La organización Poder Ciudadano Guatemala reúne 5,000 firmas para impulsar una reforma constitucional del sistema de justicia

Poder Ciudadano Guatemala reunió 5.000 firmas en tres semanas para llevar al Congreso una reforma constitucional que modificaría más de 20 artículos y rediseñaría la elección, permanencia y remoción de jueces, magistrados y otras autoridades del sistema de justicia, un proceso que, si avanza, todavía requerirá 107 votos de los 160 diputados y una consulta popular con la mira puesta en las elecciones de 2027.

Aunque anuncian la búsqueda de más firmas, la meta inicial se alcanzó el 26 de julio de 2026, tras trabajo voluntario en 11 departamentos. Más de 300 voluntarios realizaron 31 jornadas de recolección en plazas, parques, comercios y espacios comunitarios, según informó la propia agrupación.

La iniciativa fue impulsada por Edgar Ortiz y su esposa Marjorie von Ahn Scheel. Su punto de partida es un diagnóstico sobre fallas estructurales del modelo vigente, en especial del sistema de comisiones de postulación, que PCG considera expuesto a negociaciones opacas, conflictos de interés y captura por actores políticos, económicos o ilícitos.

Ortiz explicó en un video difundido en las redes de la organización que el artículo 277, literal d, de la Constitución reconoce a cinco mil ciudadanos el derecho a proponer una reforma constitucional al Congreso.

También precisó la siguiente etapa del trámite: “Paso número uno: vamos a recoger por lo menos cinco mil firmas para llevar la propuesta al Congreso. Una vez la presentemos al Congreso, esta debe ser aprobada por ciento siete votos de los ciento sesenta diputados”.

Ese es el núcleo del proyecto: la reforma ya alcanzó el umbral ciudadano para ser presentada ante el Congreso de la República, pero no entrará en vigor sin la aprobación legislativa reforzada y sin ratificación popular. Ortiz añadió que “el pueblo debe aprobar esta reforma en consulta popular” y planteó que el Congreso la avale con suficiente anticipación para incluirla como una sexta boleta en los comicios de 2027.

La propuesta elimina las comisiones de postulación y crea un órgano permanente de siete miembros

Uno de los cambios centrales es la supresión de las comisiones de postulación. En su lugar, la propuesta crea un Consejo de Administración Judicial permanente de siete integrantes.

Tres de esos miembros provendrían de los cuerpos de magistrados de apelaciones, jueces de primera instancia y jueces de paz, mediante concurso público de oposición. Otros tres serían especialistas externos en finanzas o administración pública elegidos por los cuatro consejeros restantes, y uno sería designado por la Corte Suprema de Justicia.

La presidencia de ese organismo se asignaría por sorteo público cada tres años. La reforma también extendería los mandatos de los magistrados de la Corte Suprema de cinco a 12 años, sin reelección y con renovación por tercios cada cuatro años.

En la Corte de Constitucionalidad, el cambio sería más amplio: pasaría de cinco a 15 magistrados distribuidos en tres salas. La renovación sería parcial cada cuatro años, y en la primera integración los mandatos iniciales serían de cuatro, ocho y 12 años, definidos también por sorteo público.

Los magistrados de la Corte de Apelaciones dejarían de ser electos por el Congreso. Pasarían a ser funcionarios de carrera, seleccionados por concurso público de oposición y con estabilidad laboral hasta los 75 años.

La reforma también cambia las reglas para remover al fiscal general

En el caso del Ministerio Público, la propuesta elimina la facultad presidencial de destituir al fiscal general por “causa justificada debidamente establecida”. La agrupación describe esa fórmula como un mecanismo de presión política.

El cargo quedaría sujeto a un régimen uniforme de remoción que solo procedería por condena penal ejecutoriada o por faltas muy graves definidas en la propia Constitución. El procedimiento estaría a cargo de una comisión de cinco diputados elegidos por sorteo.

Von Ahn Scheel sostuvo que las 5.000 firmas son solo el comienzo. “Estamos convencidos de que esta propuesta debe llegar al Congreso con un respaldo aún mayor. Cada firma es una voz ciudadana que exige un cambio”, afirmó.

La organización prevé continuar la recolección durante agosto y la primera quincena de septiembre. Ya programó jornadas en Retalhuleu el 30 de julio; en Jutiapa y Xela el 1 y 2 de agosto; en Totonicapán el 1 de agosto; en Antigua Guatemala el 6 de agosto; y en la zona 10 de la capital el 8 de agosto.

La entrega formal de la propuesta al Congreso está prevista para el 28 de septiembre.