Mario Godoy enfrenta dos investigaciones penales tras su destitución de la Judicatura de Ecuador

La destitución de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) abrió una nueva etapa de presión política y judicial sobre la institución que administra el sistema de justicia en Ecuador. A pocos días de que la Asamblea Nacional lo censurara y dispusiera su salida inmediata del cargo —con una sanción adicional de inhabilidad para ejercer funciones públicas por dos años—, la Fiscalía confirmó que el exfuncionario es objeto de dos investigaciones penales en curso, ambas aún en fase previa y bajo reserva.

Según Ecuavisa, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, ratificó que existen dos expedientes que involucran a Godoy y que se tramitan como investigaciones reservadas. En ese contexto, explicó que uno de los procesos se sustancia con fuero de Corte Nacional y que, además del presunto tráfico de influencias, incluye hipótesis penales más amplias como delincuencia organizada, fraude procesal e intimidación.

En paralelo, Expreso reportó una “segunda investigación” y ubicó el anuncio dentro de dos indagaciones previas: una en la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción por presunto tráfico de influencias y otra que, por el fuero del exfuncionario, se concentraría en el despacho del titular del Ministerio Público y abarcaría sospechas más graves.

El primer frente penal, de acuerdo con Ecuavisa, se origina en una denuncia del exdiputado Jorge Moreno. En esa acusación, Moreno sostiene que Godoy habría llegado a la presidencia del CJ “en medio de irregularidades” y que, ya en funciones, habría operado junto con su esposa Dolores Veintimilla y otras personas una presunta estructura para obtener beneficios económicos desde el cargo.

La segunda línea de investigación está vinculada a un caso que tuvo impacto público y alimentó el juicio político: la denuncia de presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano. Ecuavisa indicó que Alarcón confirmó que la investigación por presunto tráfico de influencias que se sigue contra Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura, por esas supuestas presiones también involucra a Godoy. El fiscal añadió que la Fiscalía actuará “en estricto derecho” cuando cuente con los “elementos de convicción” necesarios para una imputación.

El expediente de Serrano permanece bajo reserva. Según la misma publicación, mientras no exista formulación de cargos, la información del caso es reservada, incluido el caso del juez, que —según el reporte— está en manos de la Fiscalía desde el 20 de enero. En una nota anterior, Ecuavisa había señalado que, pese al tiempo transcurrido desde la denuncia, no había resultados públicos.

En el plano político, la censura y destitución de Godoy fue oficializada por la Asamblea Nacional el 18 de febrero, en una sesión en la que el Legislativo sostuvo que correspondía la salida del entonces titular del CJ. La resolución se adoptó en un contexto de cuestionamientos cruzados sobre el rol del Consejo de la Judicatura en la administración del sistema judicial —incluida su capacidad para disciplinar, nombrar y gestionar jueces— y sobre la forma en que el conflicto institucional podía impactar en la independencia judicial.

Godoy, por su parte, negó haber intervenido en el caso Serrano y afirmó que no tuvo conocimiento de las supuestas presiones atribuidas a su subalterno hasta que el tema se hizo público; entonces, dijo, pidió la renuncia del funcionario y puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía, según un reporte de El Universo sobre el desarrollo del juicio político.

Las investigaciones penales anunciadas colocan ahora el foco en dos planos: por un lado, el presunto uso de influencia o redes para obtener beneficios o incidir en decisiones desde la cúpula del CJ; y, por otro, la denuncia de presiones sobre un juez anticorrupción, un elemento especialmente sensible para la confianza ciudadana en el sistema de justicia. En ambos casos, la Fiscalía ha insistido en que la etapa actual es previa y que cualquier avance procesal dependerá de la obtención y validación de elementos probatorios dentro del marco de reserva que rige estas indagaciones.