Ofrecía dinero para filmar videos sexuales y monetizarlos en el exterior, pero los viralizaba en todos lados

Un joven rosarino de 30 años, que había sido imputado en libertad en julio del año pasado por explotación sexual de mujeres en entornos digitales, ahora fue llevado nuevamente a audiencia en los tribunales federales, donde se le amplió la acusación y quedó detenido por 90 días. Se trata de Gianfranco Gaspar Núñez, quien ofrecía dinero a distintas usuarias de Instagram para filmar videos sexuales bajo la promesa de que iban a ser monetizados en el exterior, aunque luego los viralizaba en plataformas abiertas.

Por los indicios obtenidos por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal general Javier Arzubi Calvo, con la intervención de la fiscal general interina Soledad García y los fiscales coadyuvantes interinos María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, el sospechoso se dedicó a captar mujeres jóvenes, especialmente vulnerables, de entre 18 y 22 años, de distintas localidades del país a través de sus redes sociales.

Puntualmente, mediante dos cuentas de Instagram –ArgentinaCasting y GianCasting–, desde donde ofrecía filmar videos sexuales explícitos a cambio de una única suma de dinero en efectivo por transferencia y la promesa de que no se podrían ver en Argentina.

Núñez recibió a las mujeres en departamentos de alquiler temporario o en hoteles ubicados en distintos puntos del país, donde realizaba el acto sexual sin protección y hacía firmar un contrato de adhesión a las víctimas en virtud de que ellas entregaban en forma irrevocable el derecho a editar, a vender esas imágenes y a producir un video pornográfico donde él era también protagonista.

Sin embargo, el acusado luego publicó los materiales en una plataforma abierta, sin ninguna restricción territorial para su adquisición.

La causa

La primera audiencia del caso tuvo lugar el 29 de julio de 2025, cuando los fiscales le atribuyeron tres casos. Ante la recolección de evidencia de otros cinco hechos más –con víctimas de entre 18 y 22 años de Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero–, el sospechoso fue detenido y acusado el 27 de marzo pasado ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros, quien resolvió que quede preso.

La investigación se inició el 12 de septiembre de 2024 tras una denuncia elevada por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Colombo, quien dio cuenta de que a través de la Línea 145 del Ministerio de Justicia de la Nación se sindicó a “Gian Núñez” por haberle dado medio millón de pesos a una joven por filmar un video.

La chica, mayor de edad, aceptó porque el material no se iba a poder ver en el país, de acuerdo al papel que el rosarino le hizo firmar, aunque no le dio copia. No obstante, el video fue visto en la localidad de la víctima, en Posadas, lo que generó un perjuicio para ella.

Gianfranco pagaba a veces por transferencia, aunque de vez en cuando también abonaba parte del monto en efectivo. Según el legajo, entre el 1° de enero de 2023 y el 18 de mayo de 2024, Núñez hizo transferencias por 119 millones de pesos, mediante diez billeteras virtuales que figuran a su nombre.

En algunas ocasiones, el sospechoso se hacía pasar por mujer, quien supuestamente era quien coordinaba los encuentros a concretarse en sus localidades, bajo la mecánica mencionada. Siempre fue el mismo joven, para los investigadores judiciales.

Ahora, quedó formalmente acusado por ocho hechos de trata de personas con fines de explotación, en la modalidad de captación y acogimiento, agravado por la cantidad de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación. El delito conlleva una pena de entre 8 y 12 años de prisión.

Núñez también usó un grupo público de la aplicación Telegram para promover la venta de los videos que había filmado, según describieron los fiscales.

Las últimas cinco víctimas, cuyos hechos permitieron la ampliación de la imputación del sospechoso, contaron en Cámara Gesell que habían sido engañadas para acceder a grabar las imágenes que no solo se veían en el extranjero, sino que también se viralizaron en diversas plataformas y aplicaciones, con alcance incluso en sus entornos familiares y afectivos, lo que les generó situaciones de angustia y afectaciones en su salud psicológica.

Al momento de formalizar la investigación, la fiscalía sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de un dispositivo organizado, sostenido en el tiempo y con alcance geográfico extendido, en el que el imputado captaba a las víctimas, producía el contenido y lo monetizaba de manera continua.

Según se destacó, el modelo implicaba un pago único a las jóvenes, frente a una explotación económica prolongada mediante la difusión indefinida de los videos, lo que configura —de acuerdo con la acusación— una modalidad de trata de personas adaptada a entornos digitales.

Representantes del MPF explicaron que la explotación no se agota en el encuentro sexual filmado, sino que se proyecta en el tiempo de manera potencialmente ilimitada, afectando de forma continua la dignidad, la intimidad, la identidad digital y la integridad sexual de las víctimas.

A su vez, afirmaron que el acusado asumía personalmente todas las etapas del proceso: captaba a las jóvenes a través de redes sociales, coordinaba los encuentros en hoteles o departamentos temporarios, realizaba las filmaciones con equipamiento propio, editaba el material, lo subía a la plataforma de comercialización y lo promocionaba activamente para maximizar sus ventas.

La fiscalía también destacó que la promesa de una difusión limitada y la ocultación del alcance global y permanente del material constituían en este caso un elemento de engaño relevante que incidía directamente en la decisión de participar de las jóvenes.

Según la fiscalía, la situación de engaño perpetrada por el imputado también se vio reflejada en que en algunas ocasiones ocultaba su verdadera identidad —decía llamarse “Liam” o “Elion”— y en que, al menos a tres víctimas, les hizo firmar un contrato que no tuvieron posibilidad de leer con detenimiento, ni obtener una copia o sacarle una foto, para saber de qué se trataba lo que estaban firmando.