalías estatales.
• Artículo 208 (Difamación) y Artículo 211 (Actos no difamatorios ni injuriosos): Redefinen las sanciones y amplían las garantías legales para quienes informen sobre figuras públicas o temas de debate nacional.
• Artículo 310 (Ultraje): Se reforma para impedir que el delito de ofensa a las instituciones o funcionarios sea utilizado por el poder político para silenciar a la oposición o a la ciudadanía.

2. Protección de personas y familias (6 artículos)

Orientado a robustecer los mecanismos de vulnerabilidad social, especialmente enfocados en la niñez y la adolescencia:

• Artículos 121 y 122 (Bullying y Hostigamiento agravado): Se precisan las definiciones para lograr una aplicación objetiva en entornos escolares y comunitarios.
• Artículo 142 (Exhibicionismo sexual) y Artículo 144 (Acoso agravado): Buscan proporcionalidad en las penas, evitando interpretaciones subjetivas por parte de los juzgadores.
• Artículos 214 y 215 (Abandono de menores y Abandono agravado): Reorganizan las agravantes para penalizar con mayor severidad la desatención parental extrema.

3. Precisión técnica y seguridad jurídica (5 artículos)

Ajustes esenciales de carpintería legislativa para evitar contradicciones en los tribunales:

• Artículo 141 (Prescripción): Corrige el cómputo de los plazos procesales para evitar impunidades por vencimiento de términos.
• Artículo 170 (Autosecuestro), Artículo 207 (Perjurio patrimonial), Artículo 248 (Bancarrota simple) y Artículo 354 (Certificación falsa de estado de salud): Mejoran la redacción técnica para que las figuras delictivas queden claramente tipificadas en el comercio y la salud.

4. Respuesta frente a delitos graves (2 artículos)

• Artículo 176 (Proxenetismo): Readecua la escala punitiva para perseguir con mayor eficacia la explotación sexual.
• Artículo 303 (Malversación de fondos públicos): Endurece de manera drástica el régimen de consecuencias contra la corrupción administrativa, un reclamo histórico de la sociedad dominicana.

El presidente del Senado enfatizó que el proceso de escucha activa no ha cerrado. Se ha fijado el próximo miércoles 15 de julio a las 6:00 de la tarde (hora dominicana) como el plazo definitivo para que juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil depositen formalmente cualquier otra observación ante la Comisión Bicameral.

La meta del Poder Legislativo es consensuar un texto definitivo que consolide un Código Penal moderno, pero que, por encima de todo, respete de manera irrestricta las libertades constitucionales de todos los dominicanos.