El Congreso Nacional de Honduras incluirá en su agenda legislativa la derogación de la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, una normativa que volvió al centro del debate público tras conocerse que fue publicada en el diario oficial La Gaceta pese a haber recibido un veto presidencial durante la administración de Xiomara Castro.
La vicepresidenta del Legislativo, Lissi Cano, confirmó que se analizarán las alternativas para tramitar la derogación, luego de que distintos sectores de la sociedad hondureña expresaran su oposición a la iniciativa.
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La discusión también está marcada por las interrogantes sobre el procedimiento que permitió la publicación del Decreto 08-2023, sin que se realizara una nueva votación parlamentaria para ratificarlo.
Cano explicó que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que la eliminación de la normativa será incorporada a la agenda del Legislativo.
Según la vicepresidenta, existen dos vías para abordar el caso: una resolución aprobada por el pleno o la presentación de un nuevo decreto por parte de un diputado.
La legisladora indicó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo no contempla un procedimiento específico para resolver una situación de estas características, por lo que corresponderá a los diputados determinar cuál de las alternativas resulta aplicable.
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“Nunca, le repito, antes había ocurrido esto, es inédito, en la ley orgánica no establece el procedimiento para poder pues derogar o hacer lo que corresponde”, manifestó Cano al referirse a la falta de un mecanismo específico para resolver el caso.
La funcionaria reiteró que el asunto será sometido a consideración del Congreso y que la derogación forma parte de las acciones anunciadas por la actual dirigencia legislativa.
No obstante, la incorporación del tema a la agenda no significa que la ley haya sido derogada, pues el proceso deberá avanzar por la vía que determine el Legislativo.
La controversia tiene su origen en 2023, cuando el Congreso Nacional aprobó la iniciativa que buscaba establecer lineamientos de educación integral para la prevención del embarazo adolescente.
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Posteriormente, el proyecto recibió el veto de la entonces presidenta Xiomara Castro, en medio de cuestionamientos de padres de familia, organizaciones civiles y representantes de las iglesias Católica y Evangélica.
Cano recordó que las manifestaciones de rechazo fueron uno de los elementos que rodearon el debate público sobre la propuesta. La oposición de estos sectores se centró en los contenidos y el enfoque de la educación sexual que contemplaba la normativa, lo que convirtió la iniciativa en un tema de discusión social y política.
“Hubo muchas manifestaciones en contra de esa iniciativa que se aprobó en el Congreso, pero que luego tenía que ir a sanción o a veto de la presidencia para que posteriormente se pudiera publicar”, señaló la vicepresidenta del Legislativo.
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El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, anunció que promoverá la derogación mediante una nueva iniciativa y que también considera necesario esclarecer cómo llegó el documento al proceso de publicación oficial.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la documentación y las actuaciones administrativas que permitieron divulgar el decreto.
El secretario del Congreso, Carlos Ledezma, también señaló que los archivos legislativos registran la recepción del veto presidencial.
Según la información difundida por medios nacionales, las autoridades han planteado que el pleno debía reconsiderar el texto y alcanzar 86 votos para ratificarlo después del veto.
La discusión sobre la publicación no se limita, por tanto, a la posición de los sectores que se oponen a la ley. También involucra cuestiones relacionadas con el procedimiento legislativo, la documentación oficial y las competencias de las instituciones responsables de tramitar y publicar los decretos.
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