
En una jornada marcada por la tensión y el peso de una de las mayores tragedias estructurales en la historia reciente de la República Dominicana, el proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat ha alcanzado un punto de inflexión.
Durante la audiencia preliminar celebrada este viernes 1 de mayo de 2026, la defensa técnica de los imputados sorprendió al tribunal al declarar que no se opone a que el caso sea enviado a un juicio de fondo, validando el avance del proceso hacia una etapa de debate probatorio pleno.
Bajo la mirada atenta del juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat optaron por el silencio. Tras ser consultados sobre si deseaban ofrecer declaraciones voluntarias, Antonio y Maribel decidieron abstenerse, dejando la carga argumentativa en manos de su representante legal, el abogado Miguel Valerio.
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Valerio fue enfático al calificar la acusación de “odio personal”, argumentando que el Ministerio Público ha construido un relato que desborda lo jurídico. No obstante, en un movimiento táctico, la defensa aceptó los hechos narrados en la acusación, aunque marcó una distancia insalvable respecto a la calificación jurídica.
El abogado Miguel Valerio presenta sus argumentos en defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, calificando la acusación en su contra como un 'odio personal' que no tiene cabida en un tribunal.
Para los abogados, el escenario ideal para controvertir las pruebas que incluyen más de 80 testimonios y decenas de informes periciales es el juicio de fondo, siempre que el tribunal lo considere “conforme a derecho”.
La anatomía de un colapso evitable
La acusación presentada por el Ministerio Público es devastadora. El informe pericial técnico señala que el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el fatídico 8 de abril de 2025, no fue un accidente fortuito, sino el resultado de una “sistemática sobrecarga estructural”.
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Según los peritos, la estructura soportaba un peso para el cual no fue diseñada:
- Capas de concreto: Se identificaron cuatro capas de “fino” de concreto con espesores variables que sumaban un total de 37.5 centímetros (14.7 pulgadas).
- Carga adicional: Sobre esta base se añadieron equipos de aire acondicionado de alto tonelaje, tinacos, luminarias pesadas y plafones.
- Falla crítica: El dato más alarmante revelado en la audiencia fue la ausencia de una columna en el lado oeste de la edificación, la cual, según las investigaciones, había sido demolida previamente para ampliar el espacio interior, comprometiendo fatalmente la estabilidad de las vigas postensadas.
Este cúmulo de negligencias técnicas resultó en la muerte de 236 personas y dejó a más de 100 heridos, cifras que han convertido este expediente en una prioridad nacional.

Uno de los puntos de mayor fricción en el tribunal es el tipo penal aplicado. El Ministerio Público ha calificado el hecho como homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. Bajo el código penal vigente, esto limitaría las penas a un máximo de pocos años de prisión, una perspectiva que ha indignado a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.
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“No fue un accidente, fue una ejecución por negligencia. Sabían que el techo se caía y prefirieron seguir vendiendo boletas”, expresó uno de los querellantes a la salida del tribunal.
Debido a esto, la mayoría de los abogados que representan a las víctimas han solicitado al juez que la calificación sea modificada a homicidio, bajo la tesis del dolo eventual: los propietarios conocían el riesgo inminente de colapso y, aun así, continuaron operando el establecimiento.

Situación actual y medidas solicitadas
Hasta la fecha, se reporta que la familia Espaillat ha logrado acuerdos de resarcimiento con aproximadamente el 70% de los afectados, aunque un núcleo persistente de víctimas rechaza cualquier acuerdo económico, exigiendo una sentencia penal ejemplar que siente un precedente sobre la responsabilidad civil y estructural en lugares de acceso público.
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Con la conclusión de esta fase de exposición de la defensa y las víctimas, el juez Mejía se encamina a decidir si el expediente cuenta con la robustez necesaria para llevar a los hermanos Espaillat al banquillo de los acusados en un juicio público, oral y contradictorio. La sociedad dominicana, un año después de la tragedia, sigue esperando que los escombros del Jet Set den paso, finalmente, a la justicia.
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