Un tribunal de República Dominicana impuso este lunes 15 años de prisión a tres ciudadanos venezolanos por tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y explotación sexual contra cuatro mujeres colombianas.
Las víctimas fueron captadas a través de internet mediante falsas ofertas laborales y trasladadas al país caribeño, donde conocieron que adeudaban USD 4,000, monto que los acusados les exigían pagar ejerciendo servicios sexuales. Posteriormente, las mujeres eran anunciadas en listas digitales enviadas a clientes mediante la aplicación WhatsApp, de acuerdo con información provista por la fiscalía dominicana.
Las autoridades desarticularon la organización en el año 2024 tras allanar la vivienda en la que se cometían los delitos, incautando drogas narcóticas utilizadas en las operaciones. El tribunal penal de Santo Domingo validó las pruebas presentadas por la fiscalía, entre ellas el decomiso de las sustancias y los mecanismos de captación y explotación.
La investigación y el operativo
Los condenados, Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano, permanecían detenidos desde el año pasado, cuando la fiscalía dominicana intervino e impidió la continuación de las actividades delictivas.
La República Dominicana fue ascendida en 2025 al Nivel 2 en la clasificación internacional sobre la lucha contra la trata de personas debido a un conjunto de reformas y acciones recientes. El aumento en los esfuerzos del gobierno incluyó modificaciones legales y un incremento en las inspecciones y denuncias, pero todavía persisten deficiencias graves, especialmente en la protección de las víctimas y la identificación de casos de trata laboral. Según el Informe sobre la Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado de EE.UU., el Estado dominicano enfrenta el reto de cerrar las brechas que siguen exponiendo a ciertas poblaciones a la explotación y la vulnerabilidad.
La República Dominicana modificó su ley y suspendió empresas vinculadas al trabajo forzoso en 2025
Entre los avances que justificaron el ascenso del país al Nivel 2, el informe destaca la enmienda a la Ley 137-03, que eliminó el requisito de probar la existencia de fuerza, fraude o coacción en delitos de trata que involucren a menores de edad. Esta disposición se aplica específicamente a casos de explotación sexual infantil, una de las formas más graves del delito. Además, el gobierno implementó un aumento en las investigaciones y procesamientos, incluyendo casos contra funcionarios supuestamente involucrados en delitos de trata.
Durante el último ciclo de inspecciones laborales, las autoridades suspendieron las operaciones de varias empresas de propiedad china tras detectar indicadores claros de trabajo forzoso. Asimismo, se aprobó un Plan de Acción Nacional (PAN) 2025-2028, que marca el rumbo de las políticas públicas en esta materia para los próximos años. Como parte de estos esfuerzos, el gobierno inició un programa piloto para el registro formal de trabajadores migrantes contratados, con el objetivo de promover la libertad de movimiento y reducir su vulnerabilidad ante la explotación laboral.
En paralelo, las inspecciones laborales aumentaron tanto en frecuencia como en alcance, principalmente en sectores marcados por un alto riesgo de trabajo forzoso. El gobierno también identificó un número mayor de víctimas respecto al año anterior, según los datos recabados en el informe.
Persisten las carencias en la protección de víctimas y la lucha contra la trata laboral
A pesar de estos avances, el informe subraya que la identificación de víctimas de trata laboral sigue siendo una asignatura pendiente. El incremento de inspecciones y procesamientos no se ha traducido en una atención suficiente a las personas explotadas en sectores de trabajo forzoso. La respuesta estatal en cuanto a investigación de casos de trata laboral resultó limitada, incluso en áreas donde existe riesgo elevado.
Una de las mayores debilidades señaladas es la falta de provisión de documentos de identidad para las personas apátridas que reúnen los requisitos legales en el país. Esta omisión incrementa su exposición a situaciones de trata y explotación. Además, la carencia de servicios adecuados para todas las víctimas y la detección deficiente de las poblaciones vulnerables han restringido las posibilidades de localizar e identificar a personas explotadas antes de su expulsión del territorio nacional.
El informe sobre la trata de personas 2025 concluye que, aunque la República Dominicana ha elevado su respuesta con reformas legales, inspecciones y programas piloto para trabajadores migrantes, el Estado debe fortalecer sus mecanismos de protección, especialmente para víctimas de trata laboral y personas apátridas, a fin de alcanzar los estándares mínimos internacionales en materia de derechos humanos y erradicación de la trata.
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