Qué dice el duro informe de la CGT sobre el efecto perjudicial de la reforma laboral en las obras sociales

La CGT equiparó la reforma laboral que impulsa el Gobierno con un “ataque” contra las obras sociales sindicales porque busca su “desfinanciamiento no como un efecto colateral sino como un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes materiales de la organización sindical y del derecho a la salud".

Según un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el proyecto oficial “no constituye una simple actualización normativa ni una modernización del mundo del trabajo sino que se trata, por el contrario, de una transformación estructural regresiva que impacta de manera directa y profunda sobre uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino: el sistema de obras sociales sindicales”.

“Las obras sociales sindicales no son un privilegio corporativo ni un beneficio accesorio sino que son parte integrante del sistema de seguridad social y cumplen una función esencial de redistribución del ingreso y de garantía del derecho a la salud de millones de trabajadores y sus familias”. Y agrega que “su lógica es solidaria: quienes más aportan sostienen a quienes más necesitan, y su financiamiento está indisolublemente ligado al empleo formal, a la negociación colectiva y a la obligatoriedad de los aportes y contribuciones”.

“La reforma laboral avanza de manera explícita contra este sistema”, advierte el informe de la CGT, tras lo cual detalla: “El artículo 161 reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”.

Para la CGT, “no se trata de un dato menor ni de un ajuste técnico: es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para las personas trabajadoras; mientras se reducen los costos empresariales, se pone en riesgo un derecho humano fundamental".

“Este ataque directo se complementa con mecanismos indirectos, pero no menos graves -asegura el informe cegetista-. La reforma elimina la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos de trabajo. Entre ellas se encuentran los aportes y contribuciones con destino sindical y a las obras sociales. Al disponer que estas cláusulas cesan automáticamente al vencimiento del convenio, salvo acuerdo expreso, se introduce una inestabilidad estructural en el financiamiento del sistema, fortaleciendo la posición de los empleadores y debilitando la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales”.

Asimismo, añade la central obrera, “la voluntarización de aportes y la eliminación de los mecanismos de retención automática fragmentan la recaudación y erosionan el carácter solidario del sistema. Las obras sociales sindicales dejan de contar con flujos previsibles y estables de recursos, quedando expuestas a un desfinanciamiento progresivo que afecta especialmente a aquellas que cubren a los sectores más vulnerables del mundo del trabajo”.

Según la CGT, “el impacto de la reforma se agrava si se lo analiza en conjunto con el resto de las medidas impulsadas: la expansión del monotributo; la exclusión de los trabajadores de plataformas del régimen laboral; la tercerización y la caída sostenida del empleo registrado reducen la base de aportantes al sistema”. Y enfatiza que “menos trabajadores formales implica menos recursos, pero también mayor presión sobre un sistema de salud que debe atender a una población cada vez más precarizada”.

“Nada de esto es casual -prosigue el informe-. La reforma laboral forma parte de una estrategia integral de debilitamiento del sindicalismo, de la negociación colectiva y de los mecanismos de protección social construidos a lo largo de décadas de lucha. El desfinanciamiento de las obras sociales sindicales no es un efecto colateral: es un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes materiales de la organización sindical y del derecho a la salud”.

En el documento de la CGT se precisa cómo funciona en nuestro país el sistema de salud en general y las obras sociales sindicales en particular. “Mucho se ha dicho sobre las obras sociales sindicales, que se constituyen en columna vertebral de un sistema de salud colapsado”, asegura, luego de lo cual detalla que “en nuestro país la salud se aborda de tres maneras: 1) A través de un sistema privado de empresas prepagas (donde las personas se introducen como clientes y abonan una cuota en función de la cantidad de carga de familia que tienen); 2) Un sistema de salud pública constituido por los Hospitales públicos, nacionales, provinciales, municipales completamente desfinanciados; y 3) El sistema de las obras sociales sindicales que se sostiene con un aporte establecido y fijado en función del salario de la persona trabajadora (más allá de cuántas personas comprendan su grupo familiar; o sea, el porcentaje es el mismo ya sea una sola persona o una familia numerosa). Ese porcentaje es de un 3 por ciento a cargo del trabajador y un 6 por ciento a cargo del empleador. El 3 por ciento se deriva a las obras sociales sindicales (quienes tienen auditorías periódicas; controles y no pueden gastar más de un mínimo porcentaje en gastos administrativos; el aporte deben utilizarlo para brindar servicios a sus asociados) y un 6 por ciento que se deriva a un Fondo Solidario de Redistribución que se encarga de cubrir los gastos derivados de las enfermedades más graves y costosas y de la discapacidad (donde, de los 55 millones del Fondo, 50 se los lleva solamente la discapacidad)”.

En el informe se puntualiza que “las obras sociales sindicales además deben integrar entre el 15 y el 20 por ciento (según su naturaleza) a este fondo solidario; tienen a su cargo la obligatoriedad del PMO (Programa Médico Obligatorio) y están obligadas a recibir, a su cargo, monotributistas y personas jubiladas, cosa que las empresas prepagas no, por lo menos hasta el momento (con la desregulación que propuso el Gobierno pueden inscribirse para competir con las obras sociales); hoy, muchos sindicatos están derivando fondos propios a las obras sociales para poder mantener y preservar los servicios”.

“El sistema de salud en general está en crisis, sufre una situación crítica derivada de su desfinanciamiento -sostiene-. De no mediar cambios conducirán a la quiebra. Como bien lo difundieron los medios de comunicación, esta realidad se hizo evidente cuando las empresas de medicina prepaga intentaron duplicar sus tarifas. En ese momento, la sociedad en su conjunto, se preguntó por la gravedad de la situación. Si las prepagas manifiestan que entrarán en quiebra, ¿qué queda para las obras sociales que tienen ingresos que dependen directamente de un porcentaje del salario?”.

“Porque además sumémosle los despidos, la licuación de los salarios, tanto por la pérdida de su poder adquisitivo como por el aumento de los pagos no remunerativos, sin aportes, que golpeó duramente a las obras sociales sindicales. Estas últimas perciben un porcentaje sobre los sueldos devaluados y deben enfrentar gastos bajo la lógica del mercado, donde los medicamentos han triplicado su valor. Los salarios se han convertido en la nueva variable de ajuste, afectando no sólo a las obras sociales, sino también a la capacidad financiera de los sindicatos, la principal ayuda económica”.

Para finalizar, el informe destaca: “Desde el movimiento sindical sostenemos con claridad que no hay modernización posible si se construye sobre la pérdida de derechos. Defender las obras sociales sindicales es defender el derecho a la salud, la solidaridad y la dignidad de quienes viven de su trabajo. La reforma laboral, tal como está planteada, avanza en sentido contrario y profundiza las desigualdades sociales, transfiriendo recursos desde quienes trabajan hacia quienes concentran el poder económico”.