Tras la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el Gobierno también logró la media sanción de Inocencia Fiscal II

Tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, en la que también se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo obtuvo la media sanción del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal implementado en diciembre del año pasado. La reforma apuesta a incentivar la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema, cerca de USD 179 mil millones que, según los libertarios, podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía.

Tal como señalaron durante la sesión, el objetivo del régimen era establecer “una relación diferente entre el Estado y quienes trabajan, producen, invierten y generan empleo”. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reforzar la “seguridad jurídica”.

Al momento de la votación, el proyecto del oficialismo obtuvo 139 votos positivos, 110 en contra y 2 abstenciones. Contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el PRO, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad y Por Santa Cruz.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la nueva ley apuesta a “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido su ahorros”. En esa línea, afirmó que “la fiscalización debe perseguir la evasión, pero no puede convertir al contribuyente que cumple en un sospechoso permanente”. También aclaró que si bien se presume la inocencia de los contribuyentes, “no se perdonan los delitos y ni se prohíbe investigar”.

El nuevo proyecto apunta a ampliar el régimen a partir de la eliminación de los topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) que hasta ahora limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Con ese cambio, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

Uno de los puntos centrales del proyecto es precisar bajo qué condiciones ARCA puede impugnar una declaración simplificada. La iniciativa establece que el organismo sólo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” —y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes—. Además, introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.

Por otro lado, el proyecto estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: además de la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás presunciones requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.

Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Durante el debate en comisión, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria. En cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.

Desde la oposición denunciaron que se trata de un blanqueo que será aprovechado por los evasores seriales. “Detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”, argumentó el diputado Martín Lousteau.

Y agregó: “La verdad que podríamos llamarla ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert”.

Por su parte, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) advirtió el proyecto del Gobierno “se le aproxima a un blanqueo” porque “facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal y limita la revisión”.

“Nosotros no rechazamos la simplificación tributaria. No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Sí rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”, sintetizó.