Nicaragua registra 72 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, de las cuales 33 permanecen desaparecidas forzadamente, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La Asociación Memoria y Justicia (AMJ) alertó que el incremento de los casos expone a las víctimas a riesgos para su vida e integridad, mientras las familias continúan sin información sobre el paradero de sus allegados.
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La actualización, difundida por AMJ, examina los cambios ocurridos entre el 1 de agosto y el 23 de octubre. La organización indicó que el documento recoge testimonios de familiares que desconocen dónde están sus seres queridos, en un escenario en el que la desaparición forzada se mantiene como una práctica asociada a las privaciones de libertad por razones políticas.
El reporte advierte que las personas detenidas enfrentan falta de comunicación con sus familias, ausencia de información oficial y obstáculos para acceder a una defensa legal efectiva. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha informado de manera pública y sistemática sobre la situación de quienes permanecen bajo custodia del régimen.
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Las 33 personas desaparecidas forzadamente representan casi la mitad de los detenidos políticos incluidos en el registro. La categoría abarca los casos en los que las autoridades no reconocen la privación de libertad, niegan información sobre el lugar de reclusión o impiden que los familiares y representantes legales conozcan el estado de la víctima.
La AMJ señaló en su portal que la investigación incluye relatos de familias que carecen de datos sobre sus allegados. Esa incertidumbre afecta la posibilidad de confirmar si las personas reciben atención médica, si fueron presentadas ante una autoridad judicial o si tienen contacto con abogados.
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El aumento de las desapariciones forzadas también profundiza la preocupación por las condiciones de detención. En agosto, varias organizaciones de derechos humanos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncias sobre prisión política, incomunicación prolongada, torturas y represalias contra familiares de personas detenidas en Nicaragua.
En esa audiencia, representantes de organizaciones civiles sostuvieron que el ocultamiento del paradero de los detenidos dejó de limitarse a los primeros días posteriores al arresto y, en algunos casos, se prolonga durante períodos extensos o durante toda la privación de libertad.
El hábeas corpus no protegió a 9 de cada 10 víctimas analizadas
La falta de respuestas judiciales aparece como uno de los elementos centrales en el contexto de las detenciones arbitrarias. En septiembre, la AMJ publicó el informe “El colapso del Habeas Corpus en Nicaragua”. Inefectividad del recurso de exhibición personal frente a las detenciones por motivos políticos en Nicaragua (2018-2024)”.
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El estudio analizó 315 recursos de exhibición personal, el mecanismo equivalente al hábeas corpus en la legislación nicaragüense. En 284 expedientes, el 90.1%, la medida no ofreció protección efectiva a las personas detenidas. Solo cinco recursos lograron un resultado favorable y en 26 casos no fue posible establecer el desenlace.
AMJ identificó 763 acciones atribuidas a instituciones de la dictadura que habrían limitado el acceso a la Justicia. El relevamiento incluyó 224 vulneraciones de garantías del debido proceso, 220 obstáculos para acceder a tribunales y 189 demoras injustificadas durante la tramitación o resolución de los pedidos.
La organización también documentó el incumplimiento del plazo constitucional de 48 horas para liberar a una persona detenida o presentarla ante una autoridad competente. Al menos 280 personas fueron llevadas ante un juez fuera de ese plazo y, en 80 casos, las víctimas recuperaron la libertad sin haber comparecido ante una autoridad judicial.
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