Diputados debate en el Congreso la Ley Penal Juvenil. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. La propuesta alinea la legislación nacional con la tendencia de algunos países de la región. Al mismo tiempo, genera un amplio debate legislativo y social. En Infobae en Vivo Al Mediodía brindaron detalles acerca de qué territorios disponen de una normativa similar.
“El proyecto que están discutiendo en este momento en la Cámara Baja fija en catorce años la edad de imputabilidad”, explicó Federico Mayol durante Infobae en Vivo Al Mediodía. El proyecto legislativo busca modificar el sistema vigente, que fija la imputabilidad desde los dieciséis años, para situarla ahora en una cifra debatida regionalmente.
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La propuesta, según precisó el periodista, se inscribe en un contexto regional: “Catorce años es lo que rige en países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. En Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la edad es aún menor: doce años”, detalló Mayol.
De acuerdo con el profesional, “la tendencia regional es hacia edades más bajas de imputabilidad penal”. Aclaró que cada país introduce matices según la gravedad del delito y los sistemas de protección a la infancia.
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Por otro lado, si se observan los países europeos, muchos disponen de una ley similar al proyecto tratado este jueves en la Cámara Baja. En el caso de España, desde el año 2000 que la edad punitoria descendió hacia los 14, pero la legislación no admite que los menores que delinquen afronten sanciones penales.
Asimismo, las normativas de Italia, Austria y Alemania podrían contemplar una penalización, si se demostrara que el adolescente juzgado estaba en plena consciencia de sus actos y pudiera ser capaz de comprender la gravedad de los mismos. Además, el régimen penal aplicado a menores de edad en Inglaterra comparte cierta similitud con estas condiciones, salvo que la definición de minoridad varía entre los 10 y los 17 años.
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Modificaciones en la ley
Sobre los alcances concretos del proyecto, Mayol describió: “Se privilegian medidas complementarias o no privativas de la libertad. Por ejemplo, prestación de servicios a la comunidad, prohibición de conducir o de salir del país, siempre y cuando el delito no sea un homicidio ni haya víctimas graves”. Además señaló: “El texto fija una pena máxima de quince años para los menores, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena”.
Continuamente, Mayol analizó los desafíos de aplicar la normativa en la práctica. “La discusión no es solo la edad, sino qué condiciones materiales existen para que la ley se cumpla”, advirtió. Y planteó las dudas presupuestarias: “El presupuesto destinado es de veintitrés mil millones de pesos”, e interrogó si ese monto permitirá contar con los recursos y el personal especializado para alojar a los menores adecuadamente y ofrecerles tratamientos contra las adicciones.
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