
La CGT atraviesa todavía una etapa de desconcierto tras no haber podido frenar la reforma laboral (pese a que logró salvar “la caja” que representan las cuotas solidarias) y trata de reperfilar sus próximos pasos para no quedar tan a la retaguardia de la realidad socioeconómica de la Argentina de Javier Milei.
Por lo pronto, su impugnación judicial a la nueva ley laboral fue rechazada por un juzgado del fuero Contencioso Administrativo y tampoco prosperó su apelación: la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a la cautelar pedida por la CGT.
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Esta semana, la CGT presentó un amparo ante el fuero laboral con la intención de que declare la invalidez de 64 artículos vinculados con el derecho colectivo (como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, que la Justicia suspendió cuando figuraba en el DNU 70) por considerar que “vulneran derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional”.

Su única alegría en ese rubro fue cuando un juez de primera instancia frenó este martes el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la medida cautelar responde a una demanda de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) contra el Estado y no de la CGT.
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Por eso en las últimas semanas los líderes cegetistas están buscando reorientar su estrategia con decisiones que les permitan dejar atrás el frustrado (por ahora) objetivo de invalidar la reforma laboral.
La idea que lanzarán en forma inminente es el lanzamiento de un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una suerte de INDEC propio desde donde tratarán con números “confiables” para confrontar con las cifras que elaboran en el Estado. Para eso se firmará un convenio con la UBA, que aportará la metodología y los expertos técnicos que, junto con los asesores cegetistas, elaborarán todos los meses un índice de inflación alternativo y datos sobre empleo y precios de la canasta básica, entre otros.
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Será una forma de salir hacia arriba de un laberinto en el que quedó atrapado por su pelea contra la reforma laboral, que tuvo un final amargo (al menos hasta ahora).
Con esos números en mano, la CGT procurará reunirse con empresarios para armar una estrategia conjunta “en defensa de la producción nacional y de las fuentes de trabajo”, con la clara conciencia de que la economía de Milei provoca crujidos en el sector empleador.
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A la vez, los sindicalistas están convencidos de que contar con estadísticas propias también los ayudará a negociar con mejores fundamentos un período de las paritarias que se perfila áspero porque la pauta del Gobierno es que se cierren acuerdos por debajo de la inflación (2%) y con vigencia mayor a la trimestral.

Algunos dirigentes de la CGT están preocupados por los indicios de crisis económica y, al mismo tiempo, porque está perdiendo la iniciativa en manos del ala dura agrupada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), donde están la UOM, Aceiteros, ATE, Pilotos y las dos CTA, que le disputan a la dirigencia cegetista la presencia en los conflictos laborales y el control de la calle.
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En esa competencia interna, el FRESU les ganó de mano con la idea de tener mediciones propias del Indice de Precios al Consumidor (IPC), canasta básica y el nivel de endeudamiento de los hogares: lo anunció el lunes 9 de este mes. De todas formas, la creación del observatorio es un proyecto que ya tenía el triunvirato de la CGT antes de asumir, el 5 de noviembre pasado.
Mientras, aún no se desperezó la otra vertiente dura del gremialismo que está en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), pero es cierto que perdió poder de fuego cuando tomó distancia de la entidad su anterior titular, Sergio Sasia, que dirige la Unión Ferroviaria, el gremio más numeroso del sector.
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Hay sindicalistas muy desconcertados por un fenómeno que están detectando en sus bases: trabajadores suspendidos o despedidos como consecuencia del plan económico de los libertarios, según aseguran, están más enojados con el pasado (léase gobierno de Alberto Fernández) que con el presente (Javier Milei).
Eso, más el miedo a perder el trabajo, son dos de los factores clave que explican por qué la conflictividad sindical no crece en forma proporcional a los problemas que tienen muchas empresas para sobrevivir en un contexto de fuerte caída de la producción y del consumo.
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Aun así, en la CGT crece la sensación (o el deseo) de que la luna de miel de una parte del electorado con Milei no se extenderá demasiado: el aumento de la desocupación al 7,5%, que se conoció esta semana (y que refleja lo sucedido en el cuarto trimestre de 2025) es un dato que prende las alarmas porque los expertos estiman que esa cifra creció en los primeros 3 meses de este año.

Gran parte del apoyo que tenía Carlos Menem en la sociedad durante su gobierno se diluyó cuando se dispararon los números del desempleo: llegó a su máximo nivel en mayo de 1995, con el 18,4%.
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Los líderes sindicales se preparan para resistir, aunque son conscientes de que, en el fondo, la salida es política: por eso ya se aceleraron los aprestos para definir candidaturas presidenciales competitivas en 2027 que puedan impedir la reelección de Milei.
Aun así, el estigma de la división permanente persigue al gremialismo peronista: hoy, una parte importante de la dirigencia apoya sin fisuras el proyecto de Axel Kicillof para la Casa Rosada, pero otro bloque, donde hay algunas figuras de la CGT, está decidido a apostar a la figura de un “outsider” como el pastor evangélico Dante Gebel.
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