Tras la marcha en reclamo por los fondos, la Universidad Nacional de La Plata anunció otra semana de paro

Luego de que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retomara el dictado de clases en todas sus facultades el miércoles pasado tras la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria, este viernes distintas organizaciones gremiales anunciaron una nueva semana completa de paro.

La medida de fuerza fue confirmada por la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), la Asociación de Trabajadores de La Plata (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), quienes indicaron que se realizará en la semana del 25 al 31 de mayo.

“En el marco de lo definido en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la Conadu, nuestra organización sindical convoca al paro durante toda la semana del 25 de mayo”, informaron al remarcar que el objetivo será visibilizar la situación del sistema universitario y aumentar la presión sobre el Gobierno nacional.

Aunque las actividades académicas regulares de la UNLP se verán interrumpidas por la protesta gremial, desde ADULP señalaron que durante esa semana se realizarán “jornadas de protesta, clases públicas y otras actividades”. Según la información publicada por el medio platense 0221, se mantendrá el reclamo “por paritarias libres, la recuperación de nuestro salario, la actualización de las becas y más presupuesto para la universidad pública y la ciencia argentina”.

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional no diera respuestas oficiales a la marcha multitudinaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación y la ciencia. Asimismo, advirtieron que podrían extender la medida hasta que la situación no se resuelva.

Durante la lectura del acta central, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales denunciaron que la situación de las casas de alto estudio públicas era crítica, tras apuntar que “el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

De la misma manera, señalaron que las transferencias de fondos a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Asimismo, indicaron que las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento no superaron el 64% del valor que tenían antes del cambio de gestión.

Al mismo tiempo que reclamaron por una pérdida del poder adquisitivo del 37,13% respecto del salario docente y no docente, apuntaron contra el congelamiento de las Becas Progresar. Una medida que mantiene los mismos valores que se otorgaban en 2023, pese al incremento de la inflación acumulada del 239,30%.

Desde el Gobierno nacional comenzaron a preparar una nueva convocatoria con las autoridades de universidades públicas para la semana próxima, con el objetivo de discutir la situación de los hospitales universitarios y actualizar el esquema de fondos destinados a su funcionamiento.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Infobae, el Poder Ejecutivo mantiene como base de negociación la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente en la Cámara de Diputados. El proyecto oficial prevé un aumento del 12% en los fondos y la actualización de los gastos de funcionamiento, una medida autorizada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta nueva ronda de diálogo surge tras el desacato del Ejecutivo a los fallos judiciales que ordenaron el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. A ese incumplimiento se suma una reducción de $78.768 millones en el presupuesto y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios, según reportaron fuentes oficiales.

En respuesta al conflicto, el Gobierno busca evitar una intervención de la Corte Suprema de Justicia y aspira a alcanzar un acuerdo que pueda ser homologado judicialmente. “Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, señaló una voz del oficialismo.

La negociación sería instrumentada desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que dirige Alejandro Álvarez. No obstante, todavía no estaría fijada la fecha en la que se realizaría la reunión entre las partes.

Aunque el Gobierno minimizó la movilización que reunió a más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, admitió preocupación por la escalada del conflicto universitario. Por esto, trabajan en la búsqueda de una “diagonal” que permita contener a una parte del sector y evitar mayores tensiones, en un contexto marcado por la falta de consenso legislativo para la aprobación definitiva de la ley.