
Leonardo Airaldi declaró este martes en el juicio que afronta por narcotráfico. A pocos metros de él, se encontraba el fiscal José Candioti, una de las tres personas que el acusado habría planeado asesinar, según el testimonio de un recluso, que derivó en una nueva investigación sobre el ex presidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante.
El acusado fue trasladado este martes desde el penal de máxima seguridad de Ezeiza a Paraná. Para ello, se dispuso un fuerte operativo. El esquema incluyó un vehículo blindado. Airaldi llegó custodiado por agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), la tropa de élite del Servicio Penitenciario federal.
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El objetivo era que cumpliera con su identificación en el debate. Además, tendría la chance de declarar en el juicio que se le sigue en el Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana. Enfrenta cargos por organizar y financiar una banda narco y por almacenar estupefacientes.
Por otro lado, la investigación por el plan criminal para asesinar a Candioti, al juez federal Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recién da sus primeros pasos en Gualeguaychú. La pesquisa está a cargo del fiscal Pedro Rebollo.
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Luego de que Noemí Berros, presidenta del TOF, terminó con las preguntas de rigor, el acusado pidió hablar. “Aprovecho para solidarizarme con el fiscal Candioti”, soltó. El funcionario judicial no se inmutó, aunque la frase cortó el ambiente de la sala.
En un cuarto intermedio posterior, el comentario nervioso que circulaba era que el acusado no negó el complot, sino que se solidarizó con una de las víctimas potenciales. Las expresiones, en rigor, confirmaban la existencia del plan criminal. En Diamante se comenta que el acusado es una persona de hablar de más. Ahora podría haber cometido el mismo error.
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“En ningún momento se me ocurrió hacer una amenaza a él o a otra persona”, agregó Airaldi. “Lo que más amo es la vida y jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a nadie”, completó.

El acusado se sentó junto a otros imputados. En todo momento tuvo colocado su chaleco antibalas A su lado, se apostó un integrante del GEI. La entrada y salida de la sala de audiencias implicó un despliegue inusitado. Airaldi entró esposado por la espalda. Lo escoltaba un grupo de agentes del GEI protegidos por escudos antibalas y cascos. Al frente iba otro uniformado con un arma larga.
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El plan criminal que habría diseñado el acusado se conoció el viernes 20 de febrero. Una semana después se lo declaró preso de alto riesgo a pedido de la Justicia. Esto motivó su traslado desde la cárcel de Gualeguaychú, una granja penitenciaria provincial, al penal de Ezeiza. Allí pasa sus días en aislamiento.
El principal acusado fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante, una localidad ubicada a 40 km sur de Paraná. Su familia tenía actividad agropecuaria desde hacía décadas en esa zona.
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En qué consiste el supuesto complot
Otro preso por narcotráfico fue quien reveló a la Justicia el presunto plan criminal. Se trata de Daniel “Tavi” Celis, otro capo enfrentado con Airaldi. Ambos convivían en el Pabellón “E” de la cárcel de Gualeguaychú. Allí están los condenados y procesados por la Justicia federal por causas vinculadas al narcotráfico.
Según Celis, Airaldi se habría jactado de haber contratado sicarios uruguayos para liquidar a Candioti y Ríos. El lugar de ejecución sería Punta del Este. Con ese fin, habría pagado USD 40 mil. La razón es que ambos funcionarios judiciales habrían actuado en las causas por las que sería sometido a juicio, consignó en su declaración.
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Además, el esquema criminal también comprendía la ejecución de Roncaglia. Antes de ser ministro de Seguridad, el funcionario provincial ocupó la Jefatura de la Policía Federal y, en forma previa, la de Drogas Peligrosas de la fuerza.
Celis hizo esta revelación ante el fiscal federal Pedro Rebollo sin solicitar ninguna medida de resguardo. No pidió, por caso, ser testigo protegido. Lo mismo ocurrió con otros dos internos que declararon en igual sentido.
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Tres a cero

Durante la audiencia, la jueza Berros informó que el cuerpo había tomado la decisión de habilitar la participación de la PROCUNAR como órgano acusador. La Fiscalía especializada en narcocriminalidad se había presentado al juicio con su titular, Diego Iglesias. La defensa de Airaldi, a cargo de Mariana Barbitta, impugnó su presencia.
El TOF consideró que no debía “invadir las atribuciones” del Ministerio Püblico Fiscal. Tampoco le competía “inmiscuirse en las decisiones que, en el ejercicio de sus facultades legales, ha adoptado el Procurador General de la Nación” al designar a Iglesias, detalló Berros al comunicar la decisión.
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En ese orden, el Tribunal consideró una atribución del MPF asignar “dos o más” de sus integrantes para participar en el debate. Esto se gritó como un gol en la Procuración. Es que otros Tribunales Federales han limitado a un par de fiscales las acusaciones en los juicios. Algunos son procesos relevantes, como el caso del ARA San Juan en Santa Cruz.
La voz áspera de Berros resonó una vez más en la pequeña sala de audiencias. Fue para anunciar que se había rechazado la nulidad del procesamiento y del requerimiento de elevación a juicio de las dos causas contra Airaldi. Estas eran las últimas acciones que tenía la defensa para frenar el enjuiciamiento. Por eso Fiscalía festejó como una goleada 3 a 0 las decisiones del Tribunal.
Fueron, en total, casi 9 horas de debate. La próxima audiencia será el jueves 26 de marzo. Airaldi seguirá las alternativas por videoconferencia desde Ezeiza.
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