
Este jueves 27 de agosto está previsto que termine el proceso de consultas con el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha buscado legitimar las reformas constitucionales surgidas de la orden que Ortega dio el pasado 19 de julio para impedir que sus adversarios puedan volver al poder mediante elecciones.
La Juventud Sandinista será el último sector convocado. Después, según el calendario anunciado por Murillo, el 1 de septiembre se presentarán las conclusiones del proceso y el proyecto avanzará hacia su aprobación en primera legislatura por una Asamblea Nacional ampliamente controlada por el Frente Sandinista.
Hasta el 22 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional y coordinador de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, Gustavo Porras, contabilizaba 92.832 participantes de 25 sectores, tanto presencialmente como mediante conexiones virtuales. La meta anunciada es completar 30 encuentros.
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Por las consultas han pasado militares, policías, funcionarios públicos, alcaldes, empresarios, banqueros, mineros, trabajadores de zonas francas, universidades, docentes, estudiantes, comunicadores, artistas, emprendedores, médicos, deportistas, representantes de iglesias, transportistas y comerciantes, entre otros.

Respaldo “unánime”
A un día de su conclusión no se conoce públicamente una sola objeción planteada dentro de las sesiones por alguno de los sectores convocados. Las crónicas oficiales hablan de “respaldo unánime”, “firme respaldo”, “confianza”, “esperanza” y “apoyo”. No hay constancia pública de una propuesta de los participantes que haya obligado a modificar sustancialmente el proyecto.
Una explicación puede encontrarse en la naturaleza misma de los encuentros. Aunque oficialmente se les denomina consultas, Porras estableció desde la primera reunión, realizada con miembros del cuerpo diplomático acreditado en Managua, el alcance que tendrían. “Nuestro objetivo es informativo absolutamente”, dijo.
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Las sesiones tampoco contemplan votaciones, encuestas ni algún mecanismo para registrar posiciones a favor y en contra. La dinámica ha consistido básicamente en la exposición de las reformas por Porras y otros funcionarios, seguida de intervenciones de algunos de los asistentes.
La mayoría de los convocados, además, pertenece a instituciones subordinadas al Ejecutivo, organizaciones oficialistas o sectores que mantienen relaciones regulatorias o económicas con el Estado.
El Ejército, la Policía, los poderes e instituciones estatales, alcaldías, universidades públicas y estructuras gremiales vinculadas al sandinismo forman parte del listado. En el sector privado han participado empresas que dependen de licencias, regulaciones, exenciones, concesiones o autorizaciones gubernamentales.
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La composición de las consultas tiene otra particularidad: entre quienes han representado o acompañado a los sectores convocados están los propios hijos de quienes ordenaron las reformas.

Daniel Edmundo Ortega Murillo ha intervenido por los comunicadores; Camila Ortega Murillo, por las Mipymes y la economía creativa; Laureano Ortega Murillo, por empresarios, inversionistas y otros sectores económicos; y Maurice Ortega Murillo, por los deportistas. Rafael Ortega Murillo estuvo presente en al menos una sesión, aunque no se conoce una intervención suya.
De esa manera, cuatro integrantes de la familia gobernante han defendido públicamente, desde los sectores estatales que coordinan o en los que ejercen influencia, las reformas promovidas por sus padres.
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Daniel Edmundo Ortega Murillo
Uno de los primeros fue Daniel Edmundo Ortega Murillo. El 4 de agosto, el coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía encabezó la representación de comunicadores sandinistas durante la consulta con periodistas, comunicadores y estudiantes de comunicación. No participó prensa independiente,
“Queremos expresar nuestro firme y total respaldo a este Proyecto de Reformas Parciales a la Constitución”, afirmó.
El hijo de Ortega y Murillo sostuvo además que las modificaciones permitirán garantizar “Procesos Electorales Libres, Democráticos y Soberanos” y acusó a los críticos del régimen de promover “terrorismo mediático”, “golpismo” y “fascismo”.
Daniel Edmundo coordina el sistema de medios gubernamentales que ha presentado diariamente las consultas como demostraciones de respaldo popular a las reformas. Es decir, participa como representante del mismo aparato comunicacional encargado de divulgar el proceso y construir su narrativa pública.
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Camila Ortega Murillo
Una semana después le correspondió a Camila Ortega Murillo. El 11 de agosto se realizó la consulta número 12 de las 30 previstas. Los convocados fueron representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas, además de emprendedores creativos e innovadores. Camila participó en su condición de coordinadora general de la Comisión Nacional de Economía Creativa.
“Estamos aquí respaldando con gran firmeza y con mucha esperanza esta Reforma para el Bienestar y la prosperidad de nuestra Nicaragua”, dijo al cerrar la jornada.
Camila presentó el encuentro como una manifestación de participación ciudadana y vinculó expresamente las reformas con la continuidad del modelo político que encabezan sus padres.
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“Esta es una expresión del modelo de participación directa del Pueblo Presidente gracias a ese mandato, esa visión de nuestros copresidentes, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”, afirmó.
“Como hijos que amamos nuestra Patria, como defensores y promotores de la Paz, de nuestra Soberanía y de nuestra Dignidad, tenemos también la responsabilidad histórica de seguir garantizando la Justicia, la Paz y el Bienestar para los presentes y futuras generaciones”.
Y concluyó: “Por eso, respaldamos con firmeza esta Reforma Constitucional y no pudieron ni podrán”.
La frase “no pudieron ni podrán” forma parte de uno de los seis conceptos con los que Porras ha explicado las reformas durante las consultas y remite directamente a la advertencia de Ortega del 19 de julio contra sus adversarios.
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Laureano Ortega Murillo
Laureano Ortega Murillo ha tenido una participación todavía más amplia. Como asesor presidencial para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, ha acompañado consultas relacionadas con empresarios, inversionistas y actividades económicas. Estuvo desde el 27 de julio en la reunión con miembros del cuerpo diplomático y posteriormente apareció en encuentros con empresarios y sectores como la minería.
El 19 de agosto, durante la consulta con representantes del sector minero, presentó las reformas como una garantía para el capital privado. “Con estas reformas se estará dando más seguridad y estabilidad para sus inversiones”, aseguró.
Laureano pidió a las empresas con capital extranjero transmitir fuera del país que Nicaragua ofrece estabilidad, seguridad y reglas claras para invertir, y agradeció a Porras por ejecutar las “orientaciones” de la copresidencia. “Que en Nicaragua, estos procesos electorales, sean definidos por los nicaragüenses, que amamos verdaderamente al país”, afirmó.
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Maurice Ortega Murillo
El cuarto hijo de la pareja gobernante en representar abiertamente uno de los sectores consultados fue Maurice Ortega Murillo. Nombrado en julio delegado de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Deporte, participó el 20 de agosto en la sesión con atletas, entrenadores y promotores deportivos.

“Para nosotros es un orgullo y un honor poder estar participando y aportando desde nuestros espacios de trabajo en el deporte”, dijo. “Tenemos la firme convicción de que la orientación de nuestro comandante Daniel, el pasado 19 de julio, sobre trabajar esta reforma, es clara y es esencial en este momento que vivimos como país y como nicaragüense”, afirmó.
También aseguró que las modificaciones constitucionales permitirán fortalecer “nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y nuestro derecho a elegir en verdadera libertad, sin presiones externas y sin pistolas en la cabeza”.
Otro hijo, Rafael Ortega Murillo, estuvo presente el 4 de agosto en la consulta con los comunicadores. Porras lo identificó entre los miembros de la familia que asistieron junto a Daniel Edmundo, Camila y Maurice. Sin embargo, las transcripciones oficiales revisadas no registran ninguna intervención suya sobre las reformas.
Los otros tres hijos de Ortega y Murillo —Juan Carlos, Carlos Enrique y Luciana— no han sido incorporados públicamente al proceso.
Temor para criticar
La ausencia de críticas públicas dentro de los encuentros contrasta, sin embargo, con lo que algunos participantes han contado después bajo anonimato.
La plataforma Confidencial entrevistó a empresarios, banqueros y otras fuentes del sector privado que asistieron a las reuniones y las describieron como sesiones informativas, no como espacios donde realmente pudieran discutir el proyecto.
“Nadie dijo nada pues todos sabemos que es muy peligroso expresar nuestras inconformidades en voz alta”, dijeron varias fuentes al medio. “Eso fue un asunto de ‘tomarlo o tomarlo. Punto’. Ahí no hubo margen para presentar consideración alguna”, agregaron.
Otro participante relató que algunos empresarios tenían dudas sobre las consecuencias de no asistir porque “sentían temor y hasta riesgo”. Una fuente describió además el mensaje que, a su juicio, recibían los empresarios: recordar que habían hecho dinero con ese Gobierno y que enfrentarlo podía tener consecuencias económicas.
“Ellos presentaban sus planteamientos, pero cuando uno los escucha, encuentra una tergiversación que sería muy fácil desmontar, pero nadie se atreve a confrontarlos por los riesgos que eso significa”, explicaron otras fuentes consultadas por Confidencial.
El único cuestionamiento público relevante registrado dentro del proceso provino del cuerpo diplomático. El embajador de la Unión Europea, Fernando Ponz, preguntó durante la primera sesión si las futuras elecciones contarían con observación electoral independiente. Porras respondió que Nicaragua mantendría únicamente la figura de “acompañantes” electorales.
Orden de Ortega
Las consultas tienen su origen en el discurso pronunciado por Ortega el 19 de julio durante el 47 aniversario de la revolución sandinista. “No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo Ortega en referencia a sus adversarios políticos.
Dos días después, la Asamblea Nacional anunció que comenzaba los análisis para “cumplir con las orientaciones presidenciales”. El Parlamento informó que trabajaría con el Consejo Supremo Electoral en los cambios constitucionales, legales y formales necesarios.
El 27 de julio comenzó el proceso de encuentros con una exposición ante el cuerpo diplomático acreditado en Managua. Al día siguiente, el plenario remitió formalmente la iniciativa a una Comisión Especial de Carácter Constitucional presidida por Porras. El proyecto había sido presentado por 74 diputados sandinistas.
La iniciativa propone períodos de siete años para los cargos electivos y numerosas autoridades estatales, prolonga los mandatos vigentes, constitucionaliza las prohibiciones políticas contra personas calificadas como “golpistas” o “traidores a la patria” y mantiene procesos electorales cada siete años bajo control del Consejo Supremo Electoral. También traslada al 18 de enero la toma de posesión de la Copresidencia.
Durante las consultas, Porras buscó matizar la declaración inicial de Ortega. Sostuvo que el mandatario no había querido decir que desaparecerían todas las elecciones, sino que no volverían a realizarse elecciones que permitieran a los denominados “golpistas” y “traidores” recuperar el poder.
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