El Gobierno dispuso la cesantía de once trabajadores del Hospital Garrahan -10 de ellos dirigentes sindicales- que participaron en la toma de oficinas de la Dirección Médica, ocurrida el 31 de octubre de 2025, durante un conflicto gremial vinculado a descuentos salariales por medidas de fuerza. La decisión se adoptó tras la finalización de los sumarios administrativos iniciados por el episodio y fue comunicada oficialmente por la institución.
Fuentes oficiales informaron que el conflicto se inició cuando las autoridades notificaron que no se abonarían los días no trabajados por paros. Ese mismo día, delegados sindicales de organizaciones gremiales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica e interrumpieron el funcionamiento institucional de esa área.
Según la reconstrucción administrativa del hospital, la toma implicó la ocupación de un sector clave de la conducción médica, la interrupción de tareas administrativas, la permanencia forzada del personal presente y episodios de agresiones verbales, además de la negativa a acatar las órdenes del personal de seguridad para abandonar las oficinas.
Las autoridades del Garrahan abrieron 44 sumarios administrativos para determinar responsabilidades individuales. La investigación, que se extendió durante varios meses, incluyó la recopilación de testimonios, registros internos y material audiovisual.
El Consejo de Administración resolvió aplicar sanciones diferenciadas. En la mayoría de los casos se impusieron sanciones menores, acordes a la gravedad de las conductas evaluadas. Sin embargo, en once situaciones se decidió la cesantía por considerar acreditado que esas personas no solo participaron, sino que tuvieron un rol activo en la organización y conducción de la toma.
La lista de trabajadores afectados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin representación sindical. Entre los delegados figuran dirigentes de ATE y APyT, dos organizaciones con presencia en el hospital.
Las personas alcanzadas por la medida son Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.
Según la información oficial, diez de los once cesanteados cuentan con tutela gremial, una protección prevista por la legislación laboral que impide la ejecución inmediata de sanciones de este tipo sin autorización judicial. La desvinculación en estos casos quedará supeditada a una resolución de la Justicia sobre el levantamiento de la tutela.
La única trabajadora sin tutela sindical podrá ser desvinculada en forma inmediata una vez concluido el proceso administrativo, indicaron fuentes del hospital.
El Hospital Garrahan difundió un comunicado en el que detalló los fundamentos de la decisión. Allí se indicó que la toma de las oficinas de la Dirección Médica “no fue simplemente un ingreso a la fuerza en una oficina”, sino que afectó el funcionamiento institucional y se desarrolló en un contexto que, según la evaluación administrativa, puso en riesgo la atención de los pacientes.
“Tras la irresponsable y desmedida toma de las oficinas de la Dirección Médica protagonizada por militantes el 31 de octubre de 2025, iniciamos 40 sumarios. Luego de meses de investigación se concluyó que 11 personas serán expulsadas no solo por haber sido parte, sino por haber diseñado, dirigido y efectuada la toma, en lugar de recurrir a la justicia en caso de tener plena convicción de lo que reclamaban mediante ese acto”, indicaron.
Y completaron: “Desafortunadamente 10 de estas personas tienen tutela gremial, lo que significa que están protegidos salvo que la justicia decida lo contrario. No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes. Vamos a ponerle fin al uso del Garrahan como teatro de operaciones electorales”.
Respecto de los delegados gremiales, el texto oficial indicó que la institución aguardará la intervención judicial para ejecutar las cesantías en los casos con tutela sindical.
El episodio del 31 de octubre se produjo en el marco de un conflicto gremial más amplio, vinculado a reclamos salariales y laborales. Fuentes sindicales señalaron que la toma de la Dirección Médica fue una respuesta a los descuentos aplicados por los días de paro y a la falta de respuestas a los reclamos presentados por los trabajadores.
La ocupación fue difundida por organizaciones gremiales y medios especializados en información sindical, que informaron que la medida buscaba exigir la restitución de los salarios descontados. Desde el hospital y el Gobierno, en cambio, se destacó el impacto de la acción sobre el funcionamiento de una institución sanitaria de alta complejidad.
El Hospital Garrahan es el principal centro pediátrico del país y recibe pacientes derivados de todas las provincias. Por ese motivo, el conflicto adquirió relevancia política y mediática, y fue seguido de cerca por las autoridades nacionales.
Fuentes oficiales indicaron que la decisión de avanzar con las cesantías se tomó al finalizar los procedimientos administrativos y tras evaluar las pruebas reunidas durante la investigación interna. La aplicación de sanciones diferenciadas respondía a la necesidad de individualizar responsabilidades y graduar las medidas según la participación de cada trabajador.
En el ámbito gremial, las organizaciones involucradas anticiparon que recurrirán a la vía judicial para impugnar las cesantías, especialmente en los casos de delegados con tutela sindical. También anunciaron que continuarán con acciones gremiales en defensa de los trabajadores sancionados.
Por ahora, el conflicto sigue abierto a la espera de la intervención de la Justicia laboral, que deberá decidir sobre el levantamiento de la tutela gremial para que las cesantías puedan concretarse en los diez casos restantes. Mientras tanto, el hospital mantiene su funcionamiento habitual y las autoridades aseguraron que la atención a los pacientes no se vio afectada tras la finalización del episodio.
La resolución del Consejo de Administración del Garrahan se inscribe en un contexto de tensión entre el Gobierno y sectores gremiales del sector público, donde la ocupación de dependencias estatales y las medidas de fuerza en servicios esenciales constituyen un eje de debate. El desenlace judicial del caso resultará determinante para definir el alcance de las sanciones y el impacto del conflicto en el hospital.
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