República Dominicana afianza su liderazgo regional en transformación digital con inversión pública y colaboración internacional

Los retos de la transformación digital en América Latina exigen construir infraestructura de última generación y asegurar que su impacto llegue a todos los segmentos de la población, especialmente en zonas rurales y ciudades marginadas.

El caso de la República Dominicana ilustra cómo pueden implementarse estrategias integrales que logran avances medibles en conectividad, inclusión y desarrollo de habilidades digitales.

Así lo sostuvo Julissa Cruz, directora de INDOTEL, durante el foro Digital Summit LATAM, evento anual de referencia en el sector tecnológico regional, según la plataforma especializada en telecomunicaciones cc-latam.org.

El progreso de la República Dominicana en transformación digital se fundamenta en un despliegue sostenido de infraestructura, con redes de fibra óptica y una ampliación en la cobertura de banda ancha móvil que ha permitido conectar zonas rurales y áreas históricamente excluidas. Según Julissa Cruz, la construcción de un robusto entorno legal —incluyendo estrategias nacionales de ciberseguridad, innovación, inteligencia artificial y atracción de inversiones en la industria de semiconductores— ha posicionado al país como referente regional.

Desafíos de infraestructura y equidad

El desarrollo digital efectivo requiere visión estratégica, inversión en infraestructura tecnológica, promoción de la innovación y acceso democratizado a nuevas tecnologías. Cruz destacó que, para reducir brechas, el país llevó adelante "el plan más ambicioso de desarrollo de habilidades digitales a nivel poblacional“, que abarca capacitación desde niveles básicos hasta avanzados en tecnologías emergentes. El propósito es generar empleabilidad, emprendimiento e inversión, beneficiando a trabajadores, empresas y emprendedores.

Un pilar central han sido las alianzas público-privadas y programas públicos orientados a la equidad digital. Destaca el Programa de Ampliación del Acceso a Banda Ancha (PEA), financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de financiamiento.

Este programa focaliza el despliegue de fibra óptica en zonas rurales donde la baja densidad poblacional limita el atractivo de la inversión privada. A esto se incorporan iniciativas de inclusión digital para comunidades marginadas, facilitando acceso a servicios TIC y formación en competencias digitales.

La importancia de un marco regulatorio favorable fue planteada por Julissa Cruz: “Los reguladores deben actuar como facilitadores, y no como barreras, mediante reglas claras, previsibles y neutrales respecto de la tecnología, que otorguen confianza a los inversionistas y mantengan mercados competitivos”.

En la República Dominicana, se emplean mecanismos como “sandboxes” regulatorios, incentivos en licitaciones de espectro y financiamiento estatal directo para expandir infraestructura en zonas menos atendidas.

Estrategias y alianzas regionales

El avance regional demanda estrategias resilientes a cambios políticos, diseñadas en colaboración con el ecosistema digital, la academia y la sociedad civil. Se trata de asegurar la sostenibilidad de los proyectos mediante hojas de ruta, mecanismos de financiamiento y marcos colaborativos.

La flexibilidad en el diseño de políticas de acceso al espectro es esencial para responder a diversas necesidades tecnológicas.

Cruz recalcó: “Es fundamental que los países pongan el espectro a disposición del mercado bajo condiciones que garanticen el despliegue rápido de 5G”. Las políticas deben considerar las diferencias entre bandas de espectro y ofrecer incentivos adecuados, dejando de lado criterios recaudatorios tradicionales.

El rol de los reguladores latinoamericanos también es crear condiciones para la competencia, la innovación y la inclusión, a través de la simplificación de trámites, la reducción de costos y la actualización normativa según el avance tecnológico y los modelos de negocio actuales, siempre priorizando la asequibilidad y la protección del interés público.

La coordinación entre tecnologías (fibra, inalámbrica, satelital y última milla) posibilita llegar a comunidades remotas con soluciones eficientes en costos. Julissa Cruz subrayó la importancia de articular marcos regulatorios flexibles y colaboraciones público-privadas para lograr conectividad sostenible en toda la región.

Ciberseguridad, privacidad y capacitación

Además destacó que crear ecosistemas digitales seguros e innovadores requiere marcos reguladores claros en ciberseguridad, privacidad de datos y protección al consumidor. Los reguladores deben exigir cifrado fuerte, prácticas transparentes de gestión de datos y mecanismos robustos para que los usuarios otorguen su consentimiento. Por igual, es clave potenciar la capacitación ciudadana —especialmente en comunidades vulnerables— para una navegación segura y consciente.

“Solo creando un entorno regulado y seguro se puede impulsar un crecimiento digital sostenible y preservar la confianza pública”, puntualizó Cruz. El reto es que la ciberseguridad evolucione al ritmo de amenazas emergentes y reúna innovación con protección.

La cooperación internacional es otro elemento esencial. Espacios como Digital Summit LATAM favorecen la circulación de buenas prácticas, aprendiendo de marcos regulatorios más desarrollados como los de Europa. La integración regional, la armonización de estándares y la colaboración en políticas de mercados digitales pueden acelerar el desarrollo de ecosistemas resilientes e inclusivos.

Agenda futura para la transformación digital

En los próximos años, el debate político se centrará en el acceso con inclusión, la sostenibilidad y el impacto social de la transformación digital. Cruz afirmó que el éxito de la digitalización dependerá de medir sus efectos en la vida de las personas y en la reducción de desigualdades sociales, asegurando que el crecimiento económico sea realmente inclusivo y sostenible.

Entre las prioridades inmediatas figuran la inversión en infraestructura, la incorporación de inteligencia artificial y tecnologías emergentes, la digitalización de sectores productivos y servicios públicos, el fortalecimiento de habilidades digitales, la ciberseguridad y la consolidación de marcos legales que garanticen la innovación y la protección de los consumidores.

La experiencia de la República Dominicana, bajo el modelo destacado por Julissa Cruz en cc-latam.org, muestra que el impulso colaborativo entre sectores público, privado y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el camino eficaz para que América Latina supere la brecha digital y capitalice el potencial de la era digital para todos sus habitantes.