La Provincia de Buenos Aires recibió esta semana la primera señal concreta de la Corte Suprema de Justicia en la batalla por los fondos de la ANSES. Tras meses de reclamos formales y tensión política, la gestión de Axel Kicillof logró que los jueces del máximo tribunal convoquen a una audiencia con representantes de ambas partes, una jugada que el oficialismo bonaerense leyó como el primer avance real en su demanda por la deuda previsional más pesada que mantiene la Nación con el distrito.
La expectativa creció rápidamente dentro del gobierno provincial, que ahora apunta todos sus cañones a la próxima audiencia fijada para el 21 de abril. En ese encuentro, la Provincia volverá a exponer el reclamo por la falta de transferencias de ANSES para la Caja de Jubilaciones bonaerense, una deuda que —según la última estimación oficial— ya supera los $2,2 billones. La apertura del expediente en la Corte encendió la esperanza de que la disputa finalmente se resuelva en favor del distrito y represente un cambio decisivo en la relación de fuerzas con el Gobierno nacional. “Creemos que nos fue bien. Nuestra argumentación fue sólida y Nación se comprometió a trabajar en el caso. Veremos”, planteó a este medio una fuente provincial que sigue el tema.
La estrategia bonaerense no solo recae sobre el gobernador y el ministro de Economía: el equipo que lidera la defensa provincial ante el máximo tribunal está integrado por el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti; el propio Pablo López y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Ellos fueron quienes argumentaron ante los jueces y detallaron el peso de la deuda previsional que ya supera los $2,2 billones.
La tensión política que rodea el caso quedó expuesta ese mismo martes, cuando Axel Kicillof mencionó el reclamo en público durante la presentación del Centro de Estudios Derecho al Futuro. Con un dejo de ironía, el gobernador pidió “un aplauso para la Corte” al referirse a la apertura de la instancia judicial, enviando un mensaje claro sobre la importancia que el gobierno bonaerense asigna a la demanda previsional y al gesto del máximo tribunal.
Tras la audiencia, López resumió la expectativa de la provincia: “Pudimos plantear nuestro reclamo en relación con la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra provincia por el sistema jubilatorio provincial. Es una deuda que ya supera los dos billones de pesos. Hemos planteado nuestros argumentos. Se ha fijado una nueva audiencia para el 21 de abril, donde el Gobierno Nacional se comprometió a trabajar y esperemos que lleguemos al 21 de abril con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este problema existente, que es que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con los fondos que debería transferir a la provincia de Buenos Aires”.
El funcionario remarcó el esfuerzo fiscal que representa para la provincia: “El perjuicio no es solamente fiscalmente para la Provincia de Buenos Aires”. Y agradeció el espacio concedido por la Corte Suprema: “Poder tener un espacio como este, agradecemos a la Corte Suprema que nos haya dado esa posibilidad”.
La expectativa bonaerense se sostiene en un dato clave: la demanda por la transferencia de fondos de ANSES es, por ahora, la única que recibió este gesto de atención judicial, mientras que el resto de los planteos —como el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y el Fondo de Compensación al Transporte del Interior— siguen en lista de espera en el máximo tribunal. El propio López lo subrayó: “Son más demandas las que tenemos contra el Gobierno Nacional. Son siete demandas ante la Corte Suprema y esperemos que se pueda ir avanzando para que el Estado Nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra provincia”.
El razonamiento que inclinó la balanza quedó expuesto en la decisión de los jueces: “La magnitud y especificidad del reclamo previsional ameritan un tratamiento diferenciado y urgente frente a otras demandas por fondos nacionales”. Así, la causa por ANSES se transformó en la principal vía de presión de la provincia mientras el resto de los reclamos permanecen en un limbo judicial.
El punto nodal fue el Decreto 280/2024. La decisión de Casa Rosada abrió la disputa con varias provincias, entre ellas Buenos Aires, por el recorte de fondos destinados a sus cajas previsionales. Es que la decisión de derogar los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701 activó el conflicto, ya que estos artículos garantizaban la llegada regular de fondos nacionales a las cajas provinciales no transferidas. La demanda bonaerense busca revertir el recorte y que se restablezca el mecanismo de transferencia automática, mientras el gobierno nacional sostiene que la medida responde a la necesidad de ordenar las cuentas públicas y revisar los criterios de financiamiento de los sistemas previsionales provinciales.
Por eso, el 21 de abril aparece como una fecha de alto voltaje que además es seguida por otras administraciones provinciales.
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