El ejercicio fiscal de República Dominicana en 2025 finalizó con una combinación de déficit controlado y un aumento considerable del gasto de capital, en un entorno internacional complejo.
La estrategia del Gobierno respondió a la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica y consolidar la confianza para la inversión, con repercusiones directas en la percepción de riesgo crediticio del país y la atracción de capitales extranjeros.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía, el déficit fiscal se ubicó en el 3.45% del producto interno bruto (PIB), con una deuda pública del 47.9% del PIB. Este esquema permitió mantener la disciplina fiscal y, a la vez, impulsar áreas consideradas prioritarias para el desarrollo, como obra pública, vivienda, infraestructura de transporte y mejoras educativas.
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En los últimos meses de 2025, los mercados financieros internacionales valoraron positivamente este desempeño. El índice EMBI mostró una mejor percepción del riesgo país y la calificadora Moody’s revisó al alza la nota crediticia dominicana, disposición que —según el Ministerio de Hacienda y Economía— robustece la posición de la nación como destino de inversión en el Caribe y Centroamérica. Estos factores adquieren mayor relevancia ante los desafíos fiscales del mediano plazo.
Crece recaudación
Los ingresos del sector público ascendieron a RD$1,246 billones, lo que equivale al 15.6% del PIB estimado y representa un incremento del 2.8% interanual.
El motor principal de este aumento fue el crecimiento en la recaudación del impuesto sobre la renta de personas físicas —favorecido por el dinamismo del empleo formal— y de personas jurídicas. Hubo, además, un repunte en el pago de ganancias de capital y mayores aportes fiscales del sector minero, beneficiado por la subida del precio internacional del oro.
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El gasto de capital —destinado a inversión pública— alcanzó los RD$207.751,7 millones (cerca del 2,6% del PIB), proporción que supone un crecimiento del 11% respecto a 2024, y un 18% por encima de lo presupuestado originalmente.
Entre las entidades ejecutoras más activas destacaron el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y el Ministerio de Educación (MINERD).
Como resultado, la inversión pública se orientó a obras prioritarias: extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, infraestructura vial en Santo Domingo Oeste, desarrollos turísticos en Cabo Rojo (Pedernales), y programas de mejora y rehabilitación de carreteras, caminos rurales y viviendas.
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El gasto total del Gobierno Central llegó a RD$1,521 billones (19,1% del PIB), con una política de asignación orientada a la protección social, desarrollo productivo y estímulo fiscal contra cíclico.
El gasto primario experimentó un incremento nominal del 4,9% y se mantuvo dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2024.
Este panorama, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía, refleja una administración orientada a la protección de la estabilidad sistémica sin comprometer la inversión pública, ecuación que resulta fundamental tanto para los inversionistas como para los organismos internacionales.
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