El Ministerio de Capital Humano apelará el fallo que ordenó continuar con el plan Volver al Trabajo

El Gobierno acatará el fallo judicial que ordenó la continuidad del programa Volver al Trabajo, pero avanzará en paralelo con una apelación para revertir la medida cautelar que frenó su reformulación. La decisión implica, en los hechos, sostener el esquema de transferencias que alcanzaba a más de 900 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $78.000, pese a que el Ministerio de Capital Humano ya había diseñado un redireccionamiento de esos recursos hacia políticas de capacitación laboral y el establecimiento de la doble jornada en escuelas de sectores vulnerables.

La resolución que condiciona la estrategia oficial fue dictada por el juez federal con jurisdicción en Campana, Adrián González Charvay, que hizo lugar a una cautelar presentada contra la eliminación del programa. El fallo obliga al Ejecutivo a mantener vigente el plan en su formato original, al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que “el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación”.

“El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”, continuó el parte de prensa.

Y agregó: “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”.

Un cambio frenado por la Justicia

En la Casa Rosada y en el área que conduce Sandra Pettovello interpretan la decisión como una intromisión del Poder Judicial en el diseño de la política pública.

“Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sintetizó una fuente del Gobierno ante la consulta de Infobae. La definición expone la línea institucional que busca sostener el oficialismo —cumplimiento formal de las decisiones judiciales—, pero al mismo tiempo deja en claro el desacuerdo de fondo con el criterio adoptado por el magistrado.

El eje del conflicto remite a la reconversión de los planes sociales que había comenzado a delinear el Ministerio de Capital Humano. El programa Volver al Trabajo, heredero de esquemas previos de asistencia, tenía —según explican en el Gobierno— un horizonte temporal definido y una lógica de transición hacia el empleo formal. Esa ingeniería quedó interrumpida por la cautelar que firmó González Charvay.

Desde el Gobierno aseguran que el rediseño contemplaba una reasignación integral de la partida presupuestaria. Por un lado, se proyectaba un sistema de vouchers para capacitación, con adhesión de centros formativos en las provincias, orientado a mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. Por otro, se buscaba financiar la extensión de la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables, como mecanismo de intervención temprana sobre la pobreza estructural.

“La reconversión de los planes de trabajo fue cercenada por esta decisión”, señalaron las fuentes consultadas. En esa lectura, la cautelar no sólo interrumpe un cambio administrativo, sino que altera el sentido estratégico de la política social del Gobierno, que intenta correrse de los esquemas de transferencia directa sin contraprestación.

El argumento central que circula en el oficialismo es que la resolución judicial “obliga a usar el dinero en lo que ya existía”, consolidando —según esa visión— un modelo de asistencia que el Gobierno pretende modificar. “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, describieron en términos críticos. La expresión condensa una idea que atraviesa el diagnóstico libertario: la persistencia de programas sociales como un mecanismo que, lejos de resolver la pobreza, la cristaliza.

En ese marco, el fallo es interpretado como un obstáculo directo a la agenda de transformación que impulsa la administración de Javier Milei. “Una vez más, el Poder Judicial termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”, agregaron desde Capital Humano, en una crítica que apunta a la expansión del rol de los jueces en decisiones de carácter presupuestario.

El programa Volver al Trabajo, tal como estaba concebido en la transición, tenía un plazo de ejecución acotado. “Era un esquema que empezaba y terminaba en un período determinado”, explicaron cerca de la ministra. La cautelar, en cambio, introduce un factor de indefinición que, en la práctica, extiende la vigencia del plan sin un horizonte claro de salida.

Esa extensión es leída en el oficialismo como un retroceso respecto del objetivo de sustituir la asistencia por herramientas de inserción laboral. La combinación de capacitación y estímulos a la escolaridad formaba parte de una estrategia más amplia, que ahora queda, al menos temporalmente, en suspenso.

“Le sacaron la posibilidad a los chicos más vulnerables de acceder a más horas de escuela”, plantearon las fuentes, en referencia al componente educativo que iba a financiarse con los fondos del programa. La doble escolaridad aparecía como una de las apuestas centrales del redireccionamiento, bajo la premisa de que la intervención en la infancia tiene efectos de largo plazo más robustos que la asistencia monetaria directa.

En paralelo, el Gobierno avanzará con la apelación del fallo, con el objetivo de revertir la cautelar y recuperar margen de maniobra sobre el diseño de la política social. La presentación judicial buscará cuestionar los fundamentos de la medida y reponer la potestad del Ejecutivo para definir la asignación de partidas presupuestarias.

“Vamos a hacer las presentaciones correspondientes”, confirmaron en Capital Humano. La estrategia combina, así, dos planos: cumplimiento de la orden judicial y disputa legal para modificarla. Es una lógica que el Gobierno ya aplicó en otros frentes, en los que se vio condicionado por decisiones de la Justicia.

Mientras tanto, la continuidad del programa implica sostener el esquema de transferencias tal como venía funcionando. Para el oficialismo, esa situación refuerza un modelo que considera agotado. Para los sectores que promovieron la cautelar, en cambio, se trata de garantizar ingresos en un contexto de alta vulnerabilidad social.

Para la Casa Rosada, el trasfondo del conflicto excede el destino de un programa puntual, sino que lo que está en discusión es el enfoque de la política social: asistencia directa versus reconversión hacia empleo y educación. La cautelar congeló, por ahora, ese cambio.