
El paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que afectará a más de 27 aeropuertos de la Argentina entre el 18 y el 24 de marzo se convertirá en el primer test para la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales contemplada en la flamante Ley 27.802 de Modernización Laboral.
El escenario que se perfila con este conflicto, motivado en reclamos salariales, es de alta tensión: de un lado, el Gobierno está dispuesto a exigirle al sindicato que garantice el 75% de servicios mínimos cuando haga las huelga, como prevé la nueva ley, pero el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió a Infobae que “no estamos obligados a cumplir una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional”, por lo que llamó a “desobedecerla en los sectores del trabajo”.
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El dirigente, que pertenece al ala dura agrupada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), resaltó que “está por interpretarse qué son los servicios mínimos” y que “ahora entramos en un proceso de reglamentación (de la ley) en el que por unos meses va a estar todo en la nebulosa”, pero puntualizó: “Vamos a hacer el paro en las mismas condiciones que lo hacíamos antes de la ley”.

En el Gobierno, la interpretación es distinta: uno de sus máximos funcionarios aclaró a Infobae que algunos artículos de la Ley 27.802 “no requieren reglamentación alguna, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, el límite del 2% para cuotas solidarias y la regulación de las huelgas en los servicios esenciales", por lo que confirmó que se exigirá a los sindicatos que “respeten” la ley.
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¿Qué dice el texto de la reforma laboral? En el artículo 98, que sustituye el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificaciones, afirma lo siguiente: “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.
“En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 % de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Y agrega que “se considerarán servicios esenciales en sentido estricto” una serie de actividades entre las cuales figura expresamente “la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo”.
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ATE anunció los paros que afectarán los aeropuertos en reclamo del pago de aumentos salariales para los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que denuncia como incumplidos.
Las protestas tendrán lugar los días 18, 19, 20, 23 y 24 de este mes y la suspensión de actividades se dividirá en dos tramos: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante estas franjas, según se informó, no se realizarán tareas habituales salvo en los sectores exceptuados, como los empleados de bomberos, Sanidad y determinados controles operativos, que no se plegarán a los paros.
El conflicto que viene en el sector aeronáutico contrasta con lo sucedido en la provincia de San Juan, donde los gremios docentes levantaron el paro de 48 horas previsto para este miércoles y jueves ante la advertencia del gobierno de Marcelo Orrego de que no estaban cumpliendo con la Ley 27.802 porque debían haber avisado con 5 días de antelación a la huelga de un plan de acción para dar continuidad al servicio esencial.
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Con respecto a ese punto, Aguiar dijo que “los servicios aeroportuarios ya fueron declarados esenciales a partir de un decreto de Milei, por lo que cualquier huelga hay que comunicarla con 48 horas de anticipación, pero tratándose de servicios aeronáuticos, con 5 días de anticipación, y nosotros venimos cumpliendo todo aun en el marco de la reforma laboral aprobada”.
“Con el asesoramiento del equipo jurídico, vamos a ir al máximo posible y por supuesto que luego tendremos que discutir judicialmente qué significa servicio mínimo”, admitió el titular de ATE, para quien “este conflicto en el sector aeronáutico será una buena oportunidad para ver cómo va a reaccionar una y otra parte”.
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Aguiar fue terminante: “No creemos que la solución ante la reforma laboral sea administrativa. Creemos que la tenemos que revertir estando en la calle y llamando a la desobediencia en los sectores de trabajo”.
”Así como el Gobierno se niega a cumplir algunas leyes que emanaron del mismo Congreso, como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, nosotros con más razón no estamos obligados a cumplir una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional", concluyó el líder de los estatales.
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