
El Gobierno de Honduras prevé concluir durante el mes de agosto la liquidación total de al menos siete institucionescreadas durante la administración anterior, informó el comisionado de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, quien aseguró que el proceso avanza conforme al cronograma establecido.
Según explicó el funcionario, las entidades quedarán completamente liquidadas una vez finalicen sus operaciones, se cancelen sus obligaciones financieras y se cierre el proceso de funcionamiento institucional. Posteriormente, será la Secretaría de Finanzas (Sefin) la encargada de ejecutar el cierre administrativo definitivo durante septiembre.
Núñez indicó que el proceso forma parte de la estrategia del Gobierno para reorganizar la estructura estatal y concluir de manera ordenada las funciones de las instituciones que fueron creadas en la gestión anterior.
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En cuanto a los derechos laborales de los trabajadores afectados por el cierre de las entidades, el comisionado aseguró que el pago de prestaciones sociales presenta un avance significativo y que la mayor parte de los compromisos ya ha sido cumplida.
Detalló que recientemente fueron canceladas las prestaciones laborales a más de 26 personas que laboraban en la institución de Planificación Estratégica, mientras que anteriormente ya se había indemnizado a más de 500 extrabajadores pertenecientes a las diferentes entidades en proceso de liquidación.

El funcionario explicó que actualmente solo permanecen pendientes algunos casos específicos, principalmente relacionados con personal que cuenta con protección especial establecida por la legislación laboral.
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Entre ellos mencionó a cuatro trabajadoras que se encontraban en estado de embarazo o gozaban de protección por maternidad, cuyos expedientes continúan en trámite y cuyos pagos, según las proyecciones de la Comisión Liquidadora, podrían efectuarse durante la próxima semana.
Núñez señaló que el objetivo es cumplir con todas las obligaciones laborales antes de concluir definitivamente el proceso de cierre de las instituciones, respetando los procedimientos legales y garantizando los derechos de los empleados.
Asimismo, informó que 29 trabajadores permanecen desempeñando funciones vinculadas exclusivamente con las labores administrativas y técnicas del proceso de liquidación. Una vez concluyan esas responsabilidades, añadió, también recibirán el pago de sus prestaciones conforme a lo establecido por la ley.
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El comisionado destacó que la permanencia de este grupo de colaboradores ha sido necesaria para desarrollar actividades relacionadas con el cierre de operaciones, la organización documental, la entrega de bienes, la conciliación financiera y otras tareas indispensables para completar la liquidación institucional.

En relación con las auditorías efectuadas durante el proceso, Núñez confirmó que las revisiones han permitido detectar diversas irregularidades en algunas de las instituciones intervenidas.
No obstante, aclaró que por el momento no es posible revelar detalles sobre los hallazgos debido a que varios expedientes continúan bajo investigación y forman parte de procesos que aún no han concluido.
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El funcionario indicó que las investigaciones siguen su curso y que, una vez las instancias competentes finalicen los análisis correspondientes, serán estas las encargadas de determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de las irregularidades encontradas.
La Comisión Liquidadora reiteró que el proceso continuará desarrollándose conforme al calendario previsto, con el propósito de completar el cierre de las instituciones durante agosto y trasladar posteriormente la fase administrativa final a la Secretaría de Finanzas, que será responsable de formalizar la conclusión definitiva de cada entidad.
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