La presidenta de Pro Competencia, María Elena Vásquez Taveras, afirmó en Santo Domingo que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica moderniza la Ley 42-08 y busca que el éxito económico en la República Dominicana dependa del mérito, la innovación y la eficiencia, y no de privilegios ni de prácticas anticompetitivas.
La reforma incorpora un programa de clemencia para empresas que hayan participado en un cártel: podrán obtener reducción o exención de sanciones si revelan el acuerdo ilícito y cooperan con la investigación. Vásquez Taveras sostuvo que esa figura es una de las herramientas más consolidadas del derecho de la competencia moderno.
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Según explicó la titular del organismo durante la conferencia “La modernización del derecho de la competencia en la República Dominicana: hacia una nueva arquitectura de mercados libres y competitivos”, la propuesta también cambia el régimen de reparación de daños por infracciones a la competencia. Con la ley vigente, solo pueden reclamar indemnización quienes hayan participado activamente en el procedimiento administrativo ante la entidad.
La reforma abre demandas civiles para cualquier afectado por prácticas anticompetitivas
El anteproyecto rompe con ese esquema y permitiría que cualquier persona física o jurídica que haya sufrido daños por una conducta anticompetitiva acuda a los tribunales ordinarios para reclamar reparación. La presidenta de Pro Competencia dijo que ese modelo se inspira en mejores prácticas internacionales.
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“Este modelo, inspirado en las mejores prácticas internacionales, multiplica los incentivos para cumplir la ley, fortalece la reparación integral del daño y abre una nueva área de especialización para la práctica jurídica dominicana: el litigio privado en materia de competencia”, explicó.
Vásquez Taveras también señaló que la iniciativa transforma la función de abogacía de la competencia. Para quienes ejercen el derecho en mercados regulados como telecomunicaciones, energía, seguros y servicios financieros, la consecuencia práctica será que habrá un solo interlocutor para los asuntos de competencia.
Durante su exposición en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la funcionaria definió esa rama jurídica como un mecanismo de igualdad de oportunidades. “El derecho de la competencia es, en esencia, el derecho de la igualdad de oportunidades. Es la expresión jurídica de una idea profundamente democrática: que el éxito económico debe ser consecuencia del mérito, la innovación y la eficiencia, y no del privilegio, la colusión o las barreras artificiales”, puntualizó.
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La presidenta del organismo valoró que el Derecho de la Competencia haya sido incorporado al pénsum de la carrera de Derecho de la Unphu. A su juicio, esa decisión muestra que la universidad se adelanta a los desafíos futuros y forma juristas capaces de comprender uno de los campos más dinámicos y estratégicos del derecho y de las economías contemporáneas.
El director de la Escuela de Derecho de la Unphu, Ernesto Evertz Rodríguez, sostuvo que hablar de competencia implica discutir cómo se organiza la economía, cómo se protege la innovación y cómo se garantiza el funcionamiento de los mercados en condiciones justas y transparentes.
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Evertz Rodríguez agregó que se trata de un tema con impacto directo en la vida de las personas, que exige reflexión, actualización y visión estratégica. También indicó que el debate llega en un momento en que el país discute cómo fortalecer sus instituciones, promover mercados más eficientes y asegurar que la regulación acompañe los desafíos de un entorno económico cada vez más dinámico.
“La modernización de nuestro sistema de defensa de la competencia no es simplemente una reforma legal. Es una apuesta por instituciones más sólidas, por mercados más abiertos y por una economía donde las oportunidades dependan del talento y no de las ventajas indebidas”, expresó Vásquez Taveras.
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