Renunció uno de los veedores en la AFA y el Gobierno deberá redefinir el control sobre los balances del fútbol

La estrategia del Gobierno para auditar a la Asociación del Fútbol Argentino sufrió su primer cortocircuito interno antes incluso de ponerse en marcha. El abogado Agustín Ortiz de Marco, designado como uno de los veedores que debían supervisar los balances y contratos de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, presentó su renuncia antes de asumir formalmente sus funciones.

La dimisión se produjo en las últimas horas, cuando el letrado fue convocado para iniciar tareas en el marco de la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, declinó el cargo y alegó motivos personales, lo que obligará al ministro Juan Bautista Mahiques a definir un reemplazo en un esquema que todavía no había comenzado a operar.

“Quiero expresar mi agradecimiento por la designación, sin embargo, me encuentro imposibilitado de aceptarla. Motivan esta decisión, cuestiones profesionales y personales que, me impiden asumir dicha responsabilidad (...) reiterando mi agradecimiento, solicito tenga por declinada la aceptación del cargo de veedor y, en la oportunidad factible, se designe a un nuevo profesional para dar cumplimiento a lo solicitado en la resolución citada precedentemente”, estableció su carta de renuncia a la que accedió Infobae.

Lo cierto es que la carta de renuncia que se presentó en las últimas horas ocurrió después de una serie de comunicaciones, citaciones e intercambio de correos electrónicos en los que el abogado convocado para la tarea de veeduría de la AFA demoró una respuesta. Entre marzo y hasta la semana pasada, hubo presentaciones formales de la IGJ solicitando que asumiera el cargo para el que había sido convocado y que, al principio, había aceptado.

La veeduría en la AFA

La “declinación” introduce una señal de fragilidad en un dispositivo que se había sido diseñado como uno de los ejes de supervisión sobre el negocio del fútbol argentino. La salida de Ortiz de Marco no sólo deja incompleta la estructura de supervisión, sino que reabre interrogantes sobre el futuro de esa medida que había sido impulsada por la gestión anterior de la Inspección General de Justicia.

Según pudo saber Infobae, la renuncia se produjo antes de cualquier intervención efectiva sobre la documentación de la AFA. Es decir, el abogado nunca llegó a ejercer el rol para el que había sido designado, en un contexto donde la auditoría todavía se encuentra en fase preliminar.

La designación de Ortiz de Marco no había sido casual. Su nombre integraba la nómina de veedores propuesta por la gestión anterior de la IGJ, encabezada por Daniel Vítolo, en el tramo final de su administración. Ese esquema había sido concebido como parte de una estrategia institucional para revisar en profundidad los estados contables, contratos y circuitos de ingresos de la AFA.

Ortiz de Marco es un abogado con trayectoria en derecho societario y actuación en procesos de fiscalización vinculados a la órbita de la Inspección General de Justicia, mientras que Rubén Miguel Pappacena es contador público y fue propuesto como veedor por su perfil técnico para el análisis de estados contables. Ambos habían sido seleccionados por la gestión de Vítolo al frente de la IGJ como parte del esquema de supervisión sobre la AFA, con roles complementarios: uno enfocado en los aspectos jurídicos y el otro en la revisión económica y financiera.

Cuando Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia, tras el recambio en la cúpula del área, tomó una decisión política relevante: sostener los nombres impulsados por Vítolo. El objetivo fue garantizar la continuidad del proceso de supervisión sobre la AFA, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre la calidad de la información contable presentada por la entidad.

“Para evitar cualquier tipo de suspicacia”, explicó públicamente el propio ministro al justificar la continuidad de los veedores designados por la gestión anterior.

De ese modo, el Gobierno optó por preservar el esquema original y avanzar con los nombres definidos por la IGJ. La idea era sostener el impulso de supervisión sobre la AFA, en un momento en que la entidad se encuentra bajo cuestionamiento por la falta de detalle en sus balances y por sospechas sobre el destino de los fondos.

La veeduría había sido dispuesta por un plazo de 180 días y no implicaba una intervención directa sobre la conducción de la AFA, pero sí habilitaba el acceso a documentación clave: estados contables, contratos comerciales y registros administrativos. El objetivo formal era la elaboración de un informe técnico sobre la situación económica e institucional de la entidad.

Ese proceso se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino, atravesado por investigaciones judiciales, disputas políticas y el volumen de recursos que maneja la AFA.

En ese marco, la continuidad de los veedores designados por la gestión anterior había sido interpretada como una señal de continuidad institucional por parte de Mahiques. Pero la renuncia de Ortiz de Marco introduce ahora un elemento de incertidumbre en esa estrategia.

El abogado era considerado una de las piezas dentro del esquema de supervisión diseñado por la IGJ. Su salida obliga ahora al Ministerio de Justicia a redefinir la integración del equipo que deberá avanzar con la auditoría.

Fuentes consultadas señalan que Mahiques deberá ahora evaluar cómo cubrir la vacante para sostener el esquema de supervisión previsto. La decisión no es menor: implica definir si se mantiene el criterio original de continuidad con los nombres impulsados por la gestión anterior o si se introduce un cambio en la integración del equipo.

La supervisión sobre la AFA se ha convertido en uno de los frentes sensibles dentro de la agenda del Gobierno, en paralelo a investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre el manejo de fondos dentro de la entidad. En ese escenario, el rol de los veedores aparece como una herramienta clave para acceder a información contable y contractual.

Por ahora, el esquema quedó incompleto antes de empezar a operar. Y la primera definición que deberá tomar el Ministerio de Justicia será cómo recomponer la veeduría para avanzar con un proceso que, desde su origen, ya estaba atravesado por tensiones políticas e institucionales.