República Dominicana: Buscan crear fiscalías virtuales para poner sancionar la impunidad vial

La organización Reducción de Siniestros Viales en la República Dominicana (Resivi-RD) ha puesto sobre la mesa una propuesta para crear fiscalías virtuales especializadas en sancionar la impunidad vial en el país, con el objetivo de transformar el acceso a la justicia en infracciones de tránsito y facilitar la aplicación efectiva de las sanciones. Según informaron medios locales, esta iniciativa busca modernizar la respuesta institucional, permitiendo a ciudadanos de todas las provincias enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, sin necesidad de trasladarse hasta Santo Domingo.

Actualmente, la legislación vigente, la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla un periodo de 30 días para la judicialización de las infracciones, que puede concretarse a través de tribunales de tránsito, juzgados de paz o fiscalías de tránsito. Sin embargo, solo la capital cuenta con una fiscalía de tránsito, lo que genera un embudo en la administración de justicia. El coordinador de Resivi-RD, José Rafael Rodríguez Cáceres, mencionó en entrevista con Diario Libre que esta carencia “provoca que las multas no se ejecuten” y que los ciudadanos no enfrenten consecuencias reales, alimentando un entorno de impunidad.

La propuesta de Resivi-RD consiste en introducir fiscalías de tránsito digitales, un mecanismo que permitiría que los agentes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) levanten las infracciones desde el lugar de los hechos y las envíen directamente a un centro de cómputo. Así, se eliminaría la barrera logística de acudir presencialmente ante un juzgado y se agilizaría el proceso de sanción. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Intrant gestionan, respectivamente, infracciones digitales y físicas, aunque la debilidad en la judicialización afecta por igual a ambos tipos.

Esta reforma busca dar respuesta a una problemática que no es solo administrativa, sino de seguridad pública. Rodríguez Cáceres señaló que existen conductores reincidentes que acumulan múltiples multas sin que ello tenga efecto en su comportamiento, evidenciando fisuras en la aplicación de la ley. Un ejemplo citado por el coordinador de Resivi-RD es el de ciudadanos “que se mofan de tener 30 infracciones”, y recordó que la legislación contempla una progresividad en las penas: pueden ir desde uno a cinco días de prisión por faltas leves, de cinco a treinta días para casos reiterativos y hasta tres años de prisión en situaciones graves. Este esquema permitiría sancionar conductas peligrosas, como circular reiteradamente por la acera en motocicleta, con la pena máxima.

La República Dominicana reportó más de 700 muertes viales y 2.3 millones de infracciones en 2026

Durante los primeros meses de 2026, las autoridades dominicanas han contabilizado 705 fallecidos por accidentes de tránsito, según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial. A esta cifra se suman 30,826 personas lesionadas, y los registros indican un total de 2,390,401 infracciones viales cometidas en lo que va del año. La cantidad de licencias de conducir emitidas asciende a 2,082,522, dentro de una población estimada de 10,957,687 habitantes.

El mismo observatorio identificó a través de un mapa de calor que la siniestralidad vial presenta una distribución desigual: mientras algunas provincias han alcanzado niveles críticos con hasta 80 incidentes anuales por demarcación, otras se mantienen en niveles bajo, medio o alto. Este análisis segmentado permite focalizar la atención en los territorios de riesgo, proporcionando a las autoridades una herramienta clave para la implementación de políticas específicas y acciones dirigidas a reducir la incidencia de siniestros.

El alto volumen de infracciones y la persistencia de incidentes mortales confirman la necesidad de reforzar tanto la vigilancia del comportamiento de los conductores como la capacidad del sistema judicial para sancionar en tiempo y forma. Bajo este panorama, la propuesta de fiscalías virtuales aparece como una pieza central para dotar de mayor eficacia a la política de seguridad vial y restaurar la función preventiva y disuasoria de la ley.

Paralelamente, Resivi-RD ha planteado la creación de una patrulla de seguridad vial especializada, integrada por agentes de la Policía Nacional y de la Digesett, orientada tanto al levantamiento de actas como a la imposición de multas en el terreno, lo que complementaría la digitalización de la justicia propuesta a través de las fiscalías virtuales.