El Gobierno busca terminar con la prisión domiciliaria de Milagro Sala y que cumpla su condena en la cárcel común

A pocos días de haberse cumplido 10 años de su detención, el Gobierno solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el fin de la prisión domiciliaria de Milagro Sala, quien permanece bajo ese régimen desde 2017 en cumplimiento de una disposición del tribunal internacional. El pedido oficial busca que la dirigente social jujeña pase a cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común.

La solicitud fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que alegó que la solicitud responde a que Milagro Sala, exlegisladora provincial y referente de la Organización Barrial Túpac Amaru, fue condenada por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. La sentencia firme establece una pena de quince años de prisión e inhabilitación absoluta. La Subsecretaría, que depende de Joaquín Ignacio Mogaburu, sostiene que la prisión domiciliaria representa un beneficio que “no corresponde dada la gravedad de los delitos”.

En la presentación ante la CIDH, el Estado argentino rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” presentadas por la defensa de Sala. La documentación oficial incluyó registros que, según el Ministerio, muestran que la dirigente habría violado las condiciones de su arresto domiciliario tras cambiar de domicilio sin la autorización judicial correspondiente. Ese movimiento activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico, lo que motivó acciones de control adicionales por parte de las autoridades penitenciarias.

El Ministerio indicó que “presentar esas medidas de supervisión como hostigamiento busca instalar un relato para mantener un privilegio que no corresponde”. Según el organismo, la República Argentina cumple con las obligaciones internacionales asumidas, aunque advierte que la medida de la CIDH terminó convertida en un beneficio que mantiene a Milagro Sala en su hogar, pese a tener sentencia firme.

En su comunicado, el Ministerio de Justicia de la Nación, presidido por Mariano Cúneo Libarona, afirmó que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales”, pero remarcó que “esta medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”.

Sala cumplió dos tercios de su condena el mes pasado, ya que completó 10 de los 15 años que le dictó la Justicia en Jujuy y que luego fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto implica que la dirigente social está habilitada por el Código Penal a poder tramitar la libertad condicional.

La líder de la Tupac Amaru actualmente se encuentra internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata. En ese contexto, la defensa de Sala denunció nuevas irregularidades en su contra, resaltando la persistencia de lo que consideran un trato excepcionalmente riguroso.

Según detalló la abogada Alejandra Cejas a Perfil, durante su actual internación, funcionarios judiciales y médicos viajaron desde Jujuy al hospital para tomar declaración a Sala, e incluso un fiscal intentó someterla a una audiencia virtual a través de un teléfono móvil, pidiendo que la trasladaran por la fuerza en condiciones que Cejas definió como “una aberración pocas veces vista”. De acuerdo con la resolución judicial más reciente, la libertad condicional podía solicitarse desde el 16 de enero de 2026, mientras que la libertad asistida sólo será evaluada en 2030 y la condena vencerá el 16 de enero de 2031.

Una de las causas que tuvo trámite en la justicia provincial la consideró culpable del delito de amenazas por dos llamados que realizó en 2014 a la comisaría del Barrio Alto Comedero, donde amenazó con poner bombas en esas instalaciones en caso de no devolver pertenencias secuestradas a una allegada suya. La pena final por aquella causa terminó siendo de dos años.

En la otra causa, denominada coloquialmente como “Pibes Villeros”, a Sala se la encontró culpable por ser jefa de una asociación ilíticita que desviaba fondos públicos del Estado Nacional para la construcción de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Jujuy. El Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy la condenó a 13 años de prisión bajo los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión.

Según consta en el expediente, la defraudación al Estado fue por $60 millones, que fueron cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, las cuales no se realizaron. El juicio de esa causa inició en julio del 2018 y declararon más de 100 testigos.