La investigación judicial por la muerte de más de un centenar de pacientes, a causa de la administración de fentanilo contaminado HLB Pharma en hospitales y clínicas en varias provincias, sumó en las últimas horas nuevos estudios ordenados por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata y la decisión de la Cámara Federal de rechazar los pedidos de prisión domiciliaria para los principales imputados.
El expediente se encuentra en una fase clave, en la que el Cuerpo Médico Forense (CMF) examina un nuevo paquete de historias clínicas de pacientes internados fallecidos por el tratamiento que recibieron con el medicamento adulterado y coordina entrevistas con sobrevivientes, mientras la justicia avanza en la consolidación de pruebas que podrían agravar las acusaciones.
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El juez federal Ernesto Kreplak solicitó al CMF la revisión de las últimas historias clínicas de pacientes fallecidos y la realización de entrevistas médicas a los 48 pacientes que sobrevivieron a la infección bacteriana y fueron dados de alta.
La tarea no es sencilla, los sobrevivientes residen en Formosa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario y Santa Fe, y en algunos casos debieron ser localizados porque se habían mudado. Algunos de ellos fallecieron por otras enfermedades.
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En paralelo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, dispuso rechazar las solicitudes de arresto domiciliario presentadas por la defensa del director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Maiorano. Lo propio hizo la Cámara de Apelaciones de La Plata con Diego García, directivo de esa empresa y Ramallo SA y hermano de Ariel García, el propietario de esas empresas, también procesado con prisión preventiva. Otro de los detenidos es Javier Martín Tchukrán. El expediente principal ya supera las 7.000 fojas y sigue sumando peritajes e informes médicos.
La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 e investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 48 sobrevivientes por la aplicación de ampollas del anestésico contaminado con bacterias multirresistentes. El caso se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes de ampollas al detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.
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El proceso de investigación incluyó estudios bacteriológicos a cargo del Instituto Malbrán, que detectaron la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica en las ampollas. El análisis de las historias clínicas por parte del CMF permitió determinar que en 52 de los 77 casos ya estudiados existió infección asociada al fentanilo adulterado y que la exposición a estos gérmenes incrementó el riesgo de muerte, particularmente en pacientes con cuadros clínicos complejos.
El juzgado de Kreplak pidió a los peritos médicos determinar con precisión las secuelas físicas y mentales de los sobrevivientes, así como la magnitud del riesgo de muerte aumentado en los fallecidos. La instrucción incluyó la revisión de documentación consolidada en legajos digitales, con acceso para todas las partes a través del sistema institucional del juzgado. El informe del CMF resultará determinante para definir el número total de delitos a imputar y la responsabilidad penal de los acusados.
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En el expediente, también fueron procesados con prisión domiciliaria Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo. Otros ocho responsables de HLB Pharma y Ramallo S.A fueron procesados sin prisión preventiva, incluidos encargados de producción y control de calidad.
La expectativa de pena para los imputados varía de 10 a 25 años de prisión por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración peligrosa para la salud. La cantidad de víctimas fatales podría aumentar según los nuevos peritajes, ya que el juzgado tiene bajo investigación 159 muertes en los que la presencia de microorganismos quedó probada.
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El caso es considerado uno de los mayores desastres sanitarios en la historia argentina, en una escala similar a la tragedia de Once y el incendio en Cromañón. El avance del expediente hacia la definición de responsabilidades penales y la posible elevación a juicio oral dependerá de los informes finales del Cuerpo Médico Forense y las resoluciones pendientes en las instancias judiciales superiores.
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