La presión internacional se intensifica para que el régimen de Nicaragua rinda cuentas por desaparecidos

La exigencia internacional para que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por las desapariciones forzadas de presos políticos se intensificó tras una audiencia reciente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Diversas organizaciones, encabezadas por la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ), pidieron que se mantenga una presión constante sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para esclarecer el paradero de al menos siete personas bajo medidas provisionales del tribunal, cuyo destino aún se desconoce.

Según reportó Artículo 66, Claudia Pineda, directora de la AMJ, reclamó la liberación inmediata de quienes permanecen detenidos por motivos políticos y demandó una supervisión firme del tribunal interamericano sobre estos casos.

La audiencia, celebrada la semana anterior y recogida por Artículo 66, reunió a representantes de la sociedad civil nicaragüense en el exilio, quienes acompañan a las familias de los presos políticos.

Pineda instó a la Corte-IDH a exigir al Estado información inmediata y verificable sobre el paradero de los desaparecidos, así como la garantía de contacto privado con familiares y acceso a evaluaciones médicas independientes.

“Esperamos que la Corte mantenga una supervisión firme sobre estos casos y reitere al Estado su obligación de informar de manera inmediata y verificable el paradero de las siete personas”, declaró la activista durante la sesión.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, citado por Artículo 66, advirtió que el régimen se niega a informar sobre el estado de salud o paradero de los detenidos, lo que incrementa el riesgo sobre sus vidas.

Pineda subrayó que la información oficial sigue siendo muy limitada, pues las familias no han podido establecer contacto directo ni acceder a abogados o médicos independientes, lo cual impide determinar con certeza en qué condiciones se encuentran los afectados.

Entre los beneficiarios de las medidas de la Corte-IDH se encuentran Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia, Steadman Fagoth Müller, Carlos Ramón Brenes Sánchez, Ricardo José Mendoza Yrigoyen, Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Larry Javier Martínez Romero. Todos ellos, según la Corte, están en situación de desaparición forzada.

Además, se mencionó la situación de José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete, quienes, a pesar de haber cumplido condena ante los tribunales controlados por el régimen, permanecen en prisión, según lo expuesto ante la Corte-IDH.

El caso de Steadman Fagoth Müller, líder indígena y exasesor presidencial para asuntos indígenas, fue destacado durante la audiencia. Müller fue condenado a 105 años de prisión tras denunciar la invasión de territorios indígenas por colonos, un hecho que, de acuerdo con la denuncia, ejemplifica la severidad de las represalias contra quienes desafían al gobierno de Daniel Ortega.

La Corte-IDH ha emitido 20 resoluciones que exigen la liberación inmediata de las personas protegidas para garantizar su vida e integridad, pero ninguna ha sido liberada hasta el momento.

Siete de ellas permanecen en situación de desaparición forzada, fenómeno que, según explicó Claudia Pineda a Artículo 66, consiste en la privación de libertad por parte de organismos estatales y la negativa posterior del Estado a reconocer la detención o permitir contacto con familiares.

Pineda recalcó la importancia de que la Corte mantenga informados a los demás organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los involucre como parte de los mecanismos de garantía colectiva.

La activista enfatizó que la presión diplomática y política internacional es fundamental para que el Estado nicaragüense acate las órdenes del tribunal y libere a todas las personas presas por motivos políticos.

Durante la audiencia, las organizaciones participantes demandaron también la liberación de personas que ya cumplieron condena y solicitaron al tribunal mantener vigentes las medidas provisionales, así como volver a ordenar la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias.

Artículo 66 informó que la negativa sistemática del régimen a brindar información sobre los presos incrementa la incertidumbre y la gravedad de la desaparición forzada, ya que impide cualquier verificación independiente sobre su estado de vida.

La falta de datos oficiales imposibilita confirmar si los desaparecidos continúan con vida, lo que, según la AMJ, profundiza la angustia de sus familiares. Claudia Pineda concluyó en declaraciones recogidas por Artículo 66 que corresponde al Estado informar de inmediato el destino de estas personas y permitir una prueba de vida independiente y verificable.