La CGT presentó este viernes una acción de amparo judicial para frenar la aplicación de varios artículos de la recién promulgada reforma laboral impulsada por Javier Milei: en su presentación, advirtió que el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires podría generar un colapso judicial y afectar a miles de causas en trámite y empleados.
La denuncia de la central obrera, que cuenta con la firma de su triunvirato de conducción, constituye el primer paso en una estrategia legal más amplia para rechazar aspectos centrales de la ley aprobada durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
La acción judicial fue sorteada a favor del Juzgado Contencioso número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que a comienzos de 2024 rechazó dos amparos contra el DNU 70/2023.
En la presentación, la CGT cuestiona la constitucionalidad del traspaso del fuero laboral nacional a la justicia porteña y señala que el convenio que habilita esta transferencia fue aprobado sin intervención de la Comisión Bicameral exigida por la Ley 24.588, lo que, aseguran, vulneraría el principio de juez natural y dejaría a trabajadores y empleados judiciales en un estado de incertidumbre.
Según la central obrera, el traspaso implicaría el cierre inmediato de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, con la posibilidad de una futura eliminación total del fuero laboral nacional. A esto se suma la preocupación por el impacto en miles de causas y la situación laboral de empleados y funcionarios judiciales, que quedarían sujetos a nuevas autoridades y reubicaciones en la órbita de la justicia porteña, en un distrito gobernado por el PRO.
El artículo 91 de la reforma laboral contempla la transferencia basada en el acuerdo firmado el 9 de febrero de este año entre el gobierno de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, y la administración nacional de Milei. La CGT sostiene que esa aprobación se dio en sesiones extraordinarias y sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales vigentes para este tipo de traspasos, lo que, resalta la central obrera, fue advertido por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La presentación judicial actual difiere en su enfoque a la táctica que aplicó la central obrera contra el DNU 70 en diciembre de 2023, aunque mantiene cierto paralelismo. En aquella oportunidad, los sindicatos presentaron múltiples denuncias en juzgados de primera instancia, lo que facilitó que la Cámara del Trabajo suspendiera parcialmente el decreto y la cuestión escalara hasta la Corte Suprema, que nunca emitió un fallo definitivo. Ahora, la CGT prevé presentar otra cautelar en el fuero laboral y promover acciones individuales de los gremios en los tribunales.
El nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, será el encargado de defender la posición del Estado en esta controversia legal que comienza.
La demanda judicial presentada por la CGT se concentra en la cuestión de la transferencia del fuero y omite deliberadamente otros aspectos de la reforma laboral que generaron debate, como las modificaciones en indemnizaciones, los períodos de prueba, la limitación del derecho de huelga y la ampliación de las jornadas de trabajo hasta 12 horas, entre otros puntos.
El lunes pasado, la CGT realizó una marcha frente al Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación judicial, que se presentó ahora porque esta mañana se promulgó la ley de reforma laboral, que lleva el número 27.802, con su publicación en el Boletín Oficial.
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