Recrucede el conflicto universitario: los rectores piden un 51% más de presupuesto para el 2027 y el Gobierno no cede

El Poder Ejecutivo giró el proyecto de Presupuesto 2027 para la Administración Pública, que contempla las previsiones de gasto para todo el período siguiente, incluso de aquellas partidas que son discutidas en la actualidad. Una de ellas contiene las transferencias a las Universidades Nacionales, que este miércoles presentarán su propia alternativa presupuestaria en el Congreso y que prevén que sea uno de los segmentos más debatidos para las próximas semanas.

El Gobierno y el sector de los rectores de las casas de estudio volvieron a proponer números diferentes sobre lo que debe ser el presupuesto universitario. En el artículo 12 del proyecto presentado en la Cámara de Diputados, las autoridades fijaron como crédito para financiar los gastos de “funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales” $7,34 billones. Los directores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron días atrás una propuesta un 50.68% más elevada, solicitando cerca de $11 billones.

La brecha, próxima a los $4 billones, anticipa que el conflicto por el financiamiento del sistema universitario seguirá presente y que podrá condicionar las negociaciones de los alfiles libertarios con los legisladores nacionales y gobernadores. “Todos saben que no hay forma de que nosotros vayamos a relajar la previsión de déficit cero para contentar a las universidades. Así que si algún diputado o senador quiere bloquear esa parte, va a tener que ofrecer el otro recorte que se va a hacer para compensar”, explican en el oficialismo, donde avisan que no dialogarán “de otra manera”.

Oportunamente, las rectoras y rectores de universidades públicas de todo el país planificaron exponer su proyecto presupuestario esta tarde frente a diputados y senadores. La cita será encabezada por el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, junto con el vicepresidente del organismo, Anselmo Torres, y las autoridades de la comisión de Asuntos Económicos.

El proyecto presupuestario incorpora condiciones para el envío de fondos. El Ministerio de Capital Humano podrá interrumpir las transferencias a las universidades que no entreguen en tiempo y forma la información necesaria al Gobierno. “Las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”, colocó como cláusula.

Se trata de un pedido que proviene directo del área de Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias y principal interlocutor del Gobierno con los rectores. En el Gobierno utilizan como argumento principal que las transferencias son adecuadas y que lo que de verdad existe es un derroche de los fondos enviados.

Por otro lado, el reclamo de los gremios docentes y no docentes de las universidades es por la recomposición salarial a lo largo de los últimos años. Números difundidos por esos sectores marcan que todavía queda pendiente la recuperación del 32% del salario perdido desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La semana pasada, los sindicatos organizaron la jornada “La Universidad en la Calle”, con clases públicas y actividades en universidades y plazas de todo el país, en articulación con el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Por caso, la Universidad de Buenos Aires también replicó esa medida con diferentes carpas de sus facultades en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

Un informe de la FEDUN y el CIICTI arroja que los salarios universitarios perdieron un 25% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y requieren una recomposición del 33,4%, mientras que el financiamiento de las universidades nacionales acumula una caída real del 21,9% en el mismo período. Los gremios marcan que el Gobierno debería ampliar en 1,6 billones de pesos el crédito presupuestario vigente para cumplir con la ley este año y casi duplican la cifra de cara al año próximo, dado que las previsiones que tienen para la inflación del 2027 son distintas a las del Ministerio de Economía.

Para el jueves 17 está prevista una manifestación frente al Palacio Pizzurno, en el marco del reclamo por la convocatoria a la paritaria docente y no docente. En diálogo con Noticias Argentinas, Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), confirmó que el oficialismo todavía no convocó a los dirigentes sindicales para discutir incrementos, pese a que este jueves se espera un posible contacto.

El Gobierno volvió a solicitar en el Presupuesto 2027 que exista una trazabilidad mayor sobre la utilización de los fondos. Aun así, los mecanismos que tiene para incidir sobre esta cuestión son acotados. Una de las principales herramientas de control externo la ejerce la Auditoría General de la Nación, que según la Ley 24.156 y la Ley de Educación Superior verifica la gestión de los recursos públicos y la eficiencia de los procesos.

Hasta el momento, la AGN tiene en lista diferentes auditorías que comenzaron este año y que fueron autorizadas por la Comisión Bicameral Permanente Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación. Las Facultades de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Psicología de la Universidad de Buenos Aires; la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de Chilecito, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. En los próximos meses deberán presentar el Plan para el 2027.