El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propuso que las empresas de limpieza cobren una parte variable de sus contratos según el cumplimiento operativo y la evaluación de los vecinos, un esquema que será definido antes de la próxima licitación internacional del servicio de higiene urbana.
Según la propuesta, la remuneración combinaría un componente fijo con otro atado a indicadores técnicos, encuestas vecinales y reclamos recibidos en cada barrio. Una prestación por debajo de los estándares previstos en el contrato reduciría el monto que perciban las contratistas.
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La propuesta también incorporaría la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables dentro de los contratos de higiene urbana.
El anteproyecto además prevé que las compañías presenten propuestas para las áreas que tengan asignadas. La planificación de recorridos y frecuencias deberá adaptarse a la generación de residuos, el tránsito peatonal, las características de las cuadras y fenómenos estacionales como la caída de hojas.
El control del servicio incorporaría seguimiento satelital de los camiones, sensores para medir el nivel de llenado de los contenedores y procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial. Esas herramientas permitirían comprobar recorridos y frecuencias, detectar alteraciones de horarios e identificar acumulaciones de basura para enviar cuadrillas de atención inmediata.
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El mantenimiento de contenedores y cestos papeleros quedaría concentrado en un prestador especializado. La medida busca centralizar la provisión, reparación y reposición del equipamiento para reducir demoras y unificar los tiempos de respuesta en toda la Ciudad.
El barrido manual y mecánico tendría monitoreo por GPS. La propuesta contempla que las tareas se ajusten a las necesidades específicas de cada zona, en lugar de mantener recorridos idénticos para barrios con distinta circulación de personas o producción de residuos.
La recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables pasaría a formar parte del contrato de higiene urbana, con participación de recuperadores urbanos y cooperativas. También se proyecta un circuito para residuos orgánicos, dirigido inicialmente a grandes generadores y sectores determinados, con el objetivo de reducir los desechos enviados a disposición final.
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A largo plazo, el Gobierno porteño incorporó estudios de ingeniería y factibilidad para evaluar una eventual planta de tratamiento y valorización energética de residuos. Los análisis deberán establecer si el proyecto reúne condiciones técnicas, ambientales, sociales y económicas antes de una decisión sobre su construcción.
La audiencia pública tiene como finalidad brindar una instancia de consulta para recibir aportes y observaciones sobre los proyectos. Las condiciones definitivas de la contratación se establecerán después de ese proceso, antes del llamado a licitación.
Los pliegos que se analizan para los contratos previstos entre 2028 y 2038 no contemplan mantener las indemnizaciones que reclama el Sindicato de Camioneros para los trabajadores de recolección. El beneficio pretendido por el gremio ronda los USD 200 millones y es uno de los ejes del conflicto con la administración de Jorge Macri.
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Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, encabezó una movilización de recolectores frente a la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250. La protesta coincidió con la audiencia pública virtual sobre los anteproyectos que regirían el servicio dentro de dos años.
Durante la concentración hubo enfrentamientos entre manifestantes. Marcelo Aparicio, secretario gremial del sindicato, entregó una presentación en la mesa de entradas de la comuna para exigir que se mantenga el pago indemnizatorio.
Las concesiones vigentes fueron prorrogadas hasta septiembre de 2028. El Gobierno de la Ciudad no prevé incorporar ese desembolso en los nuevos contratos.
La incertidumbre alcanza a los pagos previstos al vencimiento de los contratos actuales. El sindicato que conducen Hugo y Pablo Moyano cuestiona si el presupuesto porteño de 2027 incluirá partidas para compensar a los 6 mil trabajadores del sector.
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