Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria se reunieron con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, titular del SERPAJ, para analizar la modificación a la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno nacional, la posible privatización de Aysa y su incidencia en barrios populares, y la “defensa de la paz en la región”, ante la posible intervención de Estados Unidos a Venezuela.
Durante el encuentro, los diputados y los dirigentes sociales también debatieron sobre la nueva conformación parlamentaria y las posibilidades de articular acciones con otros espacios de la oposición. En ese sentido, Germán Martínez, titular del bloque UxP aseguró: “Existe hoy una clara la perspectiva para construir mayorías para defender a nuestro pueblo de los ataques de este gobierno, tal como hicimos al rechazar el capítulo IX del Presupuesto”.
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Estuvieron presentes, además de Martínez, los diputados Eduardo Valdés, Kelly Olmos, Adriana Serquis y Horacio Pietragalla. De parte de los organismos y movimientos en defensa del agua, integraron la comitiva Pérez Esquivel y Mariana Katz, por SERPAJ, Leonardo Pérez Esquivel de Espacio Intercuencas, Sergio González del Foro Hídrico de Lanús y Jorge Gómez, del Foro Hídrico de Lomas de Zamora.
“Los barrios populares necesitan el agua como la vida”, señaló Jorge Gómez, al abordar la problemática del acceso al agua potable y los retrocesos que generaría la privatización de Aysa y el cierre de ACCUMAR.
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El premio nobel de la paz Pérez Esquivel se encuentra realizando gestiones por la paz en Venezuela: “Tenemos que evitar una nueva guerra en América Latina”, indicó.
El proyecto para reformar la Ley de Glaciares obtuvo dictamen la semana pasada en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado y quedó listo para ser tratado en el recinto. Al igual que la reforma laboral, se confirmó que será tratado en el recinto el próximo 10 de febrero.
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Desde el Gobierno remarcan la necesidad de cambiar la legislación para eliminar la paralización del “legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
En este sentido, la reforma facultaría a cada jurisdicción para poder decidir sobre la protección de los glaciares ubicados en sus territorios. Así, podrían resguardar a algunos por encima de otros y permitir la explotación económica de ciertas zonas periglaciales.
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Actualmente, la norma en vigencia obliga tanto al Estado nacional como a los provinciales a proteger a todos los tipos de glaciares. Sin embargo, la modificación habilitaría el uso de estos, si es que no se pone en riesgo una reserva estratégica de agua.
El proyecto tiene el aval directo de las provincias que podrían avanzar con proyectos productivos, como San Juan, Neuquén, Mendoza y Río Negro. De hecho, el gobierno nacional decidió incluir el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias como un gesto hacia los gobernadores para asegurarse el apoyo al Presupuesto 2026.
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