El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, contó detalles estremecedores sobre un presunto plan narco para asesinarlo a él, al juez federal Leandro Ríos y al fiscal Ignacio Candioti que intervinieron en causas contra el capo narcotraficante Leonardo Airaldi. La investigación, que quedó caratulada como “amenazas y plan de atentado”, se tramita en el Juzgado Federal de Gualeguaychú y tiene como principales impulsores al juez Hernán Viri y al fiscal Pedro Rebollo.
Según confirmó el propio Roncaglia, la información surgió a partir de los testimonios de tres internos alojados en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Entre ellos se encuentra Gustavo “Tavi” Celis, otro detenido con antecedentes por narcotráfico, quien pidió audiencia con la Justicia y declaró sin reserva de identidad.
“Dieron la cara, dieron su nombre y contaron lo que se estaba planificando dentro de la Unidad 9”, destacó el ministro al ser entrevistado en Radio Mitre.
La denuncia encendió todas las alarmas en el Gobierno provincial. “Cuando asumimos en 2024, trajimos como objetivo combatir el narcotráfico. Estas son las consecuencias de pisar callos”, sostuvo Roncaglia, quien remarcó que el trabajo conjunto con la Justicia Federal permitió avanzar en investigaciones que hasta entonces parecían intocables.
El plan de venganza
De acuerdo a los testimonios recogidos, el autor intelectual del plan sería Airaldi, detenido y próximo a enfrentar un nuevo juicio oral. El narcotraficante habría manifestado su intención de vengarse del juez federal Leandro Ríos, quien instruyó una de las causas en su contra, y del fiscal federal Ignacio Candioti, responsable de sostener la acusación en el debate oral.
El esquema incluía la contratación de sicarios uruguayos para ejecutar los crímenes en Punta del Este. Sin embargo, los funcionarios judiciales nunca viajaron al país vecino, lo que frustró esa parte del plan.
El ministro contó que, de acuerdo con los testimonios recogidos en la Unidad Penal 9, los organizadores del atentado habrían avanzado en contactos con personas en Uruguay y que incluso “se hablaba de un pago de alrededor de 40 mil dólares por los crímenes”. En ese marco, mencionó una frase que le atribuyen a uno de los detenidos: “Asesinarlos acá salía más caro”.
Roncaglia lo relató con una mezcla de asombro e ironía, pero subrayando la gravedad del trasfondo: la naturalidad con la que se hablaba de precios, logística y contratación internacional para ejecutar a funcionarios públicos. Según explicó, no habría aún identificación concreta de los supuestos sicarios, pero sí indicios de contactos y de un anticipo de dinero.
Pero la amenaza no terminaba allí. Roncaglia también figuraba entre los objetivos. “Habían hecho inteligencia sobre mí. Este año salí en moto, solo, a una quinta a diez kilómetros de Paraná. Eso lo sabían. Cuando escuché ese dato dije: ‘Esto es real’”, relató el ministro. Según explicó, el atentado en su contra contemplaba un operativo con dos vehículos: en uno irían los sicarios y en otro transportarían un recipiente con cal para eliminar cualquier rastro biológico tras el crimen.
La minuciosidad de los detalles —incluidos movimientos habituales del funcionario— otorgó credibilidad a los dichos de los internos. “No es que uno diga que son gajes del oficio. No tendría que pasar. Da bronca, porque lo único que estamos haciendo es enfrentar actividades ilícitas que tanto daño producen”, expresó.
Un narco que se creía intocable
Roncaglia repasó además el origen de la causa contra Airaldi. El acusado, empresario ganadero y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, operaba en la zona comprendida entre Paraná, Victoria y Diamante. Según el ministro, mantenía vínculos con organizaciones criminales de peso, entre ellas la banda rosarina conocida como Los Monos.
“Se creía intocable. Cuando fue detenido dijo que era un trámite y que en pocos días salía”, recordó. Sin embargo, la acumulación de pruebas y la conexidad con otros secuestros de droga —entre ellos un cargamento de 30 kilos de cocaína incautado en Santa Fe— complicaron su situación procesal.
En 2024 se realizaron 40 allanamientos simultáneos y fueron detenidas más de una docena de personas. Desde entonces, Airaldi permanece alojado en la UP9, en un pabellón destinado a internos federales. La convivencia con otros capos narco generó tensiones internas que, según las fuentes, habrían precipitado las revelaciones.
“Mañana se inicia el juicio contra Airaldi y compañía”, indicó Roncaglia. El traslado a un penal federal de máxima seguridad, posiblemente en Ezeiza, fue solicitado, aunque la decisión final dependerá del tribunal oral que intervenga.
Custodias reforzadas y cooperación internacional
Tras conocerse la amenaza, se dispuso el refuerzo inmediato de las custodias del ministro y de los funcionarios judiciales. La Policía Federal asumió la protección directa del juez y el fiscal, mientras que la Policía de Entre Ríos actúa en apoyo. Los internos que declararon también fueron aislados para resguardar su integridad.
Consultado sobre la posible conexión con organizaciones extranjeras, Roncaglia recordó antecedentes de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Durante su etapa como jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, participó en el operativo “Bovinas Blancas”, que permitió incautar más de dos toneladas de cocaína en Bahía Blanca y desarticular una red vinculada al cartel mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
“Los tentáculos del narcotráfico están en todo el mundo. Es un negocio criminal que mueve muchísimo dinero y hay que estar atentos”, afirmó.
La causa por amenazas y plan de atentado continúa en plena etapa investigativa. Mientras tanto, el Gobierno provincial exhibe el caso como una muestra de que el avance sobre las estructuras narco genera reacciones violentas, pero también resultados concretos. “Seguimos trabajando. No nos van a amedrentar”, concluyó Roncaglia.
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