La mesa política activa “negociaciones artesanales” con los gobernadores para destrabar el vínculo con las provincias

En el armado nacional de La Libertad Avanza aseguran que en los próximos meses se vendrán acuerdos electorales diseccionados de manera “artesanal”. Es una forma de indicar que no está previsto que estos se consoliden en las próximas semanas, sino que se fabricarán con el pasar de los meses y con un panorama electoral algo más clarificado que en la actualidad.

Lo cierto es que la postura inflexible que parece demostrar el entorno de la presidenta nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, forma parte de una estrategia de negociación con los jefes provinciales. En el armado partidario indican que no descartan competir en los 24 distritos subnacionales, pero eso puede variar sustancialmente en cada caso.

Un costado de esas conversaciones se encuentra paralizado. Aunque el mes pasado hubo una reactivación de los envíos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a seis provincias, el Poder Ejecutivo todavía no transfirió montos ni partidas a ninguna de ellas en lo que va de mes. Diferentes consultores que miran los asientos contables del Estado marcan que esto se podría reanudar con la frecuencia de sesiones legislativas.

En tanto, las negociaciones que encararán los libertarios podrían exceder el reparto de candidaturas y exigir posiciones en el Senado y compromisos sobre fondos y obras, con la mira puesta también en reconstruir una mayoría parlamentaria más estable en los próximos meses.

En ese marco, el jefe de gabinete Diego Santilli recibirá el jueves a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) para discutir tarifas eléctricas, rutas nacionales y temas pendientes del Congreso. La Región Centro reúne al 20 % de la población del país, concentra un tercio del PBI y el 60 % de la superficie agrícola nacional, y llega a la reunión con reclamos sobre energía, “zonas frías” y “zonas cálidas”, aunque sin incluir en esa agenda el debate por las retenciones.

Respecto de estas tres últimas provincias, a Libertad Avanza tiene decidido materializar un acuerdo electoral con Frigerio similar al que se hizo en 2025. Distinto es lo que sucederá con Llaryora, a quien creen que pueden ganarle la gobernación con la candidatura del jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni. Este escenario abre el juego a que el mandatario provincial pueda esbozar un acuerdo con autoridades nacionales del PJ, aunque ese escenario está lejano. En última instancia, Pullaro incrementó sus vínculos con el mileismo, pero no prevé ceder sus lugares en la provincia ya que se considera con fortaleza suficiente para poder disputar los comicios provinciales contra los libertarios y el peronismo.

Mientras que un sector importante de la Casa Rosada advierte que se debe ceder en una buena parte del país con tal de no complicar la construcción de la candidatura nacional de Milei, los armadores libertarios creen que hay margen para negociar con mayor fuerza de cara al año próximo y ampliar el armado territorial en las provincias, con posibilidad de reclamar ministerios, intendencias y espacios de gestión.

La decisión final sobre cada entendimiento está concentrada en la secretaria general Karina Milei, que define hasta dónde avanzar en cada provincia. Eduardo “Lule” Menem aparece como uno de sus principales interlocutores: conversa con mandatarios y dirigentes locales y le acerca a la funcionaria las propuestas que surgen distrito por distrito.

La discusión interna no gira solo sobre con quién acordar, sino sobre cuánto exigir a cambio de sostener a un aliado provincial. La respuesta de fondo que ordena estas negociaciones es política e institucional a la vez. El oficialismo necesita que los pactos electorales con fuerzas aliadas se traduzcan en respaldo legislativo, sobre todo en la Cámara Alta, después de las dificultades que atravesó con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En Balcarce 50 buscan recomponer una mayoría más previsible sobre la base de los senadores libertarios, la UCR y el interbloque Impulso País. El endurecimiento de esos socios llevó por primera vez al oficialismo a abrir la agenda legislativa a proyectos de otras bancadas, en paralelo con los enviados por el Ejecutivo, como gesto para garantizar quórum y sostener negociaciones “ley por ley”.

La prueba inmediata será la sesión del miércoles próximo en Diputados, donde habrá 16 expedientes en el temario y solo cuatro serán del Ejecutivo. Ese orden no es menor: si esas iniciativas no se aprueban, “el resto de los temas no iban a poder avanzar”. La estrategia de Martín Menem en la Cámara baja apunta a sesiones amplias, con asuntos de interés para distintos sectores, para asegurar asistencia y quórum.

Uno de los ejemplos se conoció la semana pasada, cuando el oficialismo firmó dictamen para el proyecto del misionero Oscar Herrera Ahuad que reduce del 21 % al 10,5 % el IVA a la fécula y la harina de mandioca, una actividad vinculada con la economía regional. Otro caso es el sostenimiento de la Ley Joaquín, impulsada por la UCR, para evitar que la sesión se caiga luego del tratamiento de los temas de otros aliados.

La apertura no se limita a Diputados. En el Senado se habilitó la discusión para regular el mercado de carbono a partir de dos proyectos presentados por las senadoras Flavia Royón y Sonia Rojas Decut, y este miércoles continuará el debate.