Córdoba impulsará una ley destinada a bajar los índices de morosidad y refinanciar las deudas

Se trata del programa “Alivio Córdobés”, que propone un circuito financiero que permita a las familias saldar sus deudas y reactivar la economía local

El jefe de Gabinete cordobés, Manuel Calvo; el gobernador Martín Llaryora; y el ministro de Economía cordobés, Guillermo Acosta (X: @MartinLlaryora)
El jefe de Gabinete cordobés, Manuel Calvo; el gobernador Martín Llaryora; y el ministro de Economía cordobés, Guillermo Acosta (X: @MartinLlaryora)
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Después de que el Gobierno nacional sostuviera que la morosidad era “un problema entre privados” y ratificara que no habrá una intervención estatal, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial con la intención de ponerle un fin a “la deuda familiar”.

“Enviaré a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley para poner en marcha el Programa ‘Alivio Cordobés’”, anunció el mandatario por medio de un comunicado emitido en la red social X. Así, la definió como una iniciativa que tiene por objetivo “dar respuesta a una realidad que golpea la mesa de muchos hogares: la angustia de la deuda familiar”.

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“No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando”, describió al remarcar que se trataban de gastos generados por “situaciones cotidianas de la vida de los argentinos”.

En línea con esto, el gobernador de Córdoba subrayó que “el cordobés es emprendedor y cumplidor, pero el sistema financiero actual se volvió imposible: la gente trabaja, paga y cada día debe más”. De acuerdo con su diagnóstico, “así la vida diaria de miles de cordobeses se torna más difícil”.

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Infografía de morosidad por provincia en Argentina con mapa de deudores cada mil habitantes y gráfico de barras de monto adeudado por persona, mediana, a mayo de 2026. Fuente: Analytica
Un mapa y un gráfico de barras ilustran la morosidad por provincia en Argentina, detallando la cantidad de deudores cada mil habitantes y el monto adeudado por persona en mayo de 2026, según datos de Analytica en base al BCRA.

Por este motivo, el proyecto contemplará tres ejes principales. En primer término, se busca “bajar las tasas para poder pagar”, mediante la creación de un esquema de refinanciación junto al Banco de Córdoba y la invitación a la banca privada, con tasas “muy por debajo de las actuales del mercado”.

En el segundo paso, Llaryora indicó que también se permitirá a las familias “unificar sus deudas chicas en una sola cuota previsible, con plazos de hasta entre 24 y 48 cuotas dentro de la misma entidad financiera”. Finalmente, apuntó que no solo se aliviará la vida doméstica, sino que se usarán esos fondos para “mover la economía”.

“Cada peso que una familia cordobesa se ahorra de intereses, es un peso que vuelve de inmediato al almacén de barrio, a la carnicería, o al comercio local”, enfatizó el mandatario. Asimismo, resaltó que aliviar la deuda familiar “no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses”.

Por esto, Llaryora sostuvo que el proyecto se planteó “desde una lógica muy nuestra que es el esfuerzo compartido” y reafirmó: “Acá nadie se salva solo”. Y detalló que “el Estado provincial pone una reducción de la carga impositiva; las entidades financieras deben resignar una parte de su rentabilidad; y las familias aportan su compromiso real de pago a través de una cuota posible”.

El proyecto de ley cordobés propone utilizar parte de esos fondos para reactivar la economía de los comercios locales (EFE)
El proyecto de ley cordobés propone utilizar parte de esos fondos para reactivar la economía de los comercios locales (EFE)

“No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos. No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses”, concluyó el mandatario al presentar la iniciativa.

El Gobierno debate la transparencia del costo financiero y descartó la crisis de morosidad

Mientras que el Gobierno sostiene que la situación “comenzó a revertirse”, el tema de la morosidad fue central en la última reunión de Gabinete. Allí se subrayó la necesidad de que el Costo Financiero Total (CFT) —el importe final a pagar por un crédito— sea más visible, ya que suele no presentarse de manera clara en entidades bancarias ni en billeteras virtuales.

Tanto bancos como billeteras virtuales suelen informar principalmente la Tasa Nominal Anual (TNA), que es inferior al costo real del crédito. El CFT, por su parte, incluye la tasa básica, además de gastos adicionales, comisiones, seguros e impuestos obligatorios asociados.

Este miércoles, el ministro de Economía anunciará nuevas medidas económicas (REUTERS)
Este miércoles, el ministro de Economía anunciará nuevas medidas económicas (REUTERS)

Durante el encuentro, se planteó que “hoy la letra es ilegible”, lo que complica a quienes solicitan préstamos para conocer el monto total a abonar. Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), no hay definiciones sobre eventuales medidas para exigir a bancos y billeteras digitales una mejor visualización del CFT.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles por la mañana para anunciar medidas económicas. Fuentes del Palacio de Hacienda adelantaron a Infobae que estas iniciativas no estarán relacionadas con la morosidad.

Durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Javier Milei recordó que “se está trabajando para mejorar la información y la transparencia en el otorgamiento de financiamiento”, la cual tomaría como base una normativa aprobada durante la gestión de Federico Sturzenegger en el BCRA. Y agregó: “Estamos complementando para que haya una mayor educación financiera”.

En línea con esto, Milei afirmó que los indicadores de mora “no evidencian una crisis” y sostuvo que la situación muestra “señales de mejora”, apoyándose en datos recientes del BCRA. Según esos registros, la morosidad en el sector privado bajó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio, dato que el Ejecutivo utiliza como fundamento para descartar una intervención estatal directa.

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